El viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez, confirmó en entrevista con Universo/Nación Media el homicidio ocurrido en el Penal de Misiones, donde Sergio Daniel Ayala González fue asesinado durante una gresca con otro interno, José Luis Durán Bobadilla, quien se presume vinculado al grupo criminal PCC.

Sobre ese punto, el viceministro recalcó que Ayala González estaba procesado por el asesinato de Leidy Amarilla, quien murió tras recibir tres estocadas en un ataque perpetrado por Durán Bobadilla. La víctima fue trasladada al hospital regional de Misiones, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

Benítez explicó que, según informaciones preliminares, el crimen pudo haber estado motivado por una relación entre José Luis y la mujer que habría sido abusada y asesinada por Sergio Daniel. El hecho se suma a las tensiones entre internos, especialmente en casos vinculados a crímenes graves como abuso sexual u homicidio.

Así también, mencionó que no se había recibido ninguna alerta previa sobre amenazas contra Ayala González, lo que habría permitido evitar la tragedia.

Además, subrayó que el agresor, Durán Bobadilla, se enfrentará a una nueva causa penal y podría ser trasladado a otro centro penitenciario, mientras se investiga las circunstancias del ataque y la posible complicidad de agentes penitenciarios.

Respecto a la situación general del sistema penitenciario, Benítez hizo hincapié en el alto nivel de hacinamiento en las cárceles del país, lo que contribuye a la violencia interna. En particular, el penal de Misiones está operando con una capacidad que supera su límite, lo que dificulta el control y la seguridad.

Para mitigar estos problemas, el viceministro mencionó los esfuerzos en marcha para habilitar nuevas penitenciarías, como la de Minga Guazú, que permitirá descongestionar las instalaciones actuales y mejorar la reubicación de los internos.

También se proyecta la construcción de centros para mujeres, buscando optimizar el espacio y las condiciones de los reclusos.

Cabe mencionar que Leidy Amarilla era una comerciante de Caacupé que desapareció el 5 de diciembre del año pasado, cuyo cuerpo fue hallado el 13 de diciembre en la zona de Nanawa, departamento de Presidente Hayes, en el Chaco.

La intervención es impulsada por la Fundación Médicos Promoción 83 de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, con apoyo logístico y operativo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). Según los organizadores, se prevé una concurrencia aproximada de 1.500 personas.

Las atenciones se realizan en la Base Aeronaval de la Armada Paraguaya y en oficinas de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), donde fueron instalados puestos fijos y móviles equipados para consultas y estudios. Más de 100 profesionales de la salud participan del operativo, entre médicos especialistas, bioquímicos, enfermeros y personal de apoyo.

Entre los servicios disponibles se incluyen estudios de electrocardiografía, ecocardiografía, ecografías generales, espirometría, audiometría, densitometría ósea y radiografías, además de análisis laboratoriales y test rápidos para VIH, hepatitis B y enfermedad de Chagas.

Las consultas abarcan áreas como clínica médica, pediatría, oftalmología, odontología y medicina familiar. En el área odontológica se realizan restauraciones, sellados y actividades educativas, mientras que en oftalmología se prevé la captación de pacientes para cirugías de cataratas.

El MSPBS participa con 48 funcionarios de distintas dependencias, incluyendo la XVI Región Sanitaria – Boquerón, el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) y el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA), que garantiza provisión de agua segura y sanitarios.

Para casos de mayor complejidad, fueron definidos como centros de referencia el Hospital Regional de Boquerón, el Hospital Materno Infantil de Villa Choferes del Chaco y la Unidad de Salud Familiar San Agustín.

El operativo cuenta además con apoyo de la Fuerza Aérea y la Armada Paraguaya, en un trabajo coordinado entre instituciones públicas y organizaciones civiles para ampliar el acceso a servicios de salud en zonas de difícil acceso.

La entrega representa una inversión de G. 1.994.129.301 y responde a las necesidades identificadas en los servicios de salud del departamento Central, contribuyendo a garantizar la disponibilidad de insumos para la atención de la población.

El lote recibido incluye medicamentos para diversas patologías, fármacos correspondientes a programas sanitarios, insumos destinados a la temporada invernal, antialérgicos, aerosoles, kits de parto y materiales esenciales para la atención diaria en los establecimientos de salud.

El Parque Sanitario cumple un rol como centro logístico regional, desde donde se organiza y distribuye de manera periódica el abastecimiento a hospitales, centros de salud y unidades de salud de la familia, asegurando la continuidad de los servicios y el funcionamiento de la red asistencial.

Esta acción se enmarca en la política institucional del MSPBS orientada a fortalecer la gestión de insumos estratégicos, optimizar la cadena de suministro y garantizar el acceso a medicamentos e insumos en todo el territorio.

El Ministerio de Salud Pública sigue trabajando con responsabilidad y garantiza las respuestas a las necesidades de la ciudadanía.

La restricción, de aprobarse, solo permitirá el acceso gratuito a la universidad hasta 12 años después de egresar de la educación secundaria.

Tuvieron que pasar 35 años e intensas jornadas de protestas sociales para que desde 2016 los estudiantes chilenos pudieran nuevamente estudiar gratis, una política que desmanteló la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La medida beneficia hoy a unos 615.000 estudiantes, casi la mitad de la matrícula de la educación superior, según el Ministerio de Educación.

“La restricción específica es 12 años después de egresado de la educación secundaria”, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en una rueda de prensa en que entregó detalles de la megareforma legislativa anunciada la víspera por el presidente Kast.

De aprobarse en el Congreso, el cambio dejará fuera del beneficio a la mayoría de quienes superen los 30 años, al considerar que la educación secundaria concluye, por lo general, a los 18 años.

Según el ministro Quiroz, el objetivo del límite etario es reducir el gasto fiscal.

“El gasto en gratuidad escapó a toda proyección y ha sido el doble de lo contemplado inicialmente”, afirmó.

Kast asumió el 11 de marzo con la promesa de reducir con fuerza el gasto público para equilibrar las cuentas fiscales que se han deteriorado en la última década, e impulsar la economía, que a su juicio está “estancada”.

Fuente: AFP.