A través de un comunicado, la firma aseguró que cumple con todas las normativas ambientales y que su operación es fiscalizada periódicamente por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

Según San Rafael, cuenta con una planta de tratamiento diseñada para gestionar los residuos de manera segura y sostenible, cumpliendo con los estándares técnicos y ambientales vigentes. “En ningún momento hemos realizado vertidos irregulares ni acciones que puedan afectar el cauce del arroyo Itay o de cualquier otro cuerpo de agua”, afirmó la empresa en su pronunciamiento.

Las denuncias sobre la supuesta contaminación fueron realizadas por pobladores locales, quienes aseguran que el arroyo Itay, afluente del riacho San Francisco, estaría siendo afectado por desechos vertidos en la zona. Esta situación, según los denunciantes, estaría contribuyendo a la crisis de abastecimiento de agua potable que enfrenta la ciudad de Limpio, donde la Essap implementó un plan de contingencia con camiones cisterna para mitigar la escasez.

San Rafael insistió en su disposición a colaborar con las autoridades para cualquier verificación de sus procesos, reiterando su compromiso con la transparencia y el cuidado del medio ambiente. También solicitó a los medios de comunicación y a la ciudadanía evitar la difusión de acusaciones sin pruebas que puedan dañar su reputación.

A continuación transcribimos el comunicado compartido:

En relación a la mención publicada en el medio de comunicación sobre la presunta contaminación del cauce del arroyo Itay, atribuida a nuestra empresa San Rafael, dedicada al desagüe de pozos ciegos y limpieza de cámaras sépticas, manifestamos lo siguiente:

La empresa San Rafael está debidamente habilitada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), entidad que realiza visitas periódicas y fiscalizaciones para verificar el cumplimiento de todas las normativas ambientales vigentes. Hemos demostrado en todo momento nuestra disposición a colaborar con las autoridades y a operar dentro del marco legal establecido. Contamos con la infraestructura necesaria en nuestra planta de tratamiento, diseñada para gestionar y tratar los residuos de manera responsable y sostenible, garantizando que no se genere impacto ambiental negativo, ya que nuestros procesos cumplen con los estándares técnicos y ambientales requeridos. Rechazamos categóricamente las acusaciones que vinculan a nuestra empresa con la contaminación del arroyo Itay.

En ningún momento hemos realizado vertidos irregulares o acciones que puedan afectar el cauce del arroyo o cualquier otro cuerpo de agua. Nuestra operación se rige por principios de responsabilidad ambiental y compromiso con el cuidado de los recursos naturales. Estamos abiertos a colaborar con las autoridades competentes y cualquier entidad interesada en verificar nuestras operaciones y procesos, reiterando nuestro compromiso con la transparencia y la protección del medio ambiente. Cabe resaltar que contamos con la primera planta de tratamiento de efluentes cloacales e industriales del país.

Solicitamos a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general que se abstengan de realizar afirmaciones infundadas que puedan dañar la reputación de nuestra empresa, la cual se ha construido sobre la base de años de trabajo serio y responsable. Finalmente, San Rafael reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente, y continuará trabajando bajo los más altos estándares de calidad y responsabilidad.

La cartera sanitaria informó que ante esta situación de irregularidad, se tomaron varias medidas. La primera es la de una investigación preliminar y sumario administrativo a tres funcionarios de oncología, electromedicina y patrimonio por presuntas faltas graves.

Asimismo, se procedió a una inspección técnica de la empresa Jack Fack S.R.L., representante de los equipos VARIAN, que recomendó reemplazar el equipo por completo debido a riesgos técnicos y altos costos.

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Salud decidió presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público, actualmente en manos de la Fiscalía de Capiatá, ya que se detectó la pérdida de piezas clave como la consola de control, UPS, cableado, switches de emergencia y aplicadores, sin documentación ni inventario.

Por otra parte, Salud Pública anunció que se avanzará en la adquisición de un nuevo equipo con garantía, el fortalecimiento de protocolos de gestión técnica y patrimonial, y la capacitación del personal.

La iniciativa legislativa, que lleva como título “Que establece el horario oficial en la República del Paraguay y deroga la Ley Nº 7354/2024”, propone retornar al sistema de doble horario que estuvo en vigencia durante años en el país.

En la exposición de motivos, el diputado Olmedo detalla los múltiples problemas que generó la implementación del horario permanente de verano desde su entrada en vigencia en 2024.

En este sentido, el proponente asegura que el ámbito educativo presenta uno de los mayores desafíos, con un incremento notable en las ausencias escolares y la impuntualidad, especialmente en zonas rurales.

Por otro lado, expone que los centros asistenciales reportan una mayor demanda de atención médica, especialmente, por enfermedades respiratorias agravadas por las bajas temperaturas matutinas del otoño e invierno. “Esta situación satura los servicios de salud y pone en riesgo a poblaciones vulnerables como niños y adultos mayores”, sentencia la exposición de motivos.

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Agrega que la oscuridad, en las primeras horas del día, facilita la ocurrencia de hechos delictivos y accidentes viales, comprometiendo la integridad de miles de personas que deben trasladarse a sus lugares de estudios, trabajo u otros destinos en condiciones de escasa visibilidad.

Por otro lado, menciona que el sector agropecuario ha manifestado su preocupación por el impacto negativo en la organización de las tareas rurales, donde la luz natural es un factor clave para el inicio de actividades, afectando la productividad y la logística.

En el ámbito de la construcción, el documento señala que trabajadores y empleadores enfrentan serias dificultades operativas, ya que muchas tareas, especialmente, las que se realizan en altura, requieren condiciones óptimas de visibilidad y luz solar por razones de seguridad laboral y eficiencia técnica.

La implementación se realizaría de la siguiente manera: El primer domingo de octubre de cada año se adelantaría en 60 minutos la hora oficial, adoptando la zona horaria UTC-3 para el horario de verano.

El cuarto domingo de marzo de cada año se atrasaría en 60 minutos la hora oficial, adoptando la zona horaria UTC-4 para el horario de invierno.

Personal de la División de Operaciones de Interpol esta mañana llevó a cabo un procedimiento cerca de la Avda. Carlos Antonio López de Nanawa, en el departamento de Presidente Hayes.

Durante dicho operativo, se concretó la aprehensión de Vicente Ignacio Caballero (20), de nacionalidad argentina, acusado de transporte de estupefacientes.

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El joven fue sorprendido en la vía pública frente a un gimnasio, luego de tareas de inteligencia y vigilancia desplegadas por los agentes policiales.

Según los antecedentes, Caballero se habría encargado del envío de un cargamento de 500 ampollas de fentanilo y casi 5 kg de cocaína a través de encomiendas.

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La captura del acusado se produjo en cumplimiento a una orden judicial dictada por el juez Mirko Valinotti. A esto se le suma un pedido de detención con fines de extradición, solicitado por el Juzgado N° 2 de Formosa, a raíz de un proceso vinculado al mismo hecho.

El joven extranjero quedó a disposición del Ministerio Público, a fin de efectuar los trámites de extradición requeridos.