“Hay un sector que quiere derogar la ley 7447, pero considero que lo mejor es modificarla. Si se deroga, volvería a regir la ley 620/76 y su modificatoria, la 135/91, que establece el pago del 0.50% sobre el valor imponible del vehículo. Muchos intendentes no estaban cumpliendo con esta disposición y ahora se les está controlando”, explicó Nelson Peralta, director de OPACI, en entrevista con el canal GEN.

Uno de los principales problemas señalados es el aumento en el costo de la patente vehicular, especialmente para los propietarios de autos más antiguos. “Antes pagaban 120.000 o 130.000 guaraníes, pero con la nueva ley, el monto mínimo subió a 215.000 o incluso 270.000 guaraníes. El mayor impacto lo están sufriendo los dueños de vehículos con más de 10 años de antigüedad”, afirmó.

Desde la OPACI, Peralta plantea una modificación específica de la ley en lugar de eliminarla por completo. “Nuestra propuesta es modificar el artículo 1 de la ley 7447 para adecuarla a la realidad. No estamos en contra del control, ya que el artículo 2 establece que la Agencia Nacional de Tránsito debe supervisar su aplicación, y creemos que esto es necesario para evitar el descontrol”.

Además, señaló que la intención de la ley era evitar la fuga de contribuyentes. “Actualmente, en Asunción hay 500.000 autos registrados, pero solo 20.000 pagan la patente en la capital, mientras que los demás buscan municipios con tasas más bajas. Esta es una de las razones por las que la normativa fue creada”.

¿Patente de rodados: impuesto o tasa?

Peralta también abordó la controversia sobre si la patente vehicular es un impuesto o una tasa. “Algunos intendentes y hasta abogados confunden esto. Según la ley 620/76 y su modificatoria 135/91, la patente de rodados es un impuesto, no una tasa. La Constitución establece que los tributos deben ser regulados por ley, y en este caso, el tributo en cuestión está claramente categorizado como un impuesto”.

En cuanto a la igualdad tributaria, Peralta reconoció que la ley actual afecta de manera desproporcionada a los propietarios de vehículos más antiguos, lo que podría generar un debate sobre su constitucionalidad. “El artículo 180 de la Constitución dice que los impuestos deben ser proporcionales a la capacidad contributiva de cada ciudadano. Por eso proponemos una reducción gradual del valor imponible de los vehículos, con una depreciación del 10% anual hasta llegar a los 10 años de antigüedad”.

El valor imponible sería determinado por el Ministerio de Economía a través de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. “No se tomará como referencia el valor de mercado, ya que esto generaría aún más distorsiones”, aclaró.

El albergue transitorio recibió a las primeras tres personas en situación de calle, todos del sexo masculino.

Para este sábado se esperan temperaturas más bajas, por lo que creen que más personas llegarán hasta el sitio para refugiarse.

Eduardo González, coordinador de albergues, comentó que las personas que llegaron anoche, se retiraron esta mañana luego de desayunar para continuar con sus actividades habituales, pero volverían al anochecer.

El albergue está instalado cerca de la sede de la Primera División de Infantería, en el Bañado Sur, y funcionará allí mientras aguardan la autorización de la Municipalidad de Asunción para utilizar la Costanera Norte de Asunción.

El sitio cuenta actualmente con dos carpas amplias y una capacidad para albergar a 30 personas, con la posibilidad de ampliar el cupo según la demanda.

El refugio está organizado en pabellones diferenciados, con uno exclusivo para varones, otro para mujeres, y un tercer sector interno dentro de la oficina destinado a mujeres con niños.

Fretes busca conocer de cerca la realidad de cada servicio de la previsional y realizar un diagnóstico integral de la situación institucional.

En esta oportunidad, la visita se realizó en el departamento de Itapúa, iniciando en el Hospital Regional del IPS en Encarnación, donde mantuvo reuniones con directivos, funcionarios y pacientes para interiorizarse sobre las principales necesidades y desafíos de cada establecimiento.

Fretes llegó acompañado de especialistas en cada área para verificar adecuadamente todo el hospital.

Según expresó, verificó completamente las instalaciones y observó algunos detalles que se deben corregir para mejorar la atención a los asegurados.

Entre esos, una precaria ventana en la sala de quirófano, cuando en realidad, los procedimientos quirúrgicos deben realizarse en ambientes cerrados, es decir, no debería estar colocada ninguna abertura por donde podría ingresar viento y contaminación.

Informó, además, que se estará trabajando para contratar más profesionales pediátricos para el IPS de Encarnación, y sobre la posibilidad de reinstalar la planta de oxígeno.

Con respecto a los medicamentos, mencionó que en unas 4 semanas aproximadamente, volverán contar con el 80% de los medicamentos que actualmente están en stock, y que serán distribuidos en todo el país.

Arturo Almirón, presidente de la Junta Municipal de Asunción, firmó la convocatoria a la sesión extra para mañana 10 de mayo a las 13:00, a fin de tratar los puntos pendientes de la ordinaria del miércoles pasado.

La rendición financiera del año 2025 que detalla la ejecución presupuestaria y expone el balance municipal que abarca la actual administración, los meses de intervención a cargo de Carlos Pereira y la etapa de Óscar Rodríguez es lo que debe estudiar el pleno.

En caso de que mañana no tengan los números para dar cuórum, el balance quedará aprobado de manera automática, debido a que vence el plazo para su tratamiento.

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La intervención hecha el año pasado por Carlos Pereira reveló que Rodríguez utilizó bonos para cubrir gastos corrientes, cuando ese dinero estaba blindado a favor de obras.

Según Pereira, los bonos se manejaron bajo un sofismo de “la cuenta única” y se mezclaron diferentes fuentes con apenas un 7 % de inversión en infraestructura.

Rodríguez renunció a la Intendencia de Asunción en agosto del 2025, día en que se presentaron los resultados de la intervención que también derivó en informes remitidos a la Fiscalía.

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