A las 8:00 de la mañana, en el Palacio de López, se llevará a cabo la cumbre de poderes este lunes, con el presidente Santiago Peña, los titulares de Senadores y Diputados, Bachi Núñez y Raúl Latorre, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón y el contralor general de la República, Camilo Benítez.

“Para poder dialogar todos juntos sobre esta problemática (chats de Lalo) y pensar juntos, así como hice la primera semana que asumí y le pedí que nos unamos para luchar contra la corrupción”, expresó Peña durante un recorrido por las obras viales de San Lorenzo.

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El mandatario señaló que la corrupción no solamente está en la clase política, en el sector privado, en los medios y en la sociedad, por lo cual, la lucha debe ser trabajo de todos.

“Estoy preocupado, pero me estoy preocupando de estos temas, estoy tomando acciones, algunas se ven, otras van a tardar más. Quiero que se clare todo, quiero que la justicia haga su trabajo y va a tener la colaboración del Ejecutivo, so el más interesado en que se aclare todo”, afirmó.

Por otro lado, Peña ratificó su respaldo a los hermanos Alcaraz: Liliana y Marco, a quienes conoce desde hace mucho tiempo.

“Dos personas a quienes conocí en su trabajo anterior a ser ministros, ambos como fiscales, con una larga trayectoria, conocimiento, idoneidad y sin antecedentes negativos. Les encomendé el manejo de la inteligencia y de la prevención de lavado de activos y hoy les puedo decir que ambos siguen gozando de mi confianza, ellos me han dado las explicaciones, me han pedido aclarar todo y están a disposición para aclarar”, expresó Peña.

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Se trata del acuerdo internacional más importante del siglo XX para el país después de la firma del Tratado de Paz del Chaco; porque cambiaría la historia de Paraguay y Brasil.

Las diferencias limítrofes entre ambos países encontraron la solución en una obra para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos del río Paraná, perteneciente en condominio a las dos naciones, desde el Salto del Guairá o Salto Grande de Sete Quedas hasta la desembocadura del río Yguazú.

La rúbrica del instrumento tuvo lugar hace 52 años en el Palacio de la Meseta, Brasilia, y en representación de las Altas Partes Contratantes suscribieron el documento los cancilleres Raúl Sapena Pastor (Paraguay) y Mario Gibson Barboza (Brasil), ante la presencia de los presidentes Alfredo Stroessner y Emilio Garrastazú Médici, respectivamente.

El documento estableció las bases para la construcción de la mayor planta hidroeléctrica en generación de energía del mundo. Posteriormente, el Tratado sería aprobado primero en el Brasil el 30 de mayo de 1973, y luego en el Paraguay el 17 de julio de 1973.

Su entrada en vigor se produjo el 13 de agosto del mismo año con el intercambio de los documentos de ratificación.

Con la firma del documento se dio cumplimiento a lo establecido en el Acta Final firmada en Foz de Yguazú el 22 de junio de 1966, en lo que respecta a la división en partes iguales, entre los dos países, de la energía eléctrica eventualmente producida en el tramo referido. De hecho, la mencionada acta es considerada la piedra angular sobre la cual se erigió posteriormente el Tratado.

El Juzgado Penal de Garantías de Ciudad del Este, anuló la prisión preventiva que pesaba sobre el abogado Walter Acosta desde hace un mes.

Acosta, imputado por coacción, coacción grave y resistencia luego de agredir a una fiscalizadora del INTN, ofreció propiedades y otros bienes como caución real.

Pese a que la fiscal Rocío González y los abogados querellantes Karina Almeida y Daniel Alarcón se opusieran a la medida, el juez interino Amilcar Marecos decidió otorgar al abogado medidas alternativas a la prisión, como la prohibición de salir del país.

Walter Acosta está procesado por agredir cobardemente a la funcionaria el pasado 18 de marzo durante una verificación de los picos expendedores de combustibles en la estación de servicios Tres Fronteras.

El INTN había presentado una querella adhesiva por resistencia contra Walter Ramón Acosta, bajo patrocinio de la Procuraduría General de la República.

La fiscal María Laura Finestra imputó al trabajador de 60 años que, el jueves pasado, cuando descargaba mercaderías en un negocio del barrio Santa Ana de Asunción, fue interceptado por dos hombres armados en una motocicleta.

En ese instante Carlos Alberto se percató de las intenciones de las dos personas y con un arma de fuego calibre 38 que poseía en su vehículo, bajó y realizó disparos intimidatorios hacia arriba, sin mirar hacia donde fue el proyectil que luego impactó en Jonatan Ariel Franco Galeano, quien falleció en el sitio.

El fallecido cuenta con frondosos antecedentes por robo agravado entre el año 2022 y 2023.

El trabajador se puso a disposición de la justicia y el viernes declaró ante el Ministerio Público que, finalmente, lo imputó según lo establecido en el Art. 105 inc. 3 del Código Penal.