La jueza María Cecilia Ocampos este miércoles resolvió revocar la medida de arresto domiciliario que pesaba sobre Alberto Segovia Martínez.

Este sujeto se encontraba procesado por violencia familiar y días atrás fue beneficiado con el uso de una tobillera electrónica, a fin de ser monitoreado desde su residencia particular.

Antecedentes: Colocan la primera tobillera electrónica en Paraguay

Según la última denuncia realizada el pasado 11 de enero por su expareja, una tercera persona de nombre Ronaldo Agüero (quien sería empleado de Segovia) fue a amenazarla, razón por la que acudió una vez más a la comisaría.

Esta situación fue puesta a conocimiento del Juzgado, que resolvió revocar la medida alternativa a la prisión del acusado y remitirlo a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

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En una conferencia de prensa desarrollada esta mañana, autoridades del Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional brindaron detalles sobre este caso puntual.

El director del Sistema 911, Carlos Escobar, confirmó que en ningún momento se activó la alarma de la tobillera electrónica, por lo que no se dio ninguna violación del perímetro de seguridad por parte del procesado.

Al término del encuentro tripartito entre el Gobierno y los sectores empresarial y obrero, los representantes de cada uno hablaron sobre lo que dejó la reunión.

El viceministro del Trabajo, César Segovia, informó que se acordó seguir dialogando y que la próxima vez, el sector empresarial presentará una respuesta oficial a la propuesta sindical de hacer un reajuste del 22 %, aunque ya se sabe que están en contra.

También se conversó sobre la legalidad de hacer un incremento sin tomar como referencia única el Índice de Precios del Consumidor. Los trabajadores dicen que sí y los empresarios rechazan esta posibilidad

“La intención nuestra es que antes del 15 de junio podamos tener una posición definitiva en cuanto a la recomendación que se dará al Ejecutivo sobre el reajuste”, afirmó el ministro.

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Por su parte, Bernardo Rojas, representante de los trabajadores, planteó que en el próximo encuentro “se defina el partido” en lugar de seguir escuchando planteamientos.

El incremento del 22 % pretendido por las centrales obreras equivale a 647.000 guaraníes. “Eso no les hace nada a los empresarios, no es mucho”, opinó. También recordó que proponen desindexar el salario mínimo de todos los impuestos, un proyecto que el Ejecutivo ya tiene en carpeta.

Por último, Enrique Vidal Lovera, vocero del empresariado, manifestó que la posición es regirse por la que indica la ley, respecto al reajuste en base a la inflación interanual acumulada.

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Tras el acto realizado en el Panteón de los Héroes, Riera conversó con la prensa el sobre le caso Dalia López, a quien colocaron la tobillera electrónica luego de ser beneficiada con el arresto domiciliario.

Destacó que, para la Policía Nacional, el monitoreo electrónico resulta más eficiente que el sistema tradicional, ya que permite un control en tiempo real y más riguroso de los procesados.

Actualmente, Paraguay registra unas 7.900 prisiones domiciliarias, las cuales requieren la presencia física de efectivos policiales para custodiar su cumplimiento. Según el ministro, esta situación “inmoviliza” a miles de agentes que deberían estar patrullando las calles en lugar de vigilar domicilios particulares.

“Estamos trabajando con la Corte para implementar las tobilleras en todos los casos de prisión domiciliaria o medidas alternativas, especialmente en hechos menores como accidentes de tránsito. Así logramos descongestionar las cárceles y devolver los policías a las calles”, expresó el secretario de Estado.

El panorama actual revela una subutilización de la tecnología: de los 1.000 dispositivos disponibles, solo 200 están siendo utilizados hasta la fecha.

La realidad del cobro de prestaciones alimentarias en Paraguay tiene dos caras. Por un lado, herramientas como el registro SARA (Sistema de Administración de Recursos de Alimentos) no están diseñadas para el cobro directo de dinero. Su función es que el deudor figure como “moroso”, lo que le impide transferir bienes o actualizar registros oficiales; si el deudor desea realizar estos trámites, la ley lo obliga a pagar primero.

Sin embargo, para una madre que enfrenta el día a día, la “muerte civil” del progenitor no siempre se traduce en leche o pañales de forma inmediata.

La justicia paraguaya abrió una puerta para garantizar el alimento de los niños. El Tribunal de Apelación de la Capital estudió un caso donde el padre soporta una deuda grande y enfrenta un proceso penal. Ante la falta de pago, la madre demandó a la abuela paterna por la prestación alimentaria.

CUANDO EL PADRE NO PAGA, LOS ABUELOS RESPONDEN

La primera instancia rechazó el reclamo, pero el Tribunal revocó esa decisión. Guillermo Trovato, presidente del tribunal, actuó como preopinante y votó a favor de la demanda. El juez señaló: “Abrimos una nueva vía de reclamo... muchas madres necesitan el mes a mes porque el niño come todos los días”.

Trovato explicó que registros como el SARA o el REDAM no buscan el cobro directo de dinero. Estos sistemas funcionan como medida de presión civil. El deudor moroso figura en una lista y pierde el derecho a transferir bienes o renovar su licencia de conducir hasta que pague su deuda.

El fallo tomó en cuenta que el padre cumple arresto domiciliario. Esta condición anula su operatividad comercial y su solvencia económica real para cumplir con sus hijos. El magistrado recordó que la obligación de los abuelos nace de la ley y de la solidaridad familiar. El Código de la Niñez establece que, si los padres faltan o incumplen, los parientes asumen la responsabilidad de forma subsidiaria.

Aunque este antecedente no obliga a todos los jueces, marca un camino importante. La resolución prioriza el interés superior del niño por encima de los ritos judiciales lentos. Según el abogado, este fallo significa una “vía de oxígeno” para las familias que no pueden esperar años para cubrir necesidades básicas de hoy.