La promulgación de la legislación que modifica y amplía artículos de la ley de Mipymes establece la creación de una base de datos unificada de microempresas formalizadas, ya que la informalidad es lo que se pretende contrarrestar con la legislación, además de impulsar la simplificación de trámites, la reducción de los costos y el acceso automático a la cédula Mipymes.

Uno de los puntos cuestionados, al pensarse de que se trataba de algo nuevo, es el que figura en el Capítulo VII de la ley, artículo 45, cuyo tercer párrafo dice: “posterior a los treinta meses de plazo, la categoría Microempresas podrá abonar salarios sobre una base no inferior al 80 % del salario mínimo legal establecido para actividades diversas no especificadas”.

Al respecto, la ministra del Trabajo, Mónica Recalde, explicó que este artículo es un “copia y pega” de la ley que ya estaba vigente desde el año 2012 y que, tal vez por desconocimiento, muchos pensaron que se trataba de algo nuevo.

De hecho, existen otros modelos de salarios mínimos establecidos para diferentes sectores, por ejemplo: un 60 % del mínimo para los aprendices, 60 % al personal de establecimientos ganaderos y otros porcentajes para el trabajo de medio tiempo.

Entre las novedades y los beneficios de la nueva ley de Mipymes, el ministro de Industria y Comercio, Javir Giménez destacó: la exoneración de los gastos relacionados a trámites, pues, dentro de los 36 primeros meses no pagan ningún impuesto, tasa o gasto, es decir, obtienen todos los servicios de forma gratuita. Transcurrido ese plazo obtienen el 50 % de descuento.

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“Cuando le das menores costos, gratuitos prácticamente e interconectividad para que pueda trabajar en una plataforma digital y cuando le das cierta flexibilización en el salario mínimo, le das ciertas herramientas y pretextos para que puedan acercarse y decir, tal vez me convenga y pueda transitar el camino de la formalización”, explicó Jiménez al canal Gen.

Del total de las micro, pequeñas y medianas empresas, un 90 % es micro y la mayoría no evoluciona a pequeña ni mediana porque no son formales y no son formales porque no hay atractivos, detalló. Por esto, la intención es romper el círculo vicioso de la formalización.

Son consideradas microempresas las que tienen facturación anual desde cero hasta 646 millones de guaraníes. Pequeñas, las que lleguen a una facturación anual de hasta 3.230 millones y Medianas, las que logren una facturación de hasta 7.752 millones por año.

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La propuesta tiene como objetivo declarar en emergencia al departamento chaqueño debido a las graves consecuencias generadas por las intensas lluvias e inundaciones registradas recientemente en la zona.

Según la exposición de motivos, pobladores de comunidades como Toro Pampa, María Auxiliadora, Bahía Negra, Fuerte Olimpo, Puerto Casado y Carmelo Peralta manifestaron su preocupación ante la imposibilidad de transitar con normalidad por el severo deterioro de los caminos de tierra.

Los habitantes denuncian que numerosos tramos se encuentran prácticamente intransitables, provocando el aislamiento de comunidades enteras.

El diputado Miguel Del Puerto fundamentó su respaldo a la iniciativa y señaló que la situación compromete seriamente el acceso a servicios básicos esenciales como salud, educación, alimentación, combustibles e insumos.

“Esta problemática afecta directamente la calidad de vida de la población y limita el desarrollo económico y social de la región”, expresó el legislador.

Asimismo, indicó que el proyecto busca habilitar mecanismos administrativos y presupuestarios urgentes para asistir a las comunidades afectadas y poner en marcha obras viales estructurales que permitan terminar con el aislamiento crónico de la zona.

Debido a que el documento no contaba con dictamen de comisiones asesoras, el pleno de Diputados se constituyó en comisión y emitió dictamen favorable.

Tras recibir apoyo unánime, el proyecto fue aprobado y remitido a la Cámara de Senadores para su tratamiento correspondiente.

La iniciativa apunta principalmente a priorizar obras de infraestructura vial, especialmente la construcción de caminos de todo tiempo que permitan garantizar la circulación permanente, independientemente de las condiciones climáticas.

El documento también sostiene que la falta de conectividad en amplias zonas del Chaco profundo constituye una deuda histórica del Estado con estas comunidades, cuyos habitantes enfrentan constantemente situaciones de aislamiento que incluso pueden poner en riesgo vidas ante emergencias médicas u otras urgencias.

La Consejería Municipal de la Niñez y la Adolescencia (CODENI) de Presidente Franco tomó intervención ante una denuncia relacionada con la falta de inmunización de menores de edad.

En este caso puntual, los padres de dos niños de 6 años y 13 años, además de un bebé de 4 meses, fueron acusados de no autorizar la aplicación de las vacunas incluidas en el Esquema Regular de Inmunización.

La denuncia formal fue formulada por profesionales de la Unidad de Salud de la Familia (USF) del barrio San Miguel, quienes agotaron todas las instancias para tratar de persuadir, sin éxito, a los progenitores.

Ante su negativa de inmunizar a los niños, la CODENI decidió presionarlos por la vía legal para que cumplan con esta obligación, contemplada en la Ley 4621/15, a la que se suman la Constitución Nacional y el Código de la Niñez y la Adolescencia, que garantizan el derecho a la salud y el interés superior del niño.

Asimismo, les advirtieron sobre las posibles consecuencias que acarrearía mantenerse en su postura de no vacunar a sus hijos, puesto que el caso puede llegar a ser derivado a la Fiscalía y a la Defensoría de la Niñez, inclusive.

Desde la CODENI no descartan la posibilidad de que, en última instancia, la justicia pueda ordenar la inmunización obligatoria de los menores como medida de protección.

La iniciativa, impulsada por el diputado Alejandro Aguilera, busca establecer procedimientos uniformes en todo el país para que las personas con discapacidad auditiva puedan obtener, renovar y rehabilitar su registro de conducir.

El proyecto también prohíbe la denegación automática de la licencia e impulsa mecanismos de tránsito seguros, basados en los principios de igualdad y no discriminación.

Durante el tratamiento del documento, el legislador explicó que actualmente existe “mucha discrecionalidad” en el otorgamiento de licencias de conducir para personas con discapacidad auditiva, debido a la falta de una normativa específica.

“En algunos municipios dan, en otros no dan”, expresó el parlamentario, al tiempo de señalar que el objetivo es establecer reglas claras que eviten situaciones de discriminación y permitan a este sector acceder a una movilidad autónoma.

Por su parte, el diputado Arturo Urbieta, presidente de la Comisión de Salud Pública, presentó el dictamen favorable de la instancia asesora.

Indicó que la normativa contempla una evaluación integral de los postulantes, incluyendo exámenes prácticos en la vía pública o en circuito cerrado, pruebas psicofísicas generales y evaluaciones específicas de percepción y respuesta visual ampliada, como detección de señales, uso de espejos, entorno y maniobras.

Asimismo, el proyecto incorpora el uso de adaptaciones razonables y de espejos retrovisores o panorámicos específicos en los vehículos, cuando el caso lo requiera.

Finalmente, Urbieta remarcó que el texto prohíbe de manera expresa la negación automática de la licencia por la sola condición de discapacidad auditiva.

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la iniciativa será remitida ahora a la Cámara de Senadores para su estudio correspondiente.