El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue el mandante del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Las declaraciones fueron realizadas en un informe al Consejo de Ministros, lo que les otorga un peso institucional significativo.

El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente Horacio Cartes, señaló a radio Universo 970 AM que estas revelaciones refuerzan la necesidad de revisar el rol desempeñado por la Fiscalía colombiana, en especial por el fiscal colombiano Mario Burgos. Según Ovelar, Burgos habría desviado la investigación y obstaculizado el esclarecimiento de los verdaderos autores intelectuales del crimen. “Si a Cartes no le involucran, no es negocio”, significó.

Subrayó que Burgos tuvo un rol clave en la desviación de la investigación, asegurando que se construyó un relato para inculpar a personas inocentes en lugar de seguir la pista de los verdaderos responsables. “Es un hecho gravísimo que debe ser investigado”, afirmó, refiriéndose a la omisión de declaraciones clave que exoneraban a Cartes.

Las críticas a Burgos se centran en su decisión de involucrar al expresidente Horacio Cartes en la causa, basándose en la quinta declaración de Francisco Correa Galeano, quien posteriormente nunca volvió a mencionar a Cartes en el proceso judicial. Además, testigos clave, como los hermanos Pérez Hoyos y Margaret Chacón, afirmaron que sus intentos de cooperar con la justicia fueron bloqueados por la Fiscalía.

El abogado Ovelar también destacó que la Fiscalía colombiana habría reducido las condenas de los autores materiales del asesinato mientras dejaba fuera de la investigación a los verdaderos responsables. Esta situación, según él, demuestra una manipulación de la causa para encubrir a ciertos actores y desviar la atención hacia otras figuras públicas.

El entrevistado insistió en que la revelación de Petro pone en duda la credibilidad de la investigación y abre la posibilidad de acciones judiciales para determinar la responsabilidad de Burgos y otros actores en el proceso. “Vamos a realizar gestiones ante la justicia colombiana para que los responsables de esta manipulación rindan cuentas”, concluyó.

La diligencia judicial se realizará ante el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, quien deberá definir si confirma la prisión del funcionario.

El presente caso se enmarca en la incautación de 21,960 kilogramos de oro, realizada en noviembre de 2025 en el aeropuerto Silvio Pettitossi. Se estima que el valor del cargamento podría superar los 3 millones de dólares en el mercado internacional.

Asimismo podrán participar de la audiencia de revisión de medidas los fiscales del presente caso, quienes ya con anterioridad mencionaron que la conducta del funcionario de la Dinac es grave debido a que el imputado ocupa un cargo de jefatura.

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De acuerdo a la carpeta fiscal, los hechos punibles imputados son considerados graves, agravados por la condición del procesado como funcionario de la principal terminal aérea del país. En la misma causa también están imputados Fernando Antonio Peralta Zaván y Aquiles José Denis di Lascio, quienes presuntamente debían abordar el vuelo con destino a Panamá portando los lingotes de oro.

La Fiscalía sostiene que la responsabilidad de Gustavo Ismael Britos es de extrema gravedad, dado que contaba con acceso a todas las zonas restringidas del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Se presume que Britos, valiéndose de su cargo, logró burlar los controles de seguridad para introducir los lingotes que tenían como destino final Panamá. Este relato fáctico deberá ser evaluado por el juez Estigarribia para determinar si corresponde ratificar la prisión preventiva o conceder una medida menos gravosa para el imputado.

La Sociedad Paraguaya de Oftalmología, con el apoyo del Hospital Regional de Caacupé y otras instituciones aliadas, llevarán adelante una jornada de cirugía gratuita, que iniciará el próximo domingo 15 de marzo con la selección de los pacientes beneficiados.

En tanto que las intervenciones quirúrgicas se llevarán a cabo los días 1 y 2 de mayo en las instalaciones del hospital.

Las personas interesadas en participar deben solicitar información o agendar su consulta comunicándose al número 0981 304 770, con la Lic. Margaret Benítez, encargada del Servicio Social del Hospital.

La campaña “Por un Paraguay sin ceguera” es una iniciativa de salud ocular, la cual busca reducir la discapacidad visual, principalmente mediante cirugías gratuitas de cataratas.

La campaña se despliega periódicamente en diferentes puntos del país, ya que busca facilitar el acceso a tratamientos oftalmológicos a personas de escasos recursos, enfocándose en la detección y tratamiento oportuno de afecciones que pueden derivar en ceguera irreversible si no es tratada a tiempo.

La comitiva encabezada por la agente fiscal Dominica Zayas Acevedo, fue recibida por el director del centro penitenciario, Juan Taboada, quien entregó el permiso otorgado al condenado y demás documentos. La unidad a cargo solicitó al Juzgado de Ejecución Penal de Crimen Organizado n.º 3 la realización de diligencias relacionadas con el caso.

Una denuncia pública refiere presuntas irregularidades en la Granja Penitenciaria de Régimen Semiabierto Ko’ē Pyahu, situada en el barrio Tacumbú de Asunción, vinculadas con el otorgamiento y control de salidas transitorias a favor de una persona privada de libertad.

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El caso involucra a Pedro Enrique Gómez de la Fuente Antúnez, exdirector de la Región Occidental del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), quien cumple una condena de tres años y seis meses de pena privativa de libertad por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado y extorsión. La sentencia se encuentra firme tras el rechazo del recurso interpuesto por su defensa.

Cabe señalar que la Granja Penitenciaria Ko’ē Pyahu funciona bajo un régimen semiabierto, destinado a personas privadas de libertad que reúnen determinadas condiciones, entre ellas buena conducta y una etapa avanzada de cumplimiento de la condena, lo que permite el acceso a salidas transitorias bajo requisitos y controles específicos.