El fiscal José Godoy formuló imputación contra el ciudadano Gustavo Vera Santander por coacción, privación ilegítima de libertad, violencia familiar, pero aclaró que la investigación está en su etapa inicial y que podría ampliarse, teniendo en cuenta la magnitud de la denuncia.

“Los elementos para los que hasta el momento tenemos de sustento son esos, el resto estamos todavía investigando”, explicó Godoy, en una entrevista con la emisora 730 AM.

Se solicitó al Juzgado la aplicación de prisión preventiva y se dispuso la incautación de la camioneta en la que iba a pareja al momento de la discusión.

La senadora Zenaida Delgado contó que Vera la amenazó con secuestrarla, además de intentar matarla el domingo en Tacuatí, dentro del domicilio de comparten.

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Por otro lado, cuando se produjo la discusión dentro de una camioneta en Santa Rosa del Aguaray, ambos estaban acompañados por un sobrino de 25 años y una niña de 9 años.

El fiscal incautó los teléfonos de la pareja para la revisión en busca de elementos que puedan sustentar los relatos de la víctima.

Según se supo, Gustavo Vera Santander es funcionario de Itaipú Binacional. Al respecto, el fiscal explicó que no tiene la obligación de comunicar nada a la entidad.

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El jefe del Departamento Contra el Cibercrimen de la Policía Nacional, Diosnel Alarcón, explicó en entrevista con canal GEN que los investigadores decidieron no revelar la modalidad exacta utilizada para vulnerar cuentas bancarias y billeteras electrónicas. “Esa es una información sensible. No podemos detallar cómo operaban para no comprometer el procedimiento”, señaló.

De acuerdo con los datos oficiales, el esquema tenía a un joven de 18 años identificado como Alex Junior Silva Báez como el cerebro de la operación.

Según el comisario, el mismo se encargaba de vulnerar cuentas, concentrar el dinero y coordinar las transferencias. Otros miembros cumplían funciones específicas, como la compra de criptomonedas y el movimiento de fondos a través de terceros.

El dinero sustraído fue canalizado inicialmente a ocho cuentas principales entre bancarias y billeteras digitales, desde donde se redistribuyó a unas 1.970 cuentas utilizadas para la compra de criptoactivos.

El mecanismo incluía la compra de criptomonedas incluso por encima del valor de mercado, una estrategia que permitía a la organización recuperar el dinero ya “limpio” en sus propias billeteras digitales.

“Pagaban el doble o el triple. No les importaba perder en la operación porque el dinero regresaba a ellos ya limpio”, explicó Alarcón.

Las transacciones se realizaban dentro de grupos de compra y venta en redes sociales, donde usuarios ofrecían sus cuentas bancarias para operaciones de trading, sin conocer que estaban siendo utilizadas dentro de un esquema ilícito.

Uno de los puntos clave del esquema fue la fragmentación de las transacciones. Los montos eran movidos en cifras cercanas a los G. 500.000, evitando así activar los mecanismos de alerta del sistema financiero. “Manejaban esa información. Sabían cómo operar para no levantar sospechas”, indicó el jefe policial.

La causa se inició a partir de una denuncia en Encarnación, donde una mujer alertó a la Policía Nacional sobre una propuesta sospechosa de inversión en criptomonedas. Le llamó poderosamente la atención justamente que estaban pagando mucho dinero por la compra de cripto, entonces decidió no incursionar y denunciar.

A partir de ese dato, los investigadores detectaron movimientos llamativos, incluyendo el rápido crecimiento patrimonial del presunto líder, quien ya contaba con bienes de alto valor. “Vimos que Alex Junior ya independiente vivía en un departamento, se compró una camioneta Toyota Hilux de USD 50.000. Entonces, ahí se enciende la alarma y nos dimos cuenta que ya había esa cantidad de transacciones", agregó.

En otro momento, el comisario confirmó que, hasta el momento, la estructura tendría base principalmente en el departamento de Itapúa, sin descartar nuevas conexiones.

A tempranas horas de este martes se registraron algunas dificultades en el túnel ubicado sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Madame Lynch de Asunción.

Un camión cisterna con matrícula boliviana quedó varado en medio del camino luego de sufrir fallas mecánicas que le impidieron continuar la marcha.

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Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital acudieron al sitio tras recibir el reporte, a fin de guiar a los conductores y realizar los desvíos pertinentes.

Este inconveniente generó atascos y lentitud en el tránsito en el sentido norte del Superviaducto durante varias horas, todo esto en plena hora pico.

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No es la primera vez que se registra un episodio similar en este u otros viaductos ubicados en Asunción, donde en más de una oportunidad han quedado varados camiones de gran porte.

La Dirección Nacional de Migraciones efectuó un total de 1.376 procedimientos de seguridad migratoria en los pasos fronterizos y aeroportuarios del país el primer trimestre del año 2026, en conformidad con lo establecido en la Ley N.° 6984/22. Este número representa el 51% del total de procedimientos efectuados en todo el periodo 2025.

De esa cifra, 843 fueron impedimentos de salida de nuestro país por diversos motivos, como no contar con la documentación de viaje requerida (647 casos), no tener el Permiso del Menor (120), poseer prohibición judicial de salida (69), por orden de captura (5), y por requerimiento de otro organismo de seguridad (2).

En cuanto a las inadmisiones de ingreso al país a extranjeros se registraron 431 casos, liderando Venezuela (180 casos), seguido por Argentina (93), Brasil (71), Popular China (21), Colombia (14) y Cuba (11). La lista sigue con Bolivia (4), Líbano (4), Perú (4), Bangladesh (3), Guatemala (3), y Laos (3). También fueron rechazados ciudadanos de Angola (2), Ecuador (2), Mozambique (2), Namibia (2), Panamá (2) y Túnez (2). Asimismo los oriundos de Chile (1), Dominicana (1), Guyana (1), Haití (1), Hong Kong (1), México (1), Serbia (1) y Sri Lanka (1).

La Dirección de Migraciones no detalló el motivo de estas inadmisiones.

Por otro lado, se dieron 61 expulsiones del territorio nacional se efectuaron en conformidad con la Ley N° 6984/22 de Migraciones. En ese sentido se registraron expulsiones administrativas (34) y expulsiones judiciales (27). Los ciudadanos expulsados son oriundos de Brasil (44), Argentina (6), Chile (3), Popular China (2), Venezuela (2), Bolivia (1), Ecuador (1), Líbano (1) y Portugal (1).

Además se efectuaron 35 procedimientos de entrega, que se desarrollaron en coordinación con los organismos de seguridad intervinientes, y corresponden a ciudadanos de los siguientes países: Paraguay (23), Argentina (6), Brasil (2), Corea (1), México (1), Perú (1) y Ucrania (1).