Según el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, representante legal de Orlando Arévalo, el Ministerio Público es el titular de la acción y, por ende, el dueño del teléfono y de los datos extraídos por ley. En este sentido, afirmó que el juez se apropió de informaciones que pertenecen a la Fiscalía e hizo un uso indebido y discrecional de estos datos. “Puede ser grave lo que se presente en esos chats, pero su origen es ilegítimo e ilegal. Eso impide incluso creer en la autenticidad de lo que se publicó”, argumentó.

El abogado enfatizó que la divulgación de la pericia representa un resquebrajamiento del Poder Judicial, dado que enfrenta a la Fiscalía con los juzgados. “Los dueños de la evidencia reclaman que no la tienen y se les insta a avanzar con la acción penal sobre personas sindicadas en los chats, pero esos chats no existen en la carpeta fiscal”, sostuvo.

Consultado sobre si esto se realizó como anticipo jurisdiccional de prueba, el abogado aclaró que la Fiscalía nunca pidió tal medida, sino solo la autorización para extraer los datos. Sin embargo, el juez ordenó el anticipo por cuenta propia, recibió los resultados, los divulgó sin dejar constancia alguna y hasta la fecha no entrega ni los celulares ni los datos extraídos al Ministerio Público.

Violación de la cadena de custodia

Duarte criticó la falta de transparencia en el proceso, mencionando que la única constancia de la apertura del sobre lacrado con la pericia es del 6 de febrero, tres días después de su publicación en medios de comunicación. “El juez hizo un show para simular que todo se hizo conforme a la ley, pero hasta hoy no entrega el resultado ni a la Fiscalía ni a la defensa”, subrayó.

Sobre las críticas en su contra, el abogado señaló: “No estoy de acuerdo con la violación de la ley para justificar un ataque político. Si toleramos esto, estamos permitiendo que se rompa nuestra Constitución”. Aseguró que la filtración provino de la Corte Suprema de Justicia, que debía preservar la información, y que el propio juez Osmar Legal utilizó los chats filtrados como argumento en un documento presentado al Ministerio Público el 3 de febrero.

Posibles acciones legales contra el juez Osmar Legal

Duarte sugirió que la Fiscalía debería abrir una causa penal contra el juez por prevaricato y otros delitos. “En el marco de esa causa, podría pedirse el allanamiento de su despacho para incautar su computadora, teléfono y otros elementos que ayuden a esclarecer cómo se generó este escándalo”, explicó.

La situación genera un enfrentamiento no solo entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, sino también entre periodistas y actores políticos, según Duarte. “Lo grave es que toda la manipulación de la justicia que se ve en esos chats no podrá ser probada ahora por culpa del juez Osmar Legal”, concluyó.

El abogado Rubén Lial, en entrevista con la Megacadena, dio a conocer la situación que tuvo como protagonista a su cliente, Elvin Gonzalo Amarilla Brítez, de 18 años.

Este joven es uno de los detenidos en la ciudad de Encarnación, Itapúa, como parte de la Operación “Ícaro”, que desarticuló una estructura de ciberdelincuentes dedicada al vaciamiento de cuentas bancarias y billeteras electrónicas.

Antecedentes: Joven de 18 años y sus excompañeros integraban banda dedicada a vaciar cuentas

Amarilla y otro de sus amigos que también fue arrestado en aquel procedimiento habrían sido sometidos a maltratos físicos, de acuerdo a lo manifestado por el profesional del derecho, esto durante su estadía en la Dirección de Asuntos Judiciales de Encarnación.

“Les llevaron donde estaban otros recluidos y ahí es donde se dio la golpiza”, añadió Lial, mencionando que, en un principio, la familia prefirió no denunciar este hecho de violencia por temor a posibles represalias.

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Las supuestas agresiones habrían ocurrido entre el miércoles 2 y el lunes 6 de abril, mientras ambos jóvenes aguardaban su traslado a la cárcel de Encarnación, una vez cumplida la audiencia de imposición de medidas.

El caso ya se encuentra en instancias de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, que se encargará de abrir una investigación formal para dilucidar la veracidad de los hechos denunciados.

La iniciativa apunta a establecer un marco normativo para la tenencia de canes de gran porte, considerando que, por sus características físicas, podrían representar riesgos si no son manejados adecuadamente.

En la exposición de motivos se plantea la necesidad de fomentar una cultura de respeto hacia los animales, así como promover la responsabilidad de los propietarios en su cuidado y manejo, a fin de evitar situaciones de peligro tanto para las personas como para otros animales.

Representantes de la Asociación Pitbull Paraguay, impulsores del proyecto, señalaron que vienen trabajando en la concienciación sobre el maltrato animal mediante cursos, seminarios y campañas en redes sociales. Asimismo, destacaron la importancia de combatir la estigmatización de ciertas razas, muchas veces catalogadas como peligrosas por la opinión pública.

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En ese sentido, mencionaron datos del Centro Antirrábico Nacional que refieren un promedio de unos 30 casos diarios de mordeduras de animales en el área metropolitana, sin distinción de especies.

El proyecto también plantea definir como “razas fuertes” a aquellos perros cuyo peso corporal supere los 15 kilogramos, y establece que la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal será la autoridad de aplicación de la eventual normativa.

La entrega física de documentos de los postulantes seleccionados se realizará los días 27 y 28 de mayo, en sede de la ANEAES.

Para acceder a todos los documentos y la información detallada, los interesados deberán ingresar a: https://www.aneaes.gov.py/pasantias-universitarias/

Los postulantes deberán completar los formularios disponibles en el enlace mencionado y remitir la documentación requerida en formato PDF al correo pasantias@aneaes.gov.py, dentro del periodo de postulación.

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La convocatoria contempla 5 vacancias y está dirigida a estudiantes paraguayos de entre 18 y 24 años, que cursen carreras habilitadas y acreditadas por la ANEAES, con al menos el 50% de la malla curricular aprobada y un promedio académico mínimo de 3.0. Asimismo, el postulante no debe poseer vínculo laboral con el Estado.

Las áreas habilitadas para postular incluyen las carreras de Ciencias Empresariales, Derecho, Comunicación (periodismo, audiovisual e institucional), Diseño Gráfico e Ingenierías.

El programa ofrece a los seleccionados la oportunidad de adquirir experiencia en un entorno institucional, desarrollar competencias técnicas y profesionales, obtener certificación oficial y acceder a un estipendio mensual de G. 1.200.000, con un horario de 08:00 a 13:00 horas.

La institución recuerda que todas las etapas del proceso son de cumplimiento obligatorio y estarán bajo la supervisión del Comité de Selección. Cualquier modificación deberá ser debidamente justificada y autorizada por la Máxima Autoridad Institucional. Para más información o consultas, se encuentra habilitado el correo electrónico oficial del programa: pasantias@aneaes.gov.py.