Según los datos oficiales, en lo que va del año, cerca de 70.000 hectáreas fueron afectadas por incendios forestales, todos atribuidos a actividades humanas.

En entrevista con la radio Universo 970 AM, Rolando De Barros subrayó que, en respuesta a esta situación, el presidente Santiago Peña convocó al Consejo de Emergencia Nacional para evaluar la crisis hídrica, la sequía y los incendios. El trabajo conjunto entre las instituciones permitió prevenir impactos mayores, aunque los daños económicos, sociales y ambientales son considerables, según señaló.

El ministro destacó que Paraguay no está solo en esta problemática, ya que la sequía afecta a toda la región de la Cuenca del Plata. A nivel nacional, la situación se agrava con los registros más bajos del nivel del río Paraguay en décadas y la pérdida de áreas boscosas críticas para la biodiversidad. Comparativamente, países vecinos como Brasil y Bolivia enfrentan también severos desastres ambientales, con pérdidas de millones de hectáreas de bosques y cultivos.

“Gracias a la previsión y al trabajo articulado entre instituciones, hemos logrado garantizar el abastecimiento de agua potable para comunidades afectadas, principalmente en el Chaco y zonas indígenas”, indicó De Barros. Estas acciones incluyeron la provisión de camiones cisterna por parte de la Secretaría de Emergencia Nacional y el refuerzo en el suministro de agua por las plantas de tratamiento.

El titular del MADES reconoció necesidad de sanciones más severas contra quienes provoquen incendios forestales. “Hemos aplicado multas millonarias y ya existen personas imputadas por daños ambientales, especialmente en áreas protegidas como el Cerro Chovoreca”, afirmó De Barros. Estas sanciones ascienden a 20.000 jornales, además de procesos judiciales en curso que podrían culminar en penas de cárcel ejemplares.

El ministro confía en que estas medidas servirán como disuasión para futuras quemas ilegales. “Cuando haya condenas firmes con penas de hasta 5 u 8 años de cárcel, va a servir de ejemplo”, aseguró.

La Segunda Compañía de Fuerzas Especiales se instaló oficialmente este sábado en Pilar, Ñeembucú, con el objetivo de fortalecer la seguridad interna y combatir el crimen organizado y el terrorismo en la región.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, señaló que esta iniciativa responde a una orden directa del presidente de la República, Santiago Peña, y permitirá operar con decisión contra las amenazas delictivas.

La base del comando especial estará ubicada en el Regimiento de Caballería N° 2 “Felipe Toledo” de Pilar, aunque podrá movilizarse a otros puntos del departamento en caso de necesidad.

Operaciones basadas en inteligencia

El comandante de las Fuerzas Militares, César Moreno, explicó que este despliegue se enmarca en el decreto presidencial emitido el año pasado para reforzar la seguridad en Itapúa, Misiones y Ñeembucú.

La operación se desarrolla de manera conjunta con la Policía Nacional, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNIT).

Moreno destacó que las unidades del Ejército y la Fuerza Aérea mantendrán sus funciones habituales, pero apoyarán a la Segunda Compañía de Fuerzas Especiales en los operativos.

“Vamos a recorrer el departamento, visitando otras ciudades y realizando levantamientos de inteligencia para definir estrategias de acción”, indicó.

Refuerzo de recursos y tareas preventivas

El alto jefe militar aseguró que el personal y el equipo desplegado pueden ampliarse según las necesidades operativas. Además, se implementarán tareas preventivas para identificar zonas vulnerables y mejorar la respuesta ante eventuales amenazas.

Entre los recursos asignados se incluyen vehículos tácticos, camiones, ambulancias, minibuses y un helicóptero UH-1H, que garantizarán la movilidad y eficacia de las operaciones.

Este despliegue forma parte del Plan Estratégico Seguridad para el Desarrollo 2023-2028 y de la Declaración de Clorinda , firmada recientemente entre los ministros de Defensa de Paraguay y Argentina, con el fin de coordinar esfuerzos en la lucha contra el crimen transnacional.

Un incidente ocurrido ayer en el microcentro de Ciudad del Este dejó a cuatro personas intoxicadas después de que un microondas explotó en la cocina de una tienda de ropa.

Una mujer continúa grave en un sanatorio privado debido a las complicaciones respiratorias provocadas por el humo de la explosión.

El hecho tuvo lugar en la tienda “Mina Corea”, cuando un grupo de empleados ingresó a la cocina para almorzar. Al intentar calentar su comida, una joven activó el microondas, que explotó de manera arrepentida, llenando el área de humo.

La falta de ventilación en el lugar agravó la situación, lo que provocó que las cuatro personas inhalaran el humo tóxico.

Tres mujeres, de 20, 21 y 40 años, se desmayaron a causa del humo y fueron trasladadas de inmediato al Hospital Regional de Ciudad del Este.

Según el director del hospital, Dr. Federico Schrodel, las dos mujeres mayores ya fueron dadas de alta. Sin embargo, la joven de 20 años sufrió complicaciones respiratorias graves y fue derivada a la unidad de terapia intensiva del sanatorio Clinic Center, donde permanece en estado grave.

Un hombre que intentó ayudar a las afectadas también sufrió intoxicación por inhalación de humo y fue llevado al hospital del Instituto de Previsión Social (IPS). Afortunadamente, su estado es estable y se encuentra fuera de peligro.

Una familia del barrio Obrero de la mencionada localidad, vivió momentos de terror en la madrugada del pasado miércoles, cuando dos delincuentes armados irrumpieron en su vivienda y se llevaron la importante suma de dinero de G. 90 millones destinada a los aportes de una institución educativa.

Según la denuncia, el hecho ocurrió alrededor de la 01:30 en una casa ubicada en la intersección de las calles Pampa Grande y Loma Vistosa, en el Área Habitacional N° 3.

La víctima, Myrian Flavia Venialgo de Cardozo, de 45 años, relató que los asaltantes ingresaron saltando la muralla de la vivienda y los amenazaron a ella ya su esposo con armas de fuego.

Los delincuentes exigieron que entregaran el dinero que estaba en una mochila azul, además de una billetera con documentos personales y tres teléfonos celulares. Mientras uno de los criminales la amenazaba, el otro redujo a su esposo, obligándolo a tirarse al suelo y cubriéndole la cabeza con una cortina para evitar que viera sus rostros.

El dinero robado pertenecía a la Comisión de Padres del nivel inicial y primario del Centro Regional de Educación «Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia» de Ciudad del Este.

Myrian Venialgo, quien se desempeña como tesorera de la comisión, había retirado los fondos para depositarlos en el banco.

El hecho fue comunicado a la Fiscalía, que investiga el asalto.