Entre los citados, figuran el ministro del Interior, Enrique Riera; el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón; los agentes intervinientes en el caso y el canciller nacional, Rubén Ramírez.

La senadora proponente, Lilian Samaniego, expresó preocupación por la falta de avances en las investigaciones y subrayó la necesidad de respuestas claras por parte de las instituciones responsables.

“La ciudadanía necesita respuestas. El silencio solamente conlleva una situación de incertidumbre y alimenta una ola de rumores que nada beneficia a los representantes de los estamentos encargados de la investigación”, manifestó.

En otro momento, destacó la importancia de fortalecer la cooperación internacional para combatir el crimen organizado y proteger a fiscales y jueces que lideran investigaciones de alto riesgo.

Por su parte, la diputada Johanna Ortega, en respaldo a la propuesta, calificó como “vergonzosa” la falta de avances en la investigación y criticó duramente la inacción de la Fiscalía.

Ortega recordó que, hace más de un año, la Fiscalía se había comprometido ante los legisladores a avanzar en las investigaciones, sin embargo, hasta hoy, no se han registrado progresos significativos.

“Nos dejan como un Estado fallido en cuanto a la búsqueda de justicia”, declaró.

Cabe señalar que la moción fue aprobada por unanimidad y ahora corresponde a la presidencia de la Comisión Permanente del Congreso fijar la fecha de la convocatoria.

El senador Patrick Kemper, presidente de la Comisión del Senado a cargo de investigar el escándalo de títulos falsos, este lunes brindó una conferencia acompañado por el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

En la ocasión, el ministro Luis Ramírez confirmó que el sumario administrativo concluido recientemente permitió individualizar a 13 funcionarios (incluyendo a algunos directores) que tuvieron participación en el registro de 330 títulos universitarios sobre los que existen sospechas de falsedad.

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A la par, lograron identificar 130.000 “actos irregulares” realizados por 550 usuarios no autorizados. “No significa 130.000 títulos, son acciones dentro del sistema que no corresponden”, agregó respecto al punto.

Todos estos actos, explicó, están vinculados a la inscripción de títulos universitarios en la plataforma del MEC, algunos de los cuales serían apócrifos, conforme a las sospechas existentes.

Esta mañana se formalizó la presentación de la denuncia penal ante el Ministerio Público, acercando todas las documentaciones e informes derivados del sumario administrativo en la cartera educativa.

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A la fecha, existen un total de 283 sumariados por la expedición o registro de títulos falsos. “Podría haber más funcionarios implicados”, sostuvo Ramírez.

El senador Kemper adelantó que la comisión especial aguarda la remisión de los informes solicitados al CONES y la ANEAES, así como también a una decena de universidades e institutos superiores, a fin de proseguir con la investigación.

El Tribunal de Sentencia, conformado por los jueces Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete, condenó hoy al exsenador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider. El exlegislador recibió una pena de dos años de prisión con suspensión de la ejecución, mientras que su exsecretaria Iara Guinsel recibió una sanción de un año y diez meses bajo la misma modalidad. Ambos afrontaron juicio oral por el hecho punible de tentativa de contrabando.

La investigación inició la madrugada del 4 de diciembre de 2024 en el Puente Internacional de la Amistad. Kueider y Guinsel cruzaron la frontera desde Foz de Iguazú (Brasil) hacia Ciudad del Este (Paraguay) en una camioneta Chevrolet Trailblazer. En un control de rutina, los agentes de aduana hallaron una mochila con 211.102 dólares estadounidenses, 646.000 pesos argentinos y 3.9 millones de guaraníes sin declaración previa. La defensa argumentó que el dinero no constituía “mercancía”, pero el tribunal rechazó este tecnicismo legal y ratificó la postura de la fiscalía.

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Este fallo marca el cierre de un proceso que mantuvo a la pareja bajo arresto domiciliario durante 18 meses en Asunción. El panorama judicial de Kueider sigue siendo complejo por otras causas abiertas en ambos países. En territorio paraguayo, la fiscalía lo imputó por lavado de activos debido a la compra sospechosa de seis departamentos de lujo en el edificio Innova Las Mercedes por un monto de 460.379 dólares.

Simultáneamente, en Argentina, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado reclama su extradición por enriquecimiento ilícito y sobornos vinculados a la causa Securitas. El Senado argentino expulsó a Kueider por “inhabilidad moral” poco después de su arresto en el país vecino. Por el momento, el exsenador permanecerá bajo reglas de conducta en Paraguay hasta finalizar los procesos pendientes antes de su posible traslado a Argentina, donde quedaría detenido de inmediato

Un grupo de diputados presentó un proyecto de ley que busca reglamentar el diseño y uso de los símbolos patrios, con el objetivo de establecer por norma las características oficiales del Pabellón de la República, los Escudos Nacionales y el Sello Nacional, en cumplimiento del artículo 139 de la Constitución Nacional.

La propuesta pretende que las especificaciones técnicas y heráldicas de los emblemas nacionales dejen de depender de decretos y queden establecidas en una ley, otorgándoles un marco jurídico permanente que garantice su preservación y uniformidad.

El proyecto incorpora la definición oficial del diseño del pabellón, los escudos (anverso y reverso), el Sello Nacional y los colores patrios, tomando como base principios reconocidos internacionalmente por la ciencia heráldica.

Además, establece normas para la fabricación y utilización de los símbolos nacionales, regula su empleo en actos oficiales y mantiene la obligación de izar la bandera en instituciones públicas y educativas.

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Uno de los puntos más relevantes es que la iniciativa dispone un cronograma gradual para reemplazar los símbolos que no se ajusten a las nuevas especificaciones, designa al Ministerio del Interior como autoridad de aplicación y contempla un régimen de sanciones para los casos de incumplimiento.

Los proyectistas sostienen que la propuesta no modifica el contenido histórico de los símbolos patrios, sino que reglamenta aspectos técnicos que quedaron pendientes desde la legislación de 1842, dando cumplimiento al mandato establecido en la Constitución Nacional.

Según la exposición de motivos, la iniciativa busca fortalecer la identidad nacional, preservar el patrimonio simbólico del país y unificar el uso oficial de los emblemas patrios en todas las instituciones.