Después de aquel sábado 8 de febrero, día en que se produjo un siniestro sin precedentes en el país en cuanto a neumáticos se refiere, mucha gente quedó preocupada por las consecuencias que esto pudo haber dejado para el río, a más del daño al aire durante ese día y los siguientes.

La Essap comunicó las acciones encaradas al respecto. “Hemos intensificado los monitoreos para garantizar que no exista ninguna afectación en la calidad del agua”, señala el pronunciamiento.

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Los estudios que realizó la entidad confirman que el agua distribuida es segura y apta para el consumo y que no se registran valores fuera de los rangos establecidos.

Los técnicos informaron que el gran caudal del río Paraguay facilita la dilución natural de posibles contaminantes, lo que reduce cualquier riesgo potencial.

William Wilka, presidente de Petropar, expuso el panorama internacional del petróleo en las últimas semanas y las posibilidades de repercusión en el mercado local.

El 6 de julio, el diésel y la gasolina empezaron a subir a valores razonables. El 8 de julio, el diésel dio un salto de casi 100 dólares el m3 y el gasoil de casi 47 dólares el m3 la gasolina. A falta de un día para el cierre de la primera quincena de julio, el aumento es de USD 156 el m3.

“Por lo menos de Petropar todo julio estamos con los mismos precios, no vamos a realizar ningún ajuste en julio, vamos a ver la segunda quincena cómo impacta en el efecto inventario y ver los márgenes cómo quedan”, comentó Wilka, en una entrevista con la 730 AM.

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Reconoció que inicialmente analizaban la posibilidad de una disminución de precios en esta quincena de julio, pero el cambio en el escenario internacional impidió que esto se concretara.

La próxima revisión queda para la primera quincena de julio, ocasión en la que definirán si amerita una suba.

El 1 de julio, Petropar redujo en 210 guaraníes el precio del diésel, que de G. 8.200 bajó a G. 7.990. Fue la única vez que la estatal disminuyó solamente un tipo de combustible, a diferencia de todas las ocasiones anteriores cuando la disminución se aplicaba a todos sus productos.

El equipo técnico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) ajustó este lunes los documentos para el futuro llamado a licitación de una planta solar fotovoltaica en el Chaco paraguayo.

El presidente de la entidad, Félix Sosa, coordinó la revisión de los pliegos tras analizar las sugerencias de una audiencia pública virtual previa. La publicación oficial de este concurso internacional ocurrirá a finales de este año.

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La futura central tendrá una capacidad de 140 MW y operaría bajo la Ley N.º 7599/2025. Dicha normativa autoriza la participación de empresas privadas en la generación de energía para el suministro nacional. La obra integra el Plan Maestro de Generación 2024-2043 y busca la diversificación de la matriz energética del país.

Este nuevo avance surge semanas después de la interrupción de otro proceso licitatorio similar. El pasado 7 de julio, la ANDE suspendió la contratación para una planta solar de 15 MW en el Bajo Chaco.

Una protesta formal de la firma Récord Electric SAECA contra el pliego de condiciones detuvo aquel proyecto de 6,4 millones de dólares. A diferencia de ese plan, la planta de Loma Plata representa un hito de mayor escala para el mercado eléctrico nacional.

El director general de Gestión Ambiental de la comuna, Máximo Barreto, aclaró que no existe ninguna autorización para talar árboles y garantizó que el derribo será siempre la última opción.

El origen del conflicto radica en el pedido que hizo el consorcio contratista encargado de las obras de remodelación, un proyecto impulsado en coordinación con el Despacho de la Primera Dama. La empresa alegó que varios ejemplares de gran antigüedad presentan un severo deterioro físico (troncos huecos, inclinaciones peligrosas o raíces expuestas) y constituyen un peligro inminente de caída sobre los transeúntes o la infraestructura.

“El consorcio solicitó la tala argumentando el riesgo de caída. Pero nosotros hacemos un relevamiento específico caso por caso. Ya realizamos dos verificaciones en la plaza, que alberga más de 400 árboles. Constatamos ejemplares antiguos que requieren poda o medidas de saneamiento, pero no hemos identificado todavía ninguno que requiera ser talado de forma obligatoria. Ningún árbol se va a tocar sin nuestra autorización”, garantizó el director.

El funcionario recordó, además, que las normativas ambientales vigentes son sumamente estrictas y que, en el caso extremo de que un ejemplar deba ser retirado por seguridad, la ley exige una compensación obligatoria de 10 nuevos árboles plantados por cada uno que sea derribado.

Durante las protestas de los vecinos frente a la plaza, los profesionales del área de biología de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) reclamaron que no fueron consultados para el estudio.

Al respecto, Máximo Barreto aclaró que la comuna capitalina cuenta con los profesionales y los equipos para analizar cada ejemplar. No obstante, extendió una invitación abierta a la comunidad científica y a la ciudadanía para transparentar todo el proceso.

“Invitamos a los biólogos a que colaboren en este proceso. Mañana mismo realizaremos un nuevo relevamiento técnico en el que participarán los vecinos de la zona. Esperamos también el aporte y la tecnología de las universidades”, afirmó.

El director ambiental prometió que el informe técnico final estará listo en el transcurso de esta semana y será de acceso público para toda la ciudadanía, disipando cualquier tipo de sospecha sobre un “arboricidio” silencioso detrás de las vallas de la obra.