Según publica Clarín, con un mensaje en redes sociales, el ministro Luis Petri anunció este fin de semana el blindaje de las frontera norte de Argentina con Paraguay, en un trabajo conjunto con sus colegas vecinos contra el narcotráfico, el terrorismo, la inmigración ilegal, el contrabando y otros delitos. Lo hizo junto al titular de Defensa paraguayo, Oscar González, con quien firmó la “Declaración de Clorinda”. En el marco del acuerdo, se habló del envío 10.000 efectivos de las fuerzas armadas.

El compromiso de ambos ministros, además, es el de poner en la zona “tecnología interoperable”: drones, sensores inteligentes con intercambio de información, hacer ejercicios y operaciones conjuntas combinadas.

“Garantizaremos la vida, la libertad, la paz y la independencia de nuestros pueblos”, señaló Petri, mientras en su equipo explicaron que el traslado de esos efectivos no será de manera conjunta, sino que esos 10.000 son los que estarán “disponibles de manera rotativa” en lo que consideró una apuesta “histórica”.

Qué dice la declaración de Clorinda

La Declaración de Clorinda estipula el despliegue de militares a lo largo de los 1.600 kilómetros de frontera compartida por ambos países para combatir el narcotráfico y el contrabando.

El convenio dice que los crímenes transnacionales como el narco “suponen un peligro común” para Paraguay y Argentina. Las operaciones de vigilancia y control serán desplegadas en los puntos más vulnerables y tendrán como principal foco la ví­a fluvial.

Petri y González se esforzaron en aclarar que la operación “no será una militarización donde los ciudadanos pierden sus derechos”.

Entre las iniciativas conjuntas acordadas en el documento, se destaca la implementación de un mecanismo de vigilancia y respuesta con tecnología interoperable, que incluirá el uso de radares, drones y sensores inteligentes para mejorar el control fronterizo. Asimismo, se fortalecerá la coordinación interinstitucional mediante protocolos de comunicación, operaciones combinadas y programas de capacitación conjunta entre fuerzas armadas, fuerzas de seguridad y organismos técnicos.

En tanto, los ministros anunciaron la intención de explorar la creación de un Centro de Excelencia en Defensa y Custodia Fronteriza, con el objetivo de desarrollar investigación, innovación tecnológica y estrategias integradas para la protección de la región.

La ministra del MOPC, Claudia Centurión, destacó la obra como clave para la conectividad de la región.

“Hoy comienza la nueva historia de María Antonia y de todo el departamento de Paraguarí, mucho más cerca, mucho más conectado”, afirmó la secretaria de Estado sobre esta obra, adjudicada al Consorcio Santa Lucía (Iniciativas Constructivas S.A. y DC Ingeniería S.A.).

El proyecto vial que abarcará 31,5 km corresponde al Lote 3 de la Licitación Pública Nacional N° 123/2024. El monto total del contrato asciende a G. 88.160.062.554 y será financiado con fondos locales.

La nueva infraestructura vial beneficiará a más de 15.000 pobladores de los distritos de María Antonia y Quyquyhó, así como a más de 260.000 habitantes del IX departamento, mejorando la conectividad y fomentando el desarrollo económico y social.

Con un plazo de ejecución de 24 meses, la nueva ruta promete mejorar el acceso y la comunicación entre ambas ciudades, optimizando el transporte, el comercio y la calidad de vida.

Además, se prevé un impacto positivo en la seguridad vial y la circulación de productos agrícolas de la región, sumado a la generación de mano de obra local que, se estima, rondará unos 300 empleos directos y otros 900 de manera indirecta.

La senadora Lizarella Valiente, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, destacó que este tipo de encuentros permite fortalecer las propuestas legislativas y garantizar que sean viables en la práctica. “Este proyecto de Ley, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, establece la obligatoriedad de conservar datos de tráfico para combatir la pornografía infantil y otros delitos conexos”, señaló.

Durante el debate, se propuso modificar el título del proyecto para reflejar mejor la realidad actual, marcada por una era digital en la que las plataformas y redes sociales facilitan la comisión de diversos delitos, algunos ya tipificados en el Código Penal. “Buscamos ampliar el alcance de esta ley sin desviar su objetivo principal”, explicó la legisladora.

Asimismo, subrayó que la normativa pretende obligar a las empresas proveedoras de servicios a conservar los datos de tráfico durante seis meses, con el fin de facilitar el acceso a información clave en el inicio de investigaciones judiciales.

Finalmente, anunció que se recomendará la aprobación del proyecto con modificaciones consensuadas con todas las partes involucradas, incluyendo proveedores de internet y el Ministerio Público. “Esta ley será una herramienta fundamental para las investigaciones de hechos punibles”, concluyó.

Cabe mencionar que la reunión contó con la participación de representantes de empresas proveedoras de servicios de internet; la Compañía Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL); el Ministerio Público y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, además de directores de las comisiones de Derechos Humanos y de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud.

Ambas intervenciones buscan mejorar la capacidad vial y la seguridad en los accesos a la capital y en la conexión con la ciudad de Luque.

Uno de los principales avances consiste en la presentación de los resultados de los estudios de tráfico realizados y que abarcan la avenida General Elizardo Aquino desde el monumento de Las Residentas hasta la intersección con la avenida Ñu Guasú y la calle Leonismo Luqueño. También se incluyó un análisis detallado de las intersecciones de la ruta D025, abarcando los accesos al parque Ñu Guasú y la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Asimismo, se completaron los estudios de campo de la D025, incluyendo los levantamientos topográficos y el conteo de tránsito. A su vez, se encuentran en desarrollo los estudios geológicos, geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos, así como el diseño final de ingeniería.

En este diagnóstico se evaluaron las condiciones actuales de circulación en ambas vías, identificando los puntos críticos en ambas arterias. A partir de estos datos, se propusieron soluciones de intervención vial con el objetivo de mejorar la movilidad, optimizar la circulación y garantizar condiciones seguras para peatones y conductores.

La duplicación de la avenida General Elizardo Aquino abarcará 4,4 kilómetros, desde el monumento de Las Residentas hasta la intersección con la autopista Silvio Pettirossi. Entretanto, la ruta D025 será intervenida en un tramo de 6 kilómetros, incluyendo la adecuación de intersecciones clave y la construcción de mejoras para optimizar el tránsito en la zona.

El proyecto prevé la construcción de dos puentes, un viaducto y un intercambiador frente al acceso N.º 2 del parque Ñu Guasú. Estas mejoras permitirán agilizar el tránsito y aumentar la seguridad vial en esta zona clave del departamento Central.

La ruta D025 cuenta con una inversión de G. 167.063.677.052, mientras que la duplicación de la avenida General Aquino demandará G. 133.573.887.296. Ambas obras son financiadas por Itaipú Binacional a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú – Paraguay (FPTI-PY).