Seis años atrás, Paraguay comenzó a implementar el uso de IA en su sistema de empleos y se posicionó en la región como un Estado pionero en la inclusión de este tipo de tecnologías en políticas públicas. Así nació ParaEmpleo, ahora conocido como EmpleaPy. Miles de personas cargaron sus datos personales en un CV online y seleccionaron sus preferencias para conseguir un puesto de trabajo. Si bien el Portal EmpleaPy fue creado con el fin de aumentar la empleabilidad mediante la automatización de procesos, según un estudio detallado dirigido por Derechos Digitales, los sistemas de toma de decisiones automatizada (ADM, por sus siglas en inglés) se implementan en el país sin un marco sólido de protección de datos personales. Esto plantea preocupaciones sobre la falta de garantías adecuadas para las personas usuarias de la plataforma.

El proyecto Inteligencia Artificial e Inclusión, coordinado por la ONG Derechos Digitales desde 2019, ya cuenta con 10 casos de estudio en donde la IA se implementa en distintos gobiernos de América Latina en políticas públicas en áreas sensibles como las de empleo, educación, seguridad, entre otras, tanto a nivel nacional como subnacional. Algunos de los resultados principales exponen baja efectividad de estos sistemas, marcos normativos inadecuados, cuestionable manejo de información personal y escasos espacios abiertos a la participación ciudadana.

“La digitalización de la intermediación laboral en Paraguay, con el sistema EmpleaPy, evidencia los desafíos de construir plataformas de empleo basadas en datos con criterios de equidad y transparencia, en un contexto sin una legislación en protección de datos personales. También es un ejemplo de cómo el Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, puede transitar de la dependencia de tecnologías del sector privado al desarrollo de sistemas públicos, lo que le permitiría un mayor control sobre los datos para almacenar y procesar”, subrayó Juan Manuel García, Coordinador de investigación de Derechos Digitales.

Si bien durante el último tiempo la introducción de nuevas herramientas de IA en la plataforma permite optimizar el proceso de selección de personas, el informe evidencia que aún no existe un análisis de riesgo de sesgos de clasificaciones sobre los perfiles, los datos personales, o potenciales errores para garantizar que la herramienta sea lo más inclusiva posible. El caso de Paraguay, uno de los pocos países de América del Sur que aún no cuenta con una ley de protección integral de datos personales, fue analizado por TEDIC en colaboración con Derechos Digitales.

Los otros casos del proyecto incluyen experiencias de IA aplicadas por los Estados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. El conjunto de las investigaciones desarrolladas con organizaciones de América Latina, demuestra que el uso de esta tecnología en la implementación de políticas públicas sin las garantías adecuadas, puede afectar derechos fundamentales como la privacidad, el acceso a la justicia y la equidad en la toma de decisiones estatales.

“El uso de inteligencia artificial en la función pública no es solo una cuestión técnica, sino una decisión política con implicancias profundas para los derechos humanos. Los casos analizados muestran cómo estas tecnologías pueden reforzar desigualdades, afectar la intimidad y limitar el acceso a beneficios sociales, especialmente cuando se implementan sin transparencia, supervisión adecuada o mecanismos de rendición de cuentas”, agregó García.

La decisión fue adoptada por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, mediante la Resolución N.° 2540, por la cual designó a la fiscal especializada en Delitos Informáticos, Irma Llano, para llevar adelante las investigaciones.

La resolución señala que la causa tiene origen en la denuncia remitida el 13 de julio por el ministro del MITIC, Gustavo Villate, quien puso en conocimiento del Ministerio Público los supuestos hechos punibles de acceso indebido a datos y sistemas informáticos del Estado.

La denuncia fue presentada luego de que, el pasado 10 de julio, los gobiernos de Paraguay y Estados Unidos emitieran una declaración conjunta en la que informaron que una revisión de ciberseguridad detectó la infiltración de sistemas del Estado paraguayo por parte de múltiples actores de amenaza vinculados al Gobierno chino.

En ese documento también se recuerda que una investigación realizada en 2024 identificó al grupo de ciberespionaje Flax Typhoon, al que ambos gobiernos atribuyen vínculos con el Gobierno chino y la infiltración de sistemas gubernamentales paraguayos.

Con base en esos antecedentes, el MITIC formalizó la denuncia ante el Ministerio Público, que ahora impulsará la investigación penal para esclarecer el alcance de los accesos indebidos, identificar a los responsables y determinar las eventuales responsabilidades penales.

La resolución recuerda que corresponde al Ministerio Público dirigir la acción penal pública y realizar todas las diligencias necesarias para reunir los elementos de convicción que permitan esclarecer los hechos denunciados.

En la noche de este lunes se registró un hecho de hurto agravado en un local gastronómico denominado “Q’ Delicia”, ubicado en el Km 6,5 - barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este.

Dos delincuentes llegaron a esta lomitería a bordo de una motocicleta y aprovecharon la ausencia de personas en el lugar para poder ingresar, para lo cual violentaron la puerta de acceso.

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Una vez dentro, lograron apoderarse de una importante suma de dinero, que asciende a alrededor de G. 25.000.000, que se encontraba en el interior de una caja de madera.

Asimismo, los bandidos se llevaron una máquina tragamonedas, un horno, un equipo de sonido y el DVR del sistema de circuito cerrado, conforme a la denuncia del propietario del negocio, de nombre Julio Duarte.

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El hecho fue descubierto por empleados del establecimiento cuando llegaron al sitio y se percataron que la puerta había sido forzada, dando posteriormente aviso a su jefe.

La Policía Nacional ya inició la investigación por este caso y se encuentra analizando las imágenes de las cámaras de seguridad, a fin de tratar de identificar a los autores.

El procedimiento fue realizado en coordinación con agentes fiscales de la Unidad Especializada de Propiedad Intelectual y Contrabando del Ministerio Público, tras denuncias presentadas por titulares de derechos marcarios.

Durante la inspección, autorizada por orden judicial, los intervinientes verificaron un total de 846 cajas máster que contenían perfumes de distintas marcas, modelos y fragancias. En el primer contenedor fueron contabilizadas 404 cajas y en el segundo 442.

El director general de Observancia de la DINAPI, Diego Bernal, señaló que la incautación representa un multimillonario golpe a las estructuras dedicadas a la comercialización de productos falsificados.

Además del perjuicio económico que ocasionan a los titulares de marcas, Bernal advirtió que este tipo de mercaderías también representa un riesgo para la salud de los consumidores, ya que carecen de controles de calidad, registros sanitarios y mecanismos que permitan garantizar su composición, seguridad y trazabilidad.

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Por disposición de la Fiscalía, toda la carga fue trasladada al depósito La Piedad del Ministerio Público, donde permanecerá bajo resguardo mientras continúan las diligencias investigativas.

Los investigadores buscan identificar a los propietarios de la mercadería, establecer su origen y realizar las pericias técnicas correspondientes para confirmar la autenticidad de los productos.

El conteo de las unidades aún continúa, aunque las autoridades estiman preliminarmente que la incautación supera los 200.000 perfumes.

Desde la DINAPI destacaron que este tipo de operativos forma parte de las acciones para combatir la piratería, proteger los derechos de propiedad intelectual y promover el comercio legal en el país.