Agentes de la Subcomisaría 46ª de Ciudad del Este están siendo investigados por un presunto caso de extorsión y agresión ocurrido en la madrugada del jueves.

Según la denuncia presentada por las víctimas, los policías abordaron a los jóvenes en una estación de servicio ubicada sobre la avenida San Blas y les exigieron la suma de G. 6 millones. Tras ser golpeados y ante el temor, ambos entregaron G. 2 millones para ser liberados.

Las víctimas fueron identificadas como Fernando Nicolás Britos Román, ingeniero agrónomo de 28 años, y su amigo Diego Lezcano, de 24 años. Britos Román conducía una camioneta GEELY, color blanco, cuya matrícula aún está en trámite debido a que es cero kilómetro.

El ingeniero relató que se encontraba cerca de su domicilio, en las inmediaciones de la estación de servicio Puma, cuando fue interceptado por los uniformados.

“Nosotros íbamos a comprar algo que nos faltaba y, justo en ese momento, ellos estaban realizando un control de vehículos a unos 200 metros. Tal vez pensaron que huíamos, pero de repente actuaron de manera muy violenta”, explicó a un medio local.

Según su versión, los agentes lo agredieron físicamente y, a pesar de intentar dialogar para explicarles que su vehículo era nuevo y aún no tenía chapa, fue reducido y subido a una patrullera. “Me negué a entregarles las llaves, pero uno de los policías utilizó su picana para inmovilizarme y me las sacó de la mano”, denunció.

Posteriormente, Britos Román, Lezcano y el vehículo fueron trasladados a la Subcomisaría 46ª, donde los policías realizaron una nueva revisión del automóvil. Al pedir explicaciones, el ingeniero fue nuevamente agredido. Su amigo, al intentar grabar la situación, fue despojado de su celular.

La situación culminó cuando Susan Carina Ocampos, esposa de Britos Román, llegó al lugar. Al ser coaccionada por los agentes, Ocampos logró reunir G. 2 millones para pagar por la liberación de su esposo.

La denuncia fue presentada por las víctimas y el ingeniero agrónomo aseguró que hará una denuncia formal este ante el Ministerio Público.

En el marco de un operativo de control y verificación, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) detectó y retiró una conexión irregular de Baja Tensión, cuyo suministro corresponde al NIS 1730394, a nombre de César Villalba Riquelme, ubicado en la ciudad de Fram, departamento de Itapúa.

La irregularidad consistía en una derivación directa antes del medidor, mediante cuatro conductores de 16 mm² conectados a la altura de la acometida, que eran utilizados para abastecer un local de expendio de bebidas y otros servicios dentro del predio. El perjuicio patrimonial estimado asciende a G. 15.770.664, en concepto de energía eléctrica no facturada.

Ante esta situación, los funcionarios intervinientes procedieron al retiro total del servicio eléctrico, requiriendo a los responsables del establecimiento regularizar el suministro ante la institución.La ANDE recuerda que, conforme a lo establecido en el Artículo 7300/24 del Código Penal Paraguayo, la sustracción de energía eléctrica constituye un hecho punible, con una pena privativa de libertad de hasta 10 años.

Poco antes de las 06:00 hs del martes se registró un asalto a mano armada en la sucursal de la cadena Punto Farma ubicada sobre la Avenida San José, en el barrio San José de Ciudad del Este.

Resultaron víctimas de este atraco tres empleadas, identificadas como María Isabel Lezcano Romero (25), Magali Monserrath Quiroga Valdéz (23) y Ada Emilia Ramírez Cañiza (26), quienes fueron abordadas por un grupo de delincuentes.

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Tres hombres armados aguardaron el horario de apertura de la farmacia y el ingreso de las trabajadoras a su turno habitual para ejecutar el golpe, interceptándolas en la puerta trasera del local.

Una vez dentro, los criminales se apoderaron de varias cajas de productos de la marca Lipoless 15 que se encontraban en un refrigerador con candado, así como también de la suma de G. 1.200.000 que quedó en la oficina administrativa.

Los autores del asalto no lograron abrir la segunda heladera que contenía más fármacos con tirzepatida, así como tampoco la caja fuerte, que era uno de sus principales objetivos, por lo que el botín pudo haber sido mayor.

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Una vez lograron su cometido, se dieron a la fuga a bordo de un automóvil de la marca Toyota modelo Premio color plata. Dicho vehículo tenía en el parabrisas un cartel electrónico con la palabra “Bolt”, según indicaron las víctimas.

Cabe señalar que los medicamentos robados contenían dos dispositivos de rastreo GPS, los cuales fueron arrojados por los ladrones en un sector del barrio 23 de Octubre de la capital altoparanaense.

En una charla con los medios, Santiago Peña fue consultado acerca del reclamo de pago por parte de las constructoras y farmacéuticas.

Sobre el punto descartó dos métodos planteados: el aumento de impuestos y el incremento del tope establecido al déficit fiscal.

“Yo no estoy de acuerdo en el aumento de los impuestos, siempre dije, mientras yo sea presidente no voy a plantear aumento del impuesto, creo que todavía hay mucha grasa que cortar”, opinó.

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En cuanto al déficit fiscal, cuestionó que muchos planteen como algo sencillo aumentar el tope del déficit fiscal. Recordó que en su tiempo de ministro de Hacienda se encargó de hacer cumplir la Ley de Responsabilidad Fiscal y que en el siguiente gobierno no se respetó el tope ni un solo año, por ello, en su administración se ocuparon de restablecerlo.

Respecto al camino que tomarán para cubrir las deudas con las constructoras y las farmacéuticas contestó:

“Se va a honrar con un crecimiento económico y una disminución de los gastos corrientes. Eso no hay discusión, eso se va a honrar en el corto plazo, vamos a resolver eso, vamos a honrar y vamos a enfrentar”, prometió.

También señaló el problema de origen y sostuvo que está en el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación, pues durante la discusión se aprueban planes que no son financiables, además de ceder a cuantiosos pedidos de aumentos, cuando no hay disponibilidad, más allá de que sean genuinos los reclamos.