Hasta este momento no tienen acceso al extracto de datos del celular de Eulalio Gomes ninguna de las partes involucradas en la causa conocida como Lalo Gomes.

En tal sentido, la defensa de Orlando Arévalo presentará esta mañana una denuncia penal ante e la Fiscalía contra Osmar Legal por prevaricato y otros hechos punibles. Además, ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia por inconducta.

El 4 de diciembre pasado, la Fiscalía le solicitó a Legal el control judicial de las actuaciones para extraer datos de todos los elementos incautados. El magistrado resolvió -sin que se lo pida la Fiscalía- hacer un anticipo jurisdiccional de prueba. Allí las partes consintieron que el juez realice el procedimiento, es decir, no apelaron la resolución, por lo cual, se ordenó la extracción de todos los datos.

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El 27 de diciembre, el Juzgado Penal de Garantía recibió un sobre lacrado con el resultado parcial de la extracción de datos del teléfono de Eulalio Gomes. Entre esa fecha y el 3 de febrero, Osmar Legal abrió el sobre, pero no labró acta, no convocó a nadie y no cumplió con lo que manda la ley, explicó Duarte Cacavelos.

“El 3 de febrero hace la denuncia pública en contra de Arévalo y otras 4 personas con datos que extrajo por fuera de ley él solo”, advirtió el abogado.

Hoy 17 de febrero estaba fijada la audiencia para la entrega de los resultados a las partes, fecha que se anticipó al 6 de febrero por la explosión mediática del caso. Sin embargo, aquel 6 de febrero, Legal solamente dejó constancia de que en ese momento se abría el sobre y se comprometió a entregar el contenido, algo que hasta hoy no sucedió.

“Desde el momento en que entregó una prueba no solicitada prevaricó, desde que revisó los datos del celular y ni siquiera dejó constancia. Nadie sabe cómo ni cuándo él abrió el sobre, porque el acto para abrir estaba marcado para hoy. Y finalmente, hasta hoy, el juez no les entrega los datos a las partes es algo también irregular”, concluyó.

Durante el encuentro entre ambos jefes de Estado, Peña destacó la afinidad con la administración colombiana entrante.

En declaraciones brindadas a medios locales, el mandatario paraguayo lamentó la postura del gobierno saliente de Gustavo Petro, señalando que rechazó en reiteradas oportunidades las propuestas de reunión planteadas por la cancillería paraguaya, aunque aclaró que la cooperación operativa en materia de seguridad no se interrumpió en ningún momento.

Peña resaltó la decisión del gobierno de De la Espriella de integrarse a la iniciativa Escudo de las Américas, plataforma de la cual Paraguay ya forma parte. Además, valoró la capacidad del nuevo presidente colombiano para consolidarse como un articulador regional decisivo en el combate contra el crimen transnacional organizado.

Igualmente, la agenda de trabajo incluyó el impulso de las relaciones comerciales. Desde la Presidencia paraguaya informaron que ambos líderes coincidieron en la importancia de promover un mayor acercamiento de Colombia al Mercosur, con el objetivo de dinamizar el intercambio comercial, atraer inversiones y consolidar un plan de trabajo conjunto a largo plazo.

La propuesta plantea blindar el tope de responsabilidad fiscal y garantizar el equilibrio presupuestario de entre el 1,5% y el 3%, estableciendo que los políticos e integrantes de las altas esferas del Estado paguen de su propio bolsillo si autorizan o legislan gastos no previstos que sobrepasen los límites legales.

El titular del Poder Legislativo explicó que la iniciativa afectará de manera directa los ingresos de los legisladores, del presidente y vicepresidente de la República, así como de las autoridades del Poder Judicial en caso de incumplir las metas fiscales.

Pese a que el plan contempla reducir salarios —como el sueldo parlamentario de 35 millones de guaraníes, Núñez aclaró que no busca ser tan radical como en otros países donde se propone la suspensión total de haberes, aunque enfatizó la necesidad de que la clase política asuma un impacto monetario real ante el descontrol presupuestario.

Dentro del alcance del proyecto, Núñez apuntó de forma particular contra el Poder Judicial al denunciar la existencia de una presunta “mafia de los amparos”, un esquema mediante el cual se dictan fallos que obligan al Estado a adquirir medicamentos de alto costo o no disponibles en el sistema de salud pública. Según el legislador, esta dinámica involucra a clínicas y laboratorios.

En caso de prosperar, la norma excluirá explícitamente de cualquier ajuste a las jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y universales, seguro de desempleo, salud, seguridad, defensa nacional y servicios penitenciarios.

El agente fiscal Federico Delfino logró sostener la acusación al demostrar que el edil exigió la suma de 15.000 dólares americanos a la víctima a cambio de frenar una denuncia en su contra por supuesta violencia contra la mujer.

El fallo judicial fue emitido tras el juicio oral y público conducido por el Tribunal de Sentencia que estuvo integrado por los magistrados Natalia Cacavelos, Fabián Escobar y Juan Fretes.

Durante el debate, el representante del Ministerio Público expuso diversos medios probatorios que resultaron determinantes para probar la responsabilidad penal del político del partido Yo Creo.

De acuerdo con los antecedentes presentados en la causa, los hechos sucedieron el 17 de marzo del año 2023 en la ciudad de Asunción.

La investigación confirmó que Villalba Alves utilizó su posición e influencia para amedrentar a la víctima y chantajearla económicamente con la promesa de evitar que el proceso legal en su contra prosperara.