“A las 15:30 el juez nos convoca para una audiencia en la que nos entregará la copia espejo a cada una de las partes, ahí firmamos un acta donde dejamos sentada la posición de que recibimos”, informó Óscar Tuma, abogado de la familia Gomes, en una entrevista radial con la emisora 730 AM.

Desde hace exactamente dos semanas la información estaba en manos de los técnicos informáticos de la Corte Suprema de Justicia, quienes tenían el trabajo de descargar los datos, aclaró Tuma, y responsabilizó a los funcionarios de la dilación desde entonces.

Una vez que reciban los datos, serán compartidos con los medios de comunicación, por tratarse de la voluntad de la familia Gomes, ratificó Tuma.El objetivo es que se sepa toda la verdad. “Todos los que recurrían a él para que se les haga un favor, brillaron por su ausencia en momentos dolorosos”, lamentó.

Las copias no solamente las espera el abogado Tuma, sino también el Ministerio Público que, a través de la fiscal Ingrid Cubilla presentó ayer otro urgimiento al respecto.

El 4 de diciembre pasado, la Fiscalía le solicitó a Legal el control judicial de las actuaciones para extraer datos de todos los elementos incautados. El magistrado resolvió -sin que se lo pida la Fiscalía- hacer un anticipo jurisdiccional de prueba. Allí las partes consintieron que el juez ejecute el procedimiento, es decir, no apelaron la resolución, por lo cual, se ordenó la extracción de todos los datos.

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El 27 de diciembre, el Juzgado Penal de Garantía recibió un sobre lacrado con el resultado parcial de la extracción de datos del teléfono de Eulalio Gomes. Entre esa fecha y el 3 de febrero, Osmar Legal abrió el sobre, pero no labró acta, no convocó a nadie y no cumplió con lo que manda la ley, según explicó el abogado Guillermo Duarte Cacavelo.

Para ayer 17 de febrero estaba fijada la audiencia para la entrega de los resultados a las partes, fecha que se anticipó al 6 de febrero por la explosión mediática del caso. Sin embargo, aquel 6 de febrero, Legal solamente dejó constancia de que en ese momento se abría el sobre y se comprometió a entregar el contenido, algo que hasta hoy no sucedió.

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Cira Novara, de la coordinadora de las Ollas Populares, argumentó que el monto fijado no contempla el costo real de vida, obligando a los trabajadores a prescindir de necesidades básicas.

“El salario mínimo realmente no alcanza. Ahora entre pasaje y comida ya se va todo. Ahí no puede incluirse alquiler, vestimenta, medicamentos y otros gastos. Hablamos de una burla porque las autoridades no pueden decir que con ese monto se puede vivir dignamente”, aseveró a la 730 AM.

La situación es crítica para las cocineras comunitarias, quienes en su mayoría son trabajadoras cuentapropistas con ingresos que no rozan el sueldo básico.

Novara detalló que el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) solo les provee insumos secos para cubrir seis días al mes. El resto del tiempo deben hacer magia con ferias y colectas.

“Una familia que está al frente de un comedor tiene que juntar al mes G. 200.000 por día para cocinar para 100 personas, y claro que esos 200 van a dispararse a G. 300.000 para poder comprar carnes, verduras, huevos y queso que el Estado no entrega en cantidad suficiente”, comentó.

Las autoridades afirman que los carritos de comida ubicados en la zona del Panteón, fueron notificados hace tres meses de que debían tener sus papeles al día. Al no pagar impuestos, no tienen permisos para aprovechar esta zona. También advirtieron que los carritos operaban sin ningún control sanitario, ni de seguridad y con conexiones clandestinas.

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El director de Vigilancia de la Municipalidad, Miguel Stampf, explicó que el retiro de carritos gastronómicos responde a una falta administrativa relacionada con la ausencia de autorización municipal.

Autoridades retiran carritos gastronómicos del Centro de Asunción. Vía: GENTILEZA

La Policía Nacional ya retiró algunos carros y fueron llevados al corralón. Las autoridades lamentaron que no se hayan hecho los procedimientos adecuados, ya que los trámites para los permisos son gratuitos.

Si querés la habilitación, primero tenés que entregar tus antecedentes judiciales y policiales, los certificados médicos y aclarar bien qué vas a vender. Después, te queda esperar la inspección de la Municipalidad, que revisa la seguridad y la higiene para darte el visto bueno para vender comida en la vía pública.

El artículo 1 del decreto establece un incremento del 5 % en relación al salario mínimo actual. El artículo 2 estipula que a partir del 1 de julio del 2026, el nuevo salario será de G. 3.044.000 y el jornal mínimo, G. 117.077,

En el considerando, el documento menciona el acta final de Consam, que habla de elementos que justificarían un ajuste superior al resultante de la variación del IPC, debido a factores como:

Costo de vida, evolución económica y otros indicadores considerados relevantes por el sector. Incluso habla de la posibilidad de que los pagos podrían ser fraccionados o por etapas.

“Las evidencias analizadas reflejan un comportamiento desigual en la evolución de los ingresos reales entre los distintos sectores económicos, así como una afectación del poder adquisitivo de los trabajadores que perciben”, expresa el acta.

Con esto, queda desechada la esperanza que guardaban hasta anoche los industriales, quienes esperaban que el anuncio no fuera la última palabra y que tuvieran una posibilidad de discusión.