El informe señala que unas 61 víctimas por día fueron asistidas en este período, incluyendo casos de abuso sexual en niños, maltrato, estupro, pornografía infantil, actos homosexuales en personas menores, abuso por medios tecnológicos, violación del deber de cuidado, coacción sexual en menores de 18 años, hechos de violencia familiar y denuncias por incumplimiento del deber legal alimentario.

Del total de casos, entre 8 y 9 víctimas por día correspondieron a abuso sexual en niños.

De la cifra global se desprenden: 3.521 víctimas de abuso sexual en niños, 2.943 hechos indagados sobre pornografía relativa a niños, 511 víctimas de coacción sexual (Art. 128, inc. 3, menores de 18 años), 1.680 hechos de maltrato de niños y adolescentes bajo tutela, 848 casos de estupro, 2.784 denuncias sobre violencia familiar (menores de 18 años), 2.302 casos de violación del deber de cuidado (Art. 226), 10 casos de abusos por medios tecnológicos, 13 de actos homosexuales con personas menores y 7.928 denuncias de incumplimiento del deber legal alimentario.

Los datos reflejan que se registraron 3.521 casos de abuso sexual en niños, distribuidos de la siguiente manera: enero 252, febrero 197, marzo 265, abril 300, mayo 286, junio 292, julio 249, agosto 306, septiembre 383, octubre 391, noviembre 354 y diciembre 246.

Los departamentos con más denuncias de abuso sexual en niños fueron: Central (1.360 hechos), Alto Paraná (403), Asunción (314), Itapúa (194), Caaguazú (182), San Pedro (145), Cordillera (106), Presidente Hayes (106), Canindeyú (96), Amambay (121), Paraguarí (109), Guairá (98), Concepción (91), Misiones (56), Caazapá (50), Boquerón (60), Ñeembucú (23) y Alto Paraguay (7).

Pornografía relativa a Niños y Adolescentes

Se registraron 2.943 víctimas de pornografía relativa a niños y adolescentes: enero 5, febrero 13, marzo 318, abril 557, mayo 661, junio 241, julio 386, agosto 358, septiembre 355, octubre 30, noviembre 11 y diciembre 8.

Las zonas con más reportes registrados fueron Asunción, Central, Alto Paraná, Concepción, Guairá y Caaguazú.

El procedimiento estuvo encabezado por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, en el marco de la causa n.° 40/24, denominada “Miguel Prieto y otros / Lesión de Confianza”.

El Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en la provisión de kits alimenticios para familias de escasos recursos durante la pandemia del Covid-19, para lo cual se habrían realizado pagos millonarios a la empresa mencionada, sin embargo, los productos entregados no coinciden con las especificaciones estipuladas en el contrato firmado entre las partes. Se detectó que productos como el azúcar y el aceite, no corresponden a las marcas contratadas, lo que levantó sospechas de un posible esquema fraudulento.

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La intervención fue impulsada con el propósito de realizar una exhaustiva búsqueda e incautación de documentos que pudieran estar relacionados con los hechos investigados. Cabe destacar que la presente causa surge luego de una serie de intervenciones hechas por la Contraloría General de la República y las documentaciones remitidas al Ministerio Público.

Según la hipótesis investigativa, la Municipalidad a cargo de Miguel Prieto habría desembolsado la suma de Gs. 2.637.408.000 para la adquisición de productos que no cumplían con las especificaciones acordadas y sin los permisos necesarios para la comercialización de productos de consumo humano.

Además, se sospecha que estos alimentos fueron distribuidos de manera irregular a las familias beneficiarias sin que se haya podido determinar su origen o si cumplían con los requisitos legales.

La Fiscalía tiene previsto continuar con la investigación en los próximos días para esclarecer la magnitud del fraude y determinar las responsabilidades de los involucrados, incluyendo funcionarios de la Municipalidad y representantes de la empresa contratista.

El procedimiento fue supervisado por el agente fiscal Juan Ramón Sandoval, de la Unidad Especializada de la Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado de Asunción, junto a la Dirección de Control de Aeropuertos y Seguridad Portuaria (DCASP) de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD

El Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado, a cargo la jueza Lici Teresita Sanchez, tomó intervención en el caso.

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El procedimiento de apertura de encomienda se llevó a cabo en la sede de Atención Permanente del Palacio de Justicia. La encomienda, una caja de cartón de color amarillo, había sido remitida desde la ciudad de Ciudad del Este.

En el operativo intervino personal del Departamento de Control Aeroportuario Silvio Pettirossi de la SENAD, incluyendo agentes especiales.

El proyecto de ley además de declarar en situación de emergencia tres departamentos, amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2025, aprobado por Ley N° 7408, del 30 de diciembre de 2024 – Presidencia de la República – Secretaría de Emergencia Nacional”.

Cabe destacar que el proyecto fue remitido nuevamente al Senado con modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. En ese contexto, el senador Orlando Penner, impulsor del documento, solicitó que el Pleno se constituya en comisión para su análisis. En su intervención, argumentó que la aprobación es urgente debido a las graves inundaciones que afectan a los mencionados departamentos.

Por su parte, el senador Natalicio Chase subrayó la crítica situación de las zonas afectadas, completamente aisladas por vía terrestre, y abogó por una respuesta inmediata a través de asistencia aérea y provisión de víveres. Destacó que el objetivo del proyecto es dotar al Poder Ejecutivo de las herramientas necesarias para agilizar los procesos de compra y contratación requeridos ante la emergencia.

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Finalmente, se resolvió transferir los recursos a las gobernaciones, dado su mayor grado de cercanía con las zonas afectadas, aunque se canalizarán a través de la Secretaría de Emergencia Nacional. El proyecto contempla una ampliación presupuestaria de G. 15.000 millones, distribuidos equitativamente entre los tres departamentos.

El texto sancionado corresponde a la versión de la Cámara de Diputados y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.