En entrevista con el canal GEN, Hann manifestó su preocupación ante la falta de avances en la infraestructura aeroportuaria necesaria para el evento de agosto. “Tuvimos la visita del presidente, quien presentó la placa oficial y diseño del Rally Mundial, y es prioritario contar con un aeropuerto internacional operativo. La inversión prevista era de 10 millones de dólares, divididos en 5 millones para equipamiento y 5 millones en infraestructura”, detalló.

Según el intendente, la falta de colaboración de la Municipalidad de Encarnación genera trabas burocráticas. “En vez de ayudar, están pidiendo más beneficios a cambio de la cesión del terreno. Sabemos que las instituciones necesitan que los terrenos estén a su nombre para invertir, como ocurre con los hospitales y unidades de salud”, explicó.

Hann aseguró que el proyecto es clave no solo para el rally, sino también para el desarrollo económico del departamento. “Estamos trabajando con el Ministerio de Industria y Comercio en el primer parque industrial de alianza público-privada. Los inversores preguntan primero por la conexión aérea. Si Encarnación no lo quiere, en el Aeroclub de las Colonias Unidas estamos listos para recibir la inversión sin costo para el Estado”, indicó.

El intendente también acusó a Yd de intentar solucionar problemas financieros municipales con el predio del aeropuerto. “Quiere tapar su mala administración y endeudamiento con esto. Ha cometido muchos desaciertos y ahora quiere sacar más de lo que corresponde”, denunció.

Hann instó a Yd a recapacitar. “El Rally Mundial es una oportunidad histórica para Itapúa y Paraguay. No podemos permitir que una decisión retrógrada lo ponga en riesgo. Todos los intendentes del departamento estamos ofendidos y preocupados por esta situación”, concluyó.

En conversación con el canal GEN/Nación Media, Pamela Alarcón relató la pesadilla que les tocó vivir desde hace casi un año, al contratar lo servicios de un contratista para la construcción de su casa, pero terminó siendo estafada.

John Washington Báez Vargas fue contratado por Alarcón y su familia para cumplir el sueño de la vivienda propia en Fernando de la Mora a finales del 2024.

El hombre, quien sería cercano a la familia, recibió el 85% del pago total por los trabajos que debía realizar, pero meses después de iniciar la obra, dejó completamente abandonada y la casa a medias.

Las obras debían concluir en mayo del 2025 según el contrato, pero mucho antes de la fecha estipulada el supuesto contratista dejó paralizada la obra sin dar explicaciones, relató la mujer.

En medio de la desesperación por no hallar respuestas por parte del hombre, recurrieron a dos arquitectos independientes que confirmaron graves falencias: el techo es 100% inutilizable y falta el sistema de alcantarillado y desagüe.

Tras varios meses de abandono, parte de la muralla ya colapsó y ahora temen que la estructura afecte a los vecinos.

“Un trabajo admirable. La captura de Sebastián Marset es una señal poderosa de que cuando hay determinación, coordinación y coraje, el crimen no puede esconderse para siempre”, expresó el presidente Santiago Peña.

El mandatario emitió su reconocimiento hacia el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y a todos los equipos que hicieron posible este operativo.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los más buscados de América Latina, fue capturado este viernes en Bolivia y expulsado inmediatamente a Estados Unidos, informó el gobierno boliviano.

Marset, de 34 años, estaba prófugo desde 2023 y se sospechaba que circulaba por Venezuela, Paraguay y Brasil. Estados Unidos ofrecía dos millones de dólares por información que llevara a su captura.

El pedido fue presentado por el diputado colorado Edgar Olmedo, con el objetivo de contar con información oficial y detallada por parte de la Dirección Nacional de Migraciones respecto al marco normativo y los procedimientos aplicados en materia de naturalización de extranjeros, así como sobre los mecanismos de control y fiscalización implementados en los principales pasos fronterizos del país.

La iniciativa legislativa se fundamenta en la importancia que reviste la política migratoria para el interés público, la seguridad jurídica y la protección del ordenamiento institucional del Estado.

En ese sentido, se solicita al organismo competente remitir las disposiciones constitucionales y legales que regulan la adquisición de la nacionalidad paraguaya por naturalización, incluyendo los requisitos de residencia, conducta, medios de vida lícitos y demás condiciones probatorias exigidas por la normativa vigente.

Asimismo, se requiere información sobre el procedimiento administrativo o judicial aplicable para la obtención de la ciudadanía, así como los plazos mínimos de residencia continua que deben acreditarse previamente a la presentación de la solicitud correspondiente.

El requerimiento también abarca los procedimientos y la documentación exigida para el ingreso, salida y permanencia regular de extranjeros en el territorio nacional, conforme a la legislación migratoria vigente, incluyendo la obligatoriedad del registro de entrada y salida en los pasos fronterizos habilitados.

De igual manera, se solicita detallar los criterios de fiscalización aplicados en la zona fronteriza de Ciudad del Este, particularmente, en el Puente de la Amistad y otros pasos internacionales con el Brasil, especificando si existen procedimientos especiales relacionados con el tránsito vecinal fronterizo, regímenes de libre circulación o controles perimetrales.

El informe deberá incluir, además, los requisitos documentales y los plazos que deben cumplir los residentes permanentes antes de iniciar el trámite de solicitud de ciudadanía paraguaya, así como el régimen sancionatorio vigente para extranjeros que incumplan los plazos de permanencia legal en el país.

Finalmente, se requiere información sobre los mecanismos de coordinación existentes entre la autoridad migratoria y otras instituciones del Estado para el control efectivo en fronteras y pasos internacionales.

La propuesta establece un plazo de 15 días para la remisión del informe solicitado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 5453/15, “Que reglamenta el artículo 192 de la Constitución Nacional”, referente a los pedidos de informes del Poder Legislativo.