La madrugada del domingo fue escenario de un violento enfrentamiento entre grupos dedicados al microtráfico en el barrio Villa Industrial de San Lorenzo. La balacera dejó al menos un herido y sembró pánico entre los vecinos, puso en evidencia la creciente inseguridad y la aparente inacción de las autoridades policiales en la zona.

Según la denuncia policial, el incidente ocurrió cerca de las 2:30, cuando unos 15 a 20 individuos, presuntamente vinculados al tráfico de drogas, intercambiaron disparos en plena vía pública.

Como consencuencia, un vecino resultó herido y fue trasladado al Hospital de Calle’i para recibir atención médica. En medio del caos, los atacantes dispararon contra viviendas cuyos ocupantes intentaban grabar los hechos.

“Nos van a matar a todos”, denunció una residente indignada, quien aseguró que, pese a los llamados de auxilio, la respuesta de los agentes policiales fue insuficiente. Según los testimonios, la Policía habría alegado que no podían intervenir debido a que no hubo fallecidos.

Los pobladores señalaron como responsables de la violencia a una pareja conocida como Natalia González y alias “Chili”, quienes serían los principales distribuidores de drogas en la zona. Su vivienda es frecuentada diariamente por personas adictas, y cualquier reclamo de los residentes es respondido con amenazas armadas.

Por su pare, Carminia Fernández, oficial de la Comisaría 54.ª de Lote Guazú, afirmó que este tipo de hechos no había sido reportado anteriormente en la zona. Sin embargo, tras las denuncias, aseguró que se dio participación al Departamento de Investigación y Criminalística para recopilar evidencias.

La oficial defendió la actuación policial, argumentando que los patrulleros llegaron al lugar cuando el enfrentamiento ya había concluido.

Según una investigación de Nación Media, estos recursos habrían sido utilizados para campañas de persecución selectiva contra sectores políticos específicos.

El convenio en cuestión fue firmado el 10 de septiembre de 2020, en plena pandemia, entre el gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez y USAID. Con un presupuesto total de 50 millones de dólares, incluyendo una contrapartida local de 5 millones, el acuerdo tenía como objetivos el fortalecimiento del Estado de derecho, el avance de oportunidades económicas formales, la mejora del control ciudadano y la continuidad de actividades previas de la agencia en el país.

Sin embargo, la periodista Rossana Escobar, jefa de Investigación de Nación Media, sostiene que este programa habría sido instrumentalizado con fines políticos. “Este convenio legalizó la corrupción en el sentido de que, desde el inicio, no tenía un interés real en combatir la impunidad o fortalecer la transparencia. En cambio, los fondos fueron canalizados a organizaciones no gubernamentales que se aliaron con sectores de la oposición para generar campañas de presión mediática y escraches selectivos”, afirmó en entrevista con la radio Universo 970 AM.

Fondos millonarios y agenda política

Uno de los ejes más cuestionados es el de “Control Ciudadano”, ejecutado a través de una red de ONGs y periodistas que, según Escobar, tenían una agenda claramente definida. “Pensábamos que estas organizaciones civiles eran movimientos genuinos contra la corrupción, pero en realidad formaban parte de una estrategia financiada para desestabilizar a un sector político en particular”, denunció.

Asimismo, según la investigación de Nación Media, el programa “Más Ciudadanía, Menos Corrupción” habría sido clave en esta estructura. Coordinado por Camilo Alcaraz, este espacio articuló la denominada “Coalición por la Legalidad”, que agrupaba a diversas organizaciones encabezadas por figuras vinculadas a la oposición. En ese sentido se reveló que Alcaraz tiene un contrato con el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) hasta 2025 por un total de G. 792 millones.

El convenio con USAID también es señalado como un escudo que blindó la administración de Abdo Benítez frente a denuncias de corrupción. “A Marito nunca lo escracharon. Mientras tanto, se atacaba únicamente a un sector específico, lo que demuestra un claro sesgo en la ejecución de estos fondos”, apuntó Escobar.

Mientras algunos sectores exigen una auditoría sobre el uso de estos recursos, otros defienden el papel de USAID en el fortalecimiento de la democracia y el control ciudadano.

El presidente Trump, desde el inicio de su segundo mandato el 20 de enero, arremetió contra Usaid, la principal agencia de distribución de ayuda humanitaria estadounidense en el mundo.

El mandatario republicano ordenó congelar la ayuda exterior estadounidense, salvo algunas excepciones, mientras se revisa durante 90 días si se ajusta a sus objetivos de política exterior.

Entre los fondos comprometidos están unos 58.000 millones de dólares en programas sanitarios y de emergencia a 120 países, siendo Colombia, Haití, Venezuela y Guatemala los que más aportes recibían en América.

El viernes, el mismo Trump volvió a pedir el cierre de la agencia, cuyos empleados pasarían en el próximo mes de 10.000 a menos de 300, según The New York Times.

Con información de La Nación y AFP.

La Fiscalía Especializada en la Lucha contra la Violencia Familiar imputó a Ariel Quiñónez Aquino por un caso de violencia familiar ocurrido en Minga Guazú. El hombre está acusado de atacar a su expareja con una herramienta metálica, provocándole una herida en la cabeza.

El hecho se registró el 24 de enero, alrededor de las 23:00, en una vivienda ubicada en el kilómetro 14 Monday. Según la denuncia, Quiñónez Aquino llegó al domicilio de Liliana González Bobadilla, presuntamente en estado de ebriedad, con la intención de retirar sus herramientas y pedirle que retomaran la relación.

Tras la negativa de la mujer, quien además le exigió que no regresara a esas horas, el hombre reaccionó con violencia. Forzó la entrada de la casa y, en medio de la discusión, le arrojó una llave tipo L a la cabeza, ocasionándole una herida de consideración.

Asustada, la víctima se dirigió al Hospital Distrital del kilómetro 16, donde recibió atención médica. Posteriormente, presentó la denuncia ante las autoridades, lo que llevó a la detención del presunto agresor.

El caso quedó a cargo de la fiscal Liliana Denice Duarte, quien formuló la imputación contra Quiñónez Aquino. La Fiscalía solicitó medidas de protección para la víctima y se prevé que el procesado enfrente una audiencia de imposición de medidas en los próximos días.

El pronóstico de la meteoróloga Celia Sanguinetti indica que hoy y en los próximos días persistirían las altas temperaturas, favoreciendo un ambiente muy caluroso y húmedo. Se esperan máximas de entre 37 y 40°C en gran parte del país, con sensaciones térmicas que podrían superar estos valores. Estas condiciones se mantendrían al menos hasta el miércoles 12.

En cuanto a las lluvias, se prevé que se concentren principalmente en el este, sureste y norte de ambas regiones, presentándose en forma de chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas. Para el resto del país, la probabilidad de precipitaciones es baja hoy y mañana.

Sin embargo, el miércoles aumentaría nuevamente la posibilidad de lluvias en gran parte del territorio.