La fiscal Cinthia Leiva Cardozo formuló imputación por el hecho punible de tentativa de homicidio doloso contra Luis Alexis Vázquez Acosta, de 21 años.

Este joven había sido denunciado por atacar con un machete a una vecina con la intención de herirla, además de amenazarla de muerte.

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El hecho se registró días atrás en el Sector IV del barrio Remansito de Ciudad del Este. En aquella oportunidad, el joven se encontraba causando disturbios, gritando y pateando la muralla de la vivienda de la mujer.

Molesta por este comportamiento, la misma decidió salir para reclamarle por su accionar, hecho que molestó a Vázquez, quien intentó herirla con el arma blanca, lo cual no sucedió gracias a que la víctima pudo agacharse justo a tiempo.

Luego del incidente, la afectada acudió a la comisaría para formular la denuncia. Al regresar a casa, encontró a este joven volviendo a provocar desmanes, por lo que una vez más le hizo el reclamo, recibiendo como respuesta la siguiente amenaza: “Aiketa ndeve rojuka, ndaipori orremedia va’era”.

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Vázquez intentó huir hacia un arroyo al notar la presencia policial, siendo finalmente reducido por los agentes intervinientes, quienes lo llevaron a la comisaría.

La fiscal del caso solicitó al Juzgado de Garantías que decrete la prisión preventiva del imputado, atendiendo la gravedad de sus actos.

“Estamos dando una batalla frontal a la informalidad laboral y los datos son contundentes: alcanzamos 818.000 empleos formales, con un crecimiento histórico de casi 64.000 en el año 2025. No hay otros periodos de gobierno que hayan logrado un crecimiento de esta magnitud en apenas diez meses”, destacó la ministra de Trabajo, Mónica Recalde.

El informe indica que, entre octubre de 2024 y octubre de 2025, la cantidad de cotizantes en el régimen general del IPS creció de 720.996 a 818.761, lo que equivale a más de 58.000 nuevos empleos formales.

La tasa de variación interanual también refleja esta tendencia positiva, pasando de 3,3% al inicio del actual gobierno a 7,6% en octubre de 2025, consolidando así un ritmo sostenido de expansión del empleo formal.

Desde el inicio de la actual administración, en julio de 2023, se generaron 111.123 nuevos empleos formales, lo que evidencia el impacto de las políticas públicas impulsadas por el Ministerio para fomentar la formalización laboral y ampliar la cobertura de la seguridad social.

Este desempeño no solo demuestra la solidez del proceso de formalización, sino también su sostenibilidad en el tiempo, en línea con el objetivo de construir un mercado laboral más inclusivo, justo y sostenible.

La titular del MTESS señaló que, si bien los resultados son alentadores, el desafío continúa.

“Reconocemos que debemos redoblar los esfuerzos; por ello, vamos a intensificar los controles y fiscalizaciones para combatir el empleo en negro. La informalidad es una batalla de todos y debe ser una responsabilidad social compartida”, subrayó.

Los datos fueron elaborados por el Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con base en los registros del Observatorio Institucional del IPS.

Se trata del suboficial Freddy Alcides Martínez Ferrari, en cuyo poder se hallaron dos paquetes de cocaína, con un total de 2 kilos de la sustancia. La carga tiene un valor aproximado de entre 12 a 15.000 dólares.

El suboficial quien presta servicio en Pozo Colorado, transportaba los paquetes desde el Chaco, pero aparentemente de origen boliviano.

Al respecto, Francisco Ayala, director de Comunicación de la Senad, explicó a Universo 970 AM, que el hombre fue interceptado en la zona de los comedores de Remanso a bordo de un vehículo.

Se presume que el destino final era una red de microtráfico del departamento Central, donde aproximadamente se pretendía distribuir 10.000 dosis de la droga.

“Es un golpe considerable en lo que respecta al microtráfico. Lastimosamente un personal policial involucrado, lo que le hace mucho más grave al caso”, señaló Ayala.

Esta iniciativa, fundamentada en los artículos 172 y 175 de la Constitución Nacional, propone modernizar las herramientas de prevención del delito mediante el uso controlado de sistemas de grabación de imágenes y sonidos en espacios públicos.

Según la exposición de motivos, el proyecto surge ante la necesidad de regular el funcionamiento de las videocámaras que ya utilizan tanto la Policía Nacional a través del Sistema 911, como vecinos organizados y particulares.

El texto establece que la instalación de cámaras fijas requerirá autorización previa de la Policía Nacional, basada en criterios de proporcionalidad y estudios de mapas de criminalidad.

Un aspecto central es la creación de consejos vecinales con autoridades reglamentadas, que colaborarán con la Policía Nacional mediante un observatorio permanente de seguridad ciudadana, pudiendo incluso aportar equipamiento tecnológico.

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El proyectista, diputado Yamil Esgaib, refirió que la intención es “fortalecer la base de datos de la Policía Nacional”. Esto, según el legislador, implementando “la estrategia de que la gente que tenga cámaras mirando hacia el sector público, a la calle, deba comunicar a la comisaría que corresponde a su barrio”.

El documento que se encuentra en su primer trámite constitucional fue aprobado en general, y el pleno resolvió postergar por una semana su estudio en particular.