En entrevista con el canal GEN, el Crio. Carlos Benítez explicó que la comitiva que retornó días atrás de Estados Unidos tenía previsto participar de un curso en la ciudad de Roswell, Nuevo México, el cual era patrocinado por el Departamento de Estado.

Dicha comitiva estaba integrada por dos juezas, una funcionaria de la Corte Suprema de Justicia y varios agentes policiales, que se sumaron a representantes de Uruguay y Perú, quienes también corrieron con la misma suerte.

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Este grupo partió de Paraguay el pasado 23 de enero y dos días después nuevamente debió abandonar suelo norteamericano para retornar al país.

Con el cambio de gobierno tras la asunción de Donald Trump, se realizó un corte administrativo, lo cual acabó afectando la participación de estas personas en la capacitación, indicó el comandante.

“El tema (del curso) es bastante amplio porque se habla de contraterrorismo, investigaciones criminales, antinarcóticos, liderazgo, corrupción, delitos financieros y cibernéticos, entre otros”, precisó.

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Benítez sostuvo que la capacitación debe ser recalendarizada, por lo que los representantes de nuestro país prevén asistir como estaba fijado en principio, al igual que los de los demás países invitados.

“En absoluto esto significa una deportación, dista mucho de eso”, añadió. A la par, aclaró que los convenios entre Paraguay y EE.UU. no se encuentran suspendidos.

Se trata del acuerdo internacional más importante del siglo XX para el país después de la firma del Tratado de Paz del Chaco; porque cambiaría la historia de Paraguay y Brasil.

Las diferencias limítrofes entre ambos países encontraron la solución en una obra para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos del río Paraná, perteneciente en condominio a las dos naciones, desde el Salto del Guairá o Salto Grande de Sete Quedas hasta la desembocadura del río Yguazú.

La rúbrica del instrumento tuvo lugar hace 52 años en el Palacio de la Meseta, Brasilia, y en representación de las Altas Partes Contratantes suscribieron el documento los cancilleres Raúl Sapena Pastor (Paraguay) y Mario Gibson Barboza (Brasil), ante la presencia de los presidentes Alfredo Stroessner y Emilio Garrastazú Médici, respectivamente.

El documento estableció las bases para la construcción de la mayor planta hidroeléctrica en generación de energía del mundo. Posteriormente, el Tratado sería aprobado primero en el Brasil el 30 de mayo de 1973, y luego en el Paraguay el 17 de julio de 1973.

Su entrada en vigor se produjo el 13 de agosto del mismo año con el intercambio de los documentos de ratificación.

Con la firma del documento se dio cumplimiento a lo establecido en el Acta Final firmada en Foz de Yguazú el 22 de junio de 1966, en lo que respecta a la división en partes iguales, entre los dos países, de la energía eléctrica eventualmente producida en el tramo referido. De hecho, la mencionada acta es considerada la piedra angular sobre la cual se erigió posteriormente el Tratado.

El Juzgado Penal de Garantías de Ciudad del Este, anuló la prisión preventiva que pesaba sobre el abogado Walter Acosta desde hace un mes.

Acosta, imputado por coacción, coacción grave y resistencia luego de agredir a una fiscalizadora del INTN, ofreció propiedades y otros bienes como caución real.

Pese a que la fiscal Rocío González y los abogados querellantes Karina Almeida y Daniel Alarcón se opusieran a la medida, el juez interino Amilcar Marecos decidió otorgar al abogado medidas alternativas a la prisión, como la prohibición de salir del país.

Walter Acosta está procesado por agredir cobardemente a la funcionaria el pasado 18 de marzo durante una verificación de los picos expendedores de combustibles en la estación de servicios Tres Fronteras.

El INTN había presentado una querella adhesiva por resistencia contra Walter Ramón Acosta, bajo patrocinio de la Procuraduría General de la República.

La fiscal María Laura Finestra imputó al trabajador de 60 años que, el jueves pasado, cuando descargaba mercaderías en un negocio del barrio Santa Ana de Asunción, fue interceptado por dos hombres armados en una motocicleta.

En ese instante Carlos Alberto se percató de las intenciones de las dos personas y con un arma de fuego calibre 38 que poseía en su vehículo, bajó y realizó disparos intimidatorios hacia arriba, sin mirar hacia donde fue el proyectil que luego impactó en Jonatan Ariel Franco Galeano, quien falleció en el sitio.

El fallecido cuenta con frondosos antecedentes por robo agravado entre el año 2022 y 2023.

El trabajador se puso a disposición de la justicia y el viernes declaró ante el Ministerio Público que, finalmente, lo imputó según lo establecido en el Art. 105 inc. 3 del Código Penal.