La madrugada del domingo fue escenario de un violento enfrentamiento entre grupos dedicados al microtráfico en el barrio Villa Industrial de San Lorenzo. La balacera dejó al menos un herido y sembró pánico entre los vecinos, puso en evidencia la creciente inseguridad y la aparente inacción de las autoridades policiales en la zona.

Según la denuncia policial, el incidente ocurrió cerca de las 2:30, cuando unos 15 a 20 individuos, presuntamente vinculados al tráfico de drogas, intercambiaron disparos en plena vía pública.

Como consencuencia, un vecino resultó herido y fue trasladado al Hospital de Calle’i para recibir atención médica. En medio del caos, los atacantes dispararon contra viviendas cuyos ocupantes intentaban grabar los hechos.

“Nos van a matar a todos”, denunció una residente indignada, quien aseguró que, pese a los llamados de auxilio, la respuesta de los agentes policiales fue insuficiente. Según los testimonios, la Policía habría alegado que no podían intervenir debido a que no hubo fallecidos.

Los pobladores señalaron como responsables de la violencia a una pareja conocida como Natalia González y alias “Chili”, quienes serían los principales distribuidores de drogas en la zona. Su vivienda es frecuentada diariamente por personas adictas, y cualquier reclamo de los residentes es respondido con amenazas armadas.

Por su pare, Carminia Fernández, oficial de la Comisaría 54.ª de Lote Guazú, afirmó que este tipo de hechos no había sido reportado anteriormente en la zona. Sin embargo, tras las denuncias, aseguró que se dio participación al Departamento de Investigación y Criminalística para recopilar evidencias.

La oficial defendió la actuación policial, argumentando que los patrulleros llegaron al lugar cuando el enfrentamiento ya había concluido.

La recusación fue planteada en contra del agente fiscal Fermín Segovia Villasanti, titular de las Unidades Especializadas de Delitos Ambientales, Lucha contra el Narcotráfico y Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas del Departamento de Caaguazú.

La solicitud de apartamiento alegaba supuestos episodios de violencia durante diligencias autorizadas judicialmente. Sin embargo, tras un análisis detallado de los antecedentes del caso, la Fiscalía Adjunta concluyó que no se configuraba causal legal alguna que comprometa la objetividad del agente fiscal interviniente.

En consecuencia, se resolvió confirmar la continuidad del agente fiscal Fermín Segovia en la conducción de la causa, que se encuentra en etapa investigativa.

La decisión fue comunicada a las partes procesales y a las oficinas pertinentes para su debida anotación.

El interventor de la comuna capitalina, Carlos Pereira, esta mañana brindó una nueva conferencia de prensa en la que brindó una actualización sobre el proceso de intervención en curso.

Al respecto, confirmó que continúan realizando un análisis documental relacionado a los bonos G8 y G9, lo cual abarca la verificación de las obras de desagüe pluvial impulsadas en varios frentes.

Asimismo, indicó que lograron descubrir algunas inconsistencias en el Mercado 4, puntualmente en lo relacionado con el canon cobrado a los permisionarios y la dimensión real de las superficies declaradas.

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A fin de dilucidar esta cuestión, ordenó el inicio de una investigación a partir de este lunes, cuyos resultados finales serán dados a conocer ya la próxima semana.

Otro hallazgo durante este proceso de intervención es el avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) debido al retraso en los pagos al consorcio adjudicado para las obras de desagüe pluvial.

Igualmente, Pereira precisó que han iniciado una revisión exhaustiva de la planilla de funcionarios municipales, descubriendo que hay 9.119 personas distribuidas de manera desigual. A su vez, detectaron múltiples modalidades de control (incluyendo planillas manuales), lo que dificulta un seguimiento laboral riguroso.

En cuanto a la situación financiera del municipio, precisó que han podido saldar un 33% de la deuda total que asciende a G. 18.000 millones, luego de abonar a proveedoras de alimentos y combustibles y a la Caja de Jubilaciones Municipales.

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En paralelo, se mantienen vencimientos de cupones de intereses por más de G. 15.000 millones y una demanda de USD 15 millones promovida por el Consorcio TX, tras la rescisión de un contrato para desarrollar el sistema de gestión tributaria.

En cuanto a la deuda acumulada de los contribuyentes, reveló que existen más de 11 billones 999 mil millones de guaraníes (equivalentes a USD 1.519 millones) en tributos no cobrados, dinero que intentarán recuperar por vías judiciales.

El Decreto Nº 4145/25, que reglamenta el Capítulo IV de la Ley Nº 1328/1998 y deroga el Decreto Nº 4212/2015, fue promulgado este viernes por el Poder Ejecutivo.

Se trata de una medida significativa que busca fortalecer la protección de los derechos de autor y derechos conexos en Paraguay, fijando un marco legal para salvaguardar el trabajo de autores, artistas e intérpretes, especialmente ante las reproducciones para uso privado.

La normativa firmada por el presidente Santiago Peña establece un sistema de remuneración compensatoria por las reproducciones privadas de obras, realizadas a través de dispositivos de almacenamiento o reproducción digital.

En tal sentido, se aplicará una tasa del 0,5% sobre el valor de ingreso al país para productos importados, o sobre el valor de primera comercialización nacional para aquellos fabricados en nuestro país. Esto afectará a una amplia gama de dispositivos, incluyendo teléfonos móviles, computadoras, televisores y tarjetas de memoria.

El decreto también pone un énfasis particular en la protección de obras audiovisuales, reconociendo el derecho de los titulares de videogramas, fonogramas y grabaciones sonoras a participar en las compensaciones generadas por su uso personal.

Los fondos recaudados a través de esta medida serán distribuidos como regalías para los socios y herederos de los derechos, pagos a artistas extranjeros, y también se destinarán a fondos de ayuda cultural y programas de asistencia social.

Con esta acción, el Gobierno Nacional busca avanzar en el reconocimiento y resguardo de los derechos intelectuales, promoviendo un sistema de compensación equitativo para creadores y artistas en la era digital.