El abogado Oscar Tuma mencionó en entrevista con el canal GEN que, en circunstancias normales, el magistrado ya debería haber sido sumariado por sus acciones, que generaron dudas sobre la cadena de custodia de las pruebas y la imparcialidad en el proceso judicial.

“El que conoce de derecho te dice que hay que echar al juez Osmar Legal porque se encargó de anular y sacar a esos elementos su valor probatorio o terminó destruyendo un elemento vital de lo que se está dando”, arguyó.

El entrevistado señaló la responsabilidad del juez en la filtración de las evidencias a los medios de prensa. “El juez violó la norma establecida para el manejo de la cadena de custodia de una prueba pericial, accediendo a informaciones de forma indebida”, afirmó Tuma. Además, indicó que la forma en que la información llegó a los medios de comunicación demuestra una falta de control y transparencia en el proceso.

Tuma sostuvo que, ante la falta de acción de las autoridades, la familia decidió entregar el material completo a todos los medios de comunicación para evitar la manipulación política del caso. Según el abogado, existen antecedentes en los que el juez Legal intervino de manera similar, afectando procesos judiciales sensibles.

El caso también es objeto de críticas por la falta de avances en la investigación del asesinato del diputado Lalo Gomes. “Han transcurrido siete meses desde el crimen y no se ha imputado a nadie ni tomado declaraciones relevantes”, enfatizó Tuma. Además, advirtió que la forma en que se manejó la evidencia podría derivar en la nulidad de elementos claves para el esclarecimiento del caso.

Uno de los puntos más controversiales es la cadena de custodia de las pruebas. Según el procedimiento legal, la pericia debe ser entregada en un sobre lacrado al juez, quien debe convocar a las partes a una audiencia para su apertura formal. Sin embargo, se denunció que el juez Osmar Legal tuvo acceso previo a la información sin la presencia de las partes, lo que genera dudas sobre la integridad de las pruebas.

En cuanto a las acciones a seguir, Tuma mencionó que la defensa se encuentra limitada debido a posibles represalias dentro del proceso. “No podemos recusarlo directamente porque podría ser tomado como una estrategia dilatoria y afectar a todo el equipo legal”, explicó el abogado.

El titular del INDERT, Francisco Ruiz Díaz, explicó en entrevista con el canal GEN que la estrategia responde a una planificación previa y marca un cambio radical en la política de tierras en nuestro país.

“Por más de un siglo, el Estado acumuló 4 millones de hectáreas sin transferirlas a sus ocupantes. Ahora estamos devolviendo la tierra a quienes realmente la trabajan”, afirmó.

La falta de títulos fue una de las principales trabas para el desarrollo del sector rural, ya que impide el acceso a créditos, limita la inversión y priva a los campesinos de seguridad jurídica sobre sus tierras. “Con un título en mano, los productores pueden financiar mejoras, expandir sus cultivos y garantizar un futuro a sus familias”, destacó Ruiz Díaz.

El entrevistado destacó que la titulación seguirá siendo una prioridad del gobierno, de modo a transformar la vida de miles de compatriotas del campo.

En Bogotá, la esposa, padres y hermanos del fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Cartagena el 10 de mayo del 2022, presentaron una demanda al estado colombiano y exige una reparación de más de USD 2 millones de dólares.

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Según el documento, existieron omisiones graves que facilitaron a que los sicarios puedan tener conocimiento sobre los detalles de la visita de Pecci y su esposa en Cartagena, por lo que, la demanda también apunta a Hoteles Decameron.

Para la familia, la información sobre el alojamiento de la pareja los movimientos que realizaban en el día a día fue filtrada.

Además, en el documento cuestionan a la Policía de Colombia y otras autoridades por la falta de intervención en el magnicidio.

La demanda también señala que el fiscal Pecci no fue alertado de los peligros que estaba corriendo, y tampoco se realizó un seguimiento de las actividades sospechosas de los sicarios.

Con 21 municipios que ya emiten habilitaciones en formato digital, las autoridades hacen especial énfasis en que la validación de documentos digitales solo se realiza a través de la aplicación móvil oficial del Portal Paraguay. No son válidas las capturas de pantalla ni las fotografías de los documentos.

La inspectora Patricia Ferreira, responsable de Relaciones Públicas de la Caminera, explicó que se aceptan los documentos emitidos por la aplicación Portal Paraguay del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC). “En este portal ya podemos encontrar la licencia de conducir y, en algunos municipios, también la habilitación municipal”, refirió.

“Ambos generan un código QR, el cual el conductor debe ingresar indefectiblemente al portal y exhibirlo de manera online, para que el QR pueda ser validado por el inspector interviniente de la Patrulla Caminera”, detalló Ferreira.

Un aspecto importante señalado por la inspectora es la limitada vigencia temporal de los códigos QR: “Dichos códigos dejan de tener validez o mueren al transcurrir un tiempo de aproximadamente 5 minutos, por eso no se recomienda como captura de pantalla en el celular, ya que si fue escaneado o pasó ese lapso, su validación no podrá efectuarse, por lo tanto, es como si uno no portara el documento”.

Considerando que la validación de los documentos en formato digital depende completamente de la conexión a internet, las autoridades recomiendan que los conductores sigan portando los documentos en formato físico, especialmente si transitan por zonas con señal deficiente.

Cada documento digital con su correspondiente código QR es único e irrepetible, y su validación solo puede realizarse con conexión a internet activa. Por esta razón, portar los documentos físicos continúa siendo una opción segura para evitar inconvenientes durante los controles rutinarios.

Las autoridades de tránsito continuarán con su labor de fiscalización, adaptándose a las nuevas tecnologías pero manteniendo los estándares necesarios para garantizar la seguridad vial en todo el territorio nacional.