El Crio. César Diarte, jefe de Investigación de la Policía Nacional, informó que para la detención de Gustavo Florentín montaron un operativo en tres lugares que el uniformado solía frecuentar.

Una vez reducido, encontraron en su poder cinco armas largas, un arma corta, 700 dosis de cocaína tipo crack y 18 paquetes de marihuana. El suboficial tenía una orden de captura por un caso de robo agravado perpetrado el 11 de diciembre en Areguá.

“Aparentemente sería integrante del clan Rotela, en su detención dijo la famosa frase en alusión al grupo e hizo el gesto que ellos hacen”, comentó el jefe policial, en una entrevista con la emisora 1080 AM.

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Detalló que Florentín proveía las armas y se encargaba de la parte logística. Además, se dedicaba al traslado y al microtráfico en Central. “Ya era parte importante del grupo que estamos hablando”, enfatizó.

Gustavo Florentín es policía activo y debía presentarse a la Dirección Policial de Cordillera desde el año pasado, sin embargo, nunca regresó. Desde entonces hay un sumario abierto por ese hecho.

Florentín estaba como policía de planta, lo cual implicaba poder cumplir varias funciones, entre ellas, hacer oficina, salir a la calle, custodiar lugares, etc. Todo esto, pese a tener un proceso abierto por la muerte de Rodrigo Quintana.

Dos allanamientos fueron ejecutados esta mañana por personal del Departamento de Investigaciones en la zona norte del país, uno en el barrio San Antonio de Concepción y otro en la localidad de Paso Horqueta.

En dichos procedimientos, se logró la detención de dos supuestos delincuentes: Luis Milciades Núñez (42), con antecedentes por homicidio doloso, resistencia y otros delitos, y Alfredo Agustín Gutiérrez Aguilera (36).

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Ambos sujetos son acusados de integrar la banda criminal que días atrás perpetró un millonario asalto en la oficina administrativa de la cadena de supermercados “Yasy”.

La identificación y captura de Núñez fue posible luego de un meticuloso análisis de las imágenes de circuito cerrado de la zona, informó el periodista de Nación Media, Ángel Flecha.

Según mencionó el fiscal Joel Díaz, este hombre se había sacado el casco de motocicleta cuadras más adelante de la oficina asaltada, quedando así su rostro registrado en las cámaras de seguridad.

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En una de las viviendas allanadas, los intervinientes incautaron la suma de G. 12.900.000 en efectivo, que sería parte del botín, además de tres teléfonos celulares y otras evidencias.

En este atraco, los malvivientes se habían apoderado de un monto que ronda los G. 500 millones, correspondiente a la recaudación del fin de semana en los supermercados que forman parte de la cadena.

El titular del INDERT, Francisco Ruiz Díaz, explicó en entrevista con el canal GEN que la estrategia responde a una planificación previa y marca un cambio radical en la política de tierras en nuestro país.

“Por más de un siglo, el Estado acumuló 4 millones de hectáreas sin transferirlas a sus ocupantes. Ahora estamos devolviendo la tierra a quienes realmente la trabajan”, afirmó.

La falta de títulos fue una de las principales trabas para el desarrollo del sector rural, ya que impide el acceso a créditos, limita la inversión y priva a los campesinos de seguridad jurídica sobre sus tierras. “Con un título en mano, los productores pueden financiar mejoras, expandir sus cultivos y garantizar un futuro a sus familias”, destacó Ruiz Díaz.

El entrevistado destacó que la titulación seguirá siendo una prioridad del gobierno, de modo a transformar la vida de miles de compatriotas del campo.

En Bogotá, la esposa, padres y hermanos del fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Cartagena el 10 de mayo del 2022, presentaron una demanda al estado colombiano y exige una reparación de más de USD 2 millones de dólares.

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Según el documento, existieron omisiones graves que facilitaron a que los sicarios puedan tener conocimiento sobre los detalles de la visita de Pecci y su esposa en Cartagena, por lo que, la demanda también apunta a Hoteles Decameron.

Para la familia, la información sobre el alojamiento de la pareja los movimientos que realizaban en el día a día fue filtrada.

Además, en el documento cuestionan a la Policía de Colombia y otras autoridades por la falta de intervención en el magnicidio.

La demanda también señala que el fiscal Pecci no fue alertado de los peligros que estaba corriendo, y tampoco se realizó un seguimiento de las actividades sospechosas de los sicarios.