La jornada de evaluación se desarrolló con total normalidad en las 16 sedes distribuidas en todo el país y el índice de participación de los postulantes fue del 88,17 %.

Estaban habilitados a rendir 17.855 jóvenes, el presidente Santiago Peña llegó a tempranas horas a la Facultad de Ingeniería de la UNA (FIUNA) para brindar unas palabras de aliento a los postulantes. “El Paraguay tiene una esperanza enorme en ustedes”, expresó el mandatario, quien destacó la unificación de esfuerzos entre las instituciones estatales para ampliar el alcance del Programa de Becas del Gobierno.

Por su parte, el director general paraguayo de ITAIPU, Justo Zacarías Irún, remarcó el compromiso de la Binacional y de las demás entidades que forman parte de esta iniciativa. “Acá no hay intención de hacer economía, seremos muy felices si otorgamos el 100 % de las becas. Queremos que todos accedan a una oportunidad de estudio, con justicia y equidad”, enfatizó.

Las ayudas académicas ofrecidas a los jóvenes paraguayos talentosos en este nuevo llamado forman parte de un sistema unificado, que incluye las becas de ITAIPU, de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), de la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ) y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Impacto de las becas

El impacto de esta iniciativa se reflejó en las historias personales de los participantes. Marco Daniel Acosta González, quien aspira a estudiar Ingeniería en Electricidad, vivió un momento especial al encontrarse con el presidente Santiago Peña, dado que el jefe de Estado le transmitió su apoyo antes de rendir el examen.

Renato Alcaraz, otro aspirante a la misma carrera, resaltó la importancia de estas becas para estudiantes de familias con recursos limitados. “Esta ayuda nos permite acceder a una educación que de otro modo sería inalcanzable”, manifestó.

La organización contempló todos los detalles para el bienestar de los participantes, incluyendo servicios de paramédicos y refrigerios. Además, se habilitaron espacios especiales para que los padres pudieran esperar a sus hijos durante el desarrollo de la prueba.

El equipo académico de la FIUNA tuvo a su cargo la elaboración, aplicación y corrección del examen.  Los resultados de la evaluación se publicarán este lunes 27 de enero. Posteriormente, se habilitará un plazo para la revisión de exámenes a solicitud de los estudiantes. Los postulantes que alcancen el puntaje requerido pasarán a la etapa de visita socioeconómica, que será implementada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Al término del encuentro tripartito entre el Gobierno y los sectores empresarial y obrero, los representantes de cada uno hablaron sobre lo que dejó la reunión.

El viceministro del Trabajo, César Segovia, informó que se acordó seguir dialogando y que la próxima vez, el sector empresarial presentará una respuesta oficial a la propuesta sindical de hacer un reajuste del 22 %, aunque ya se sabe que están en contra.

También se conversó sobre la legalidad de hacer un incremento sin tomar como referencia única el Índice de Precios del Consumidor. Los trabajadores dicen que sí y los empresarios rechazan esta posibilidad

“La intención nuestra es que antes del 15 de junio podamos tener una posición definitiva en cuanto a la recomendación que se dará al Ejecutivo sobre el reajuste”, afirmó el ministro.

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Por su parte, Bernardo Rojas, representante de los trabajadores, planteó que en el próximo encuentro “se defina el partido” en lugar de seguir escuchando planteamientos.

El incremento del 22 % pretendido por las centrales obreras equivale a 647.000 guaraníes. “Eso no les hace nada a los empresarios, no es mucho”, opinó. También recordó que proponen desindexar el salario mínimo de todos los impuestos, un proyecto que el Ejecutivo ya tiene en carpeta.

Por último, Enrique Vidal Lovera, vocero del empresariado, manifestó que la posición es regirse por la que indica la ley, respecto al reajuste en base a la inflación interanual acumulada.

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Tras el acto realizado en el Panteón de los Héroes, Riera conversó con la prensa el sobre le caso Dalia López, a quien colocaron la tobillera electrónica luego de ser beneficiada con el arresto domiciliario.

Destacó que, para la Policía Nacional, el monitoreo electrónico resulta más eficiente que el sistema tradicional, ya que permite un control en tiempo real y más riguroso de los procesados.

Actualmente, Paraguay registra unas 7.900 prisiones domiciliarias, las cuales requieren la presencia física de efectivos policiales para custodiar su cumplimiento. Según el ministro, esta situación “inmoviliza” a miles de agentes que deberían estar patrullando las calles en lugar de vigilar domicilios particulares.

“Estamos trabajando con la Corte para implementar las tobilleras en todos los casos de prisión domiciliaria o medidas alternativas, especialmente en hechos menores como accidentes de tránsito. Así logramos descongestionar las cárceles y devolver los policías a las calles”, expresó el secretario de Estado.

El panorama actual revela una subutilización de la tecnología: de los 1.000 dispositivos disponibles, solo 200 están siendo utilizados hasta la fecha.

La realidad del cobro de prestaciones alimentarias en Paraguay tiene dos caras. Por un lado, herramientas como el registro SARA (Sistema de Administración de Recursos de Alimentos) no están diseñadas para el cobro directo de dinero. Su función es que el deudor figure como “moroso”, lo que le impide transferir bienes o actualizar registros oficiales; si el deudor desea realizar estos trámites, la ley lo obliga a pagar primero.

Sin embargo, para una madre que enfrenta el día a día, la “muerte civil” del progenitor no siempre se traduce en leche o pañales de forma inmediata.

La justicia paraguaya abrió una puerta para garantizar el alimento de los niños. El Tribunal de Apelación de la Capital estudió un caso donde el padre soporta una deuda grande y enfrenta un proceso penal. Ante la falta de pago, la madre demandó a la abuela paterna por la prestación alimentaria.

CUANDO EL PADRE NO PAGA, LOS ABUELOS RESPONDEN

La primera instancia rechazó el reclamo, pero el Tribunal revocó esa decisión. Guillermo Trovato, presidente del tribunal, actuó como preopinante y votó a favor de la demanda. El juez señaló: “Abrimos una nueva vía de reclamo... muchas madres necesitan el mes a mes porque el niño come todos los días”.

Trovato explicó que registros como el SARA o el REDAM no buscan el cobro directo de dinero. Estos sistemas funcionan como medida de presión civil. El deudor moroso figura en una lista y pierde el derecho a transferir bienes o renovar su licencia de conducir hasta que pague su deuda.

El fallo tomó en cuenta que el padre cumple arresto domiciliario. Esta condición anula su operatividad comercial y su solvencia económica real para cumplir con sus hijos. El magistrado recordó que la obligación de los abuelos nace de la ley y de la solidaridad familiar. El Código de la Niñez establece que, si los padres faltan o incumplen, los parientes asumen la responsabilidad de forma subsidiaria.

Aunque este antecedente no obliga a todos los jueces, marca un camino importante. La resolución prioriza el interés superior del niño por encima de los ritos judiciales lentos. Según el abogado, este fallo significa una “vía de oxígeno” para las familias que no pueden esperar años para cubrir necesidades básicas de hoy.