El organismo presentó cargos “contra 34 personas acusadas de incitar y ejecutar actos contrarios a los Tres Poderes y al Estado Democrático de Derecho”, dijo en un comunicado.

“La organización tenía como líderes al entonces presidente de la República (Jair Bolsonaro) y su candidato a vicepresidente (Walter Braga Netto)”, también imputado, agregó.

Bolsonaro, de 69 años, fue acusado principalmente de “golpe de Estado”, “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “organización criminal armada”, según el mensaje de la Procuraduría General de la República (PGR).

De ser hallado culpable por estos delitos, se enfrentará a entre 12 y 40 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal.

“Las investigaciones revelaron la operación de ejecución de un golpe” en el que se contemplaba “incluso la muerte del presidente electo de la República (Luiz Inácio Lula da Silva) y su vicepresidente (Geraldo Alckmin), además de un juez” de la corte suprema, detalla la PGR.

Bolsonaro ha negado las acusaciones y se considera un “perseguido” por la justicia.

- “Último intento” en 2023 -

Entre los imputados figuran también el exdirector de inteligencia Alexandre Ramagem, el excomandante de la Marina Almir Santos, el exministro de Justicia Anderson Torres y Mauro Cid, ex mano derecha de Bolsonaro, quien tiene un acuerdo de colaboración premiada.

La fiscalía sostiene que la trama golpista que pretendía revertir la derrota electoral de Bolsonaro frente a Lula no se consumó por falta de apoyo institucional de los altos mandos del Ejército.

Pero los acusados hicieron “un último intento” el 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes de Bolsonaro atacaron las sedes de los poderes estatales en Brasilia, “incentivados” por el expresidente y sus colaboradores, dijo.

La imputación, basada en una investigación de la policía, queda ahora en manos de la corte suprema, que deberá decidir si juzga al exmandatario por estos hechos.

“El intento de golpe de Estado (...) se convirtió en una acusación vacía, que no tiene absolutamente ninguna prueba contra Bolsonaro”, reaccionó en la red social X uno de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro.

La defensa del ultraderechista se mostró “asombrada” e “indignada”. El expresidente “nunca” estuvo relacionado con ningún “movimiento que persiguiera la deconstrucción del Estado democrático de derecho”, dijo en una nota.

El diputado teniente coronel Luciano Zucco, líder de la oposición en la cámara baja, cuestionó por su parte la “imparcialidad” de la acusación.

- “Examinando las pruebas” -

El presidente del máximo tribunal, Luis Roberto Barroso, dijo el lunes que Bolsonaro sería juzgado “examinando las pruebas” y sin “una visión politizada”.

Bolsonaro también se adelantó al anuncio de la fiscalía más temprano este martes, al declarar a periodistas en Brasilia que no tenía “ninguna preocupación” por la posibilidad de ser inculpado.

Sus declaraciones tuvieron lugar en el Senado, adonde acudió para discutir estrategias para impulsar una ley de Amnistía para los acusados por el asalto a las sedes de los poderes del Estado.

La corte suprema ha condenado a casi 400 personas por ese ataque, algunos hasta a 17 años de prisión.

Bolsonaro tuvo que declarar ante la policía como presunto instigador de esos disturbios.

- Inhabilitado para 2026 -

Según la indagación previa de la policía, Bolsonaro “planeó, actuó y tuvo dominio de forma directa y efectiva” de una trama golpista, que finalmente no se consumó por “circunstancias ajenas a su voluntad”.

Bolsonaro habría discutido la elaboración de un “decreto presidencial” que justificaba la necesidad de un “estado de defensa” para evaluar la validez del proceso electoral de octubre de 2022, en el que resultó electo Lula.

Las discusiones contemplaron la detención del entonces presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, y el llamado a nuevas elecciones, de acuerdo con el informe policial.

La policía ya recomendó inculpar a Bolsonaro en otros dos casos: por obtener un certificado de vacuna anticovid fraudulento y desviar artículos de lujo recibidos como obsequios cuando era presidente.

Además, en junio de 2023 fue condenado por la justicia electoral, que lo inhabilitó para ser candidato en las presidenciales de 2026 por cuestionar sin pruebas las urnas electrónicas de votación.

Pese a ello, ha reiterado su intención de concurrir a esa contienda y ha confiado en que el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien considera su “amigo”, le ayude a revertir su inhabilitación.

Fuente: AFP

“Esto es un ‘golpe’ financiado por esa alianza entre política y crimen organizado en toda la región” de América Latina, aseveró Landau en una intervención en el Consejo de las Américas, un centro de análisis que celebra su asamblea anual en Washington.

“No puede ser que haya un proceso democrático en el que [Paz] fue elegido de forma aplastante por el pueblo boliviano hace menos de un año, y ahora tienes a manifestante violentos bloqueando las calles”, añadió.

Landau aseguró que había hablado poco antes con el presidente Paz.

“Creo que mirar a la región desde una lente de izquierda y derecha es un error hoy en día. La gran línea divisoria es entre los países que tienen instituciones que se enfrentan al crimen organizado y los países que son cómplices del crimen organizado”, añadió.

“Estoy muy preocupado con Bolivia. Creo que todos deberíamos estar muy preocupados”, alertó ante expertos de la región, empresarios e inversionistas.

Bolivia se convirtió en un nuevo aliado del gobierno del presidente Donald Trump en América Latina con la llegada al poder de Paz.

Estados Unidos anunció en marzo un Escudo de las Américas, una alianza de seguridad, junto a 17 países de la región, entre ellos Bolivia, para enfrentarse a lo que considera la mayor amenaza del hemisferio.

Washington resucitó al mismo tiempo la denominada Doctrina Monroe, en alusión al presidente del mismo nombre que a mitad del siglo XIX declaró que ninguna potencia extranjera podía ser hegemónica en la región, excepto Estados Unidos.

Apenas seis meses después de asumir el poder, Paz está contra las cuerdas por campesinos, obreros, mineros y maestros que reclaman medidas para enfrentar la peor crisis económica de Bolivia en cuatro décadas.

Los manifestantes intentaron llegar al Palacio del Gobierno, constataron periodistas de la AFP.

El gobierno acusa al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de estar detrás de los disturbios.

Foto: AFP

Lev Tahor enfrenta casos por abuso sexual y malos tratos a menores en varios países como Colombia y Guatemala.

El año pasado Colombia expulsó a nueve miembros de la secta tras el rescate de 17 niños que estaban bajo su custodia.

El operativo en Ecuador se desarrolló en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas (centro). “Las menores fueron encontradas en un inmueble sin condiciones humanitarias adecuadas”, señaló la cartera en X.

En un video difundido por el Ministerio del Interior se observa a las menores cubiertas con un velo negro largo

“Las investigaciones apuntan a presuntos delitos de trata de personas y explotación forzada vinculados a integrantes de la secta Lev Tahor”, señaló el ministerio.

Tras el rescate las menores fueron enviadas a Estados Unidos.

En diciembre de 2024, 160 niños en poder de la secta Lev Tahor fueron rescatados en Guatemala. Varios de sus adeptos fueron capturados y acusados de trata, embarazo forzado y matrimonios arreglados entre menores.

Fuente: AFP.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos anunciaron medidas luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el brote de ébola en la República Democrática del Congo como una emergencia sanitaria internacional.

Satish Pillai, responsable de la gestión de incidentes relacionados con el ébola de los CDC, dijo a periodistas que un estadounidense que se encuentra por motivos de trabajo en República Democrática del Congo contrajo el virus.

“En este momento, los CDC consideran que el riesgo inmediato para el público general de Estados Unidos es bajo”, señaló la agencia de salud pública en un comunicado.

Además de los controles de detección en aeropuertos, Estados Unidos implementará restricciones de entrada a los titulares de pasaportes no estadounidenses que viajaron a Uganda, la RDC o Sudán del Sur durante los últimos 21 días.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que el brote “por ahora se ha limitado a África”, aunque se mostró preocupado por la situación.

Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, se retiró oficialmente este año de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En los últimos días, los funcionarios estadounidenses han evitado responder preguntas sobre cómo los recortes del gobierno a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), clave en la respuesta a brotes anteriores de ébola, han afectado a los esfuerzos actuales para vigilar y gestionar la propagación del virus.

Los funcionarios de los CDC han subrayado que están colaborando con socios internacionales y autoridades sanitarias en los países afectados.

Y el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo en un comunicado el lunes que había movilizado 13 millones de dólares en ayuda para “esfuerzos de respuesta inmediata”.

Pero Matthew Kavanagh, director del Centro de Política y Política Sanitaria Global de la Universidad de Georgetown, afirmó que la respuesta estadounidense hasta ahora había sido “decepcionante”.

“El gobierno afirmó que podía negociar acuerdos bilaterales y reemplazar la capacidad de la OMS con esfuerzos internos. Este brote demuestra claramente que esa es una estrategia fallida”, declaró a la AFP.

No hay vacuna ni tratamiento específico para la cepa responsable del actual brote.

Hay 91 muertes relacionadas con este brote, según cifras publicadas por el Ministerio de Salud congolés el domingo.

Se han reportado 350 casos sospechosos. La mayoría de afectados tienen entre 20 y 39 años y más del 60% son mujeres.

Fuente: AFP