Los fiscales Gabriel Segovia y Zunilda Ocampos resolvieron imputar por los hechos punibles de robo agravado y asociación criminal a David Antonio Silva Silva, de nacionalidad chilena, y Shirley Antonia Espínola Ramírez.

Según la acusación, estas dos personas habrían tenido participación en el asalto perpetrado a la jueza Ybete Welter de Troes y su esposo, el empresario Wolnei Aloisio Troes Canal, ocurrido en diciembre del año pasado en el Km 11 Acaray - Fracción El Puente de Ciudad del Este.

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En aquella oportunidad, una gavilla de delincuentes ingresó a la vivienda de la pareja y se apoderó de la suma de G. 810 millones, además de una escopeta marca Maverick y otros objetos de valor.

Durante un allanamiento en el domicilio de Espínola, se logró incautar el vehículo Kia Sportage que habría sido utilizado para cometer este golpe, junto con un monto de G. 10 millones que sería parte del botín.

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Cabe recordar que ya están imputados por esta misma causa Marcelo Vicente Venialgo, Ubaldo Báez Ramírez y Edgar Sosa Gadea, quienes fueron capturados con parte del dinero y otras evidencias. Todos ellos permanecen recluidos en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.

Tanto el ciudadano chileno como la mujer de nacionalidad paraguaya se encuentran prófugos de la justicia, con pedido de declaración de rebeldía por parte de la Fiscalía.

El pronóstico indica que el cielo estará mayormente nublado, con vientos del sur y precipitaciones dispersas. La temperatura llegará a 18 °C.

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Para mañana, jueves, se esperan lluvias dispersas con tormentas eléctricas ocasionales, cielo nublado a parcialmente nublado y vientos variables. La mínima será de 12 °C y la máxima de 16 °C.

El viernes, las extremas oscilarán entre 9°C y 22°C. El cielo estará escasamente nublado, soplarán vientos variables, luego del sureste.

El sábado se prevé un día frío en las primeras horas, luego cálido por la tarde, cielo escasamente nublado y vientos del sureste.

El procedimiento fue realizado este martes 18 de agosto, desde las 04:00, por funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), con apoyo de personal policial, en la zona de Coronel Oviedo.

Durante el control fue verificado un vehículo perteneciente a la empresa transportadora Alberdi Exprés, en cuyo interior se encontraban varias mercaderías.

Entre la carga fueron detectadas 74 cajas de calzados, cada una con 12 pares, además de otra caja que contenía 36 pares de calzados de distintas marcas.

En total, fueron retenidos 924 pares de calzados deportivos, que, de acuerdo con el informe de la DNIT, serían de posible procedencia brasileña.

Al momento de solicitar la documentación correspondiente, se presentó una Boleta de Levante N.º 0001425, a nombre de una ciudadana argentina. Sin embargo, según el informe, no se contaba con documentación que acreditara la importación o el libre tránsito de los calzados dentro del territorio nacional.

Posteriormente, una vez trasladado el procedimiento al predio de GICAL, se presentó Carlos Saúl González Báez, quien se identificó como propietario de la empresa transportadora.

El hombre fue informado sobre la situación de las mercaderías retenidas durante el procedimiento.

EL RESTO DE LA CARGA SÍ TENÍA DOCUMENTOS

Desde la DNIT señalaron que las demás mercaderías transportadas contaban con sus respectivas documentaciones legales.

Por este motivo, esas cargas fueron liberadas, al igual que el vehículo de la empresa transportadora.

El procedimiento culminó a las 10:46 y quedó documentado con la firma de los funcionarios intervinientes y del propietario de la empresa.

La mercadería retenida quedó sujeta al procedimiento correspondiente para determinar su situación legal y eventual ingreso irregular al país.

La mujer expuso públicamente en comunicación con la radio Universo 970/Nación Media, la crítica situación burocrática y procesal que atraviesa desde hace más de cinco años. Denunció el incumplimiento del deber alimentario por parte de su expareja, quien pese a acumular una deuda calculada en G. 131.791.000 y contar con antecedentes de rebeldía judicial, no figura en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

El conflicto inició en el año 2016 con la firma de un acuerdo de homologación judicial en el cual se estableció una prestación mensual de G. 2.000.000 más la cobertura de un seguro médico.

Según el relato de Melgarejo, el demandado nunca cumplió con el pago del seguro ni con el monto estipulado de forma regular. Ante la falta de pago, en el año 2020 la denunciante formalizó la denuncia en la vía penal, lo que derivó en la apertura de una investigación fiscal por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Durante el proceso penal, el denunciado fue declarado en rebeldía y se mantuvo prófugo de la justicia durante varios años. Pese a que en las audiencias el imputado alegaba no contar con recursos económicos para cubrir la suma adeudada, el Ministerio Público otorgó un plan de pagos a 36 meses, pero volvió a incumplir lo pactado y permaneció prófugo dos años más, hasta entregarse en febrero de este año.

Melgarejo señaló que el tercer juicio oral programado para el pasado 30 de julio volvió a ser suspendido, mientras que el hombre actualmente se desempeña en el área de gastronomía y trabaja en instituciones educativas.

La denunciante cuestionó además las barreras administrativas para lograr la inclusión del moroso en el REDAM. Tras iniciar las averiguaciones este año, Melgarejo acudió al juzgado de la niñez correspondiente para solicitar el trámite, esperando que la inscripción fuera inmediata o respetara los plazos estipulados de 72 horas. Sin embargo, denunció haber recibido un trato deficiente y exigencias que contravienen la normativa vigente.