Desde el 2019, el entonces Gobierno abdista manejaba informes de inteligencia que revelaban los nexos de Lalo Gomes con el narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, sin embargo, el entonces presidente Mario Abdo Benítez chateaba casi a diario con el pedrojuanino colorado e incluso recibió más de 1 millón de dólares para su campaña política.

Los datos que se tenían sobre Lalo no se informaron a la Fiscalía hasta el año 2021 y el Ministerio Público recién lo imputó en agosto del 2024, tres años después de haber recibido un informe sobre el político.

El 16 de noviembre del 2021, la SEPRELAD remitió un informe autónomo al Ministerio Público, donde hace mención a 13 reportes de operaciones sospechas con respecto a Eulalio Gomes, pero estos ROS no se habían informado anteriormente a la Fiscalía. Cinco reportes saltaron en el año 2017, uno en el año 2018, otro en 2019, cuatro ROS se registraron en el 2020 y dos más en el 2021. Recién en el informe del 2021 se hace mención a la vinculación de Eulalio Gomes con Cabeza Branca, de acuerdo a un ROS remitido el 3 de diciembre del 2019 por un sujeto obligado del sector de los seguros.

Atendiendo la vinculación de Eulalio Gomes con Cabeza Branca, según ROS del sujeto obligado de casa de seguros, la SEPRELAD incluye en el informe mencionado que en el marco de la causa Cabeza Branca fueron respondidos diversos requerimientos de los agentes fiscales intervinientes y además otras instituciones.

El 29 de junio de 2020 se remitió un informe al fiscal Carlos Alcaráz, y el 10 de septiembre de 2020 otro a la fiscal Lorena Ledesma.

El 16 de enero del 2019 se había enviado un informe al legislador Antonio Buzarquis (Congreso Nacional) y a Mónica Sefart (de la Presidencia de la República).

El 15 de noviembre de 2019 se había remitido un informe a la fiscal Elva Cáceres, otro el 16 de enero del 2018 a la fiscal Lorena Ledesma y otro más el 30 de agosto de 2018 a la fiscal Elva Cáceres.

Pese a la existencia de serias sospechas sobre Lalo, el Gobierno abdista siguió haciendo la vista gorda. Ahora salió a luz que el entonces mandatario intercambiaba mensajes muy cordiales con el político colorado, y lo más escandaloso fue que este aportó más de 1 millón de dólares -de dudoso origen- a la campaña de Fuerza Republicana. Esto último también se supo al divulgarse chats donde Gomes expresa su preocupación si esto salía a luz. Este dato lo tenía Car­los Arregui, quien siendo titular de Seprelad en 2021, había solicitado un informe sobre ese dinero, datos que lo habría guardado para prote­ger al donante de la campaña.

La protección que gozó Eulalio “Lalo” Gomes queda aún más en evidencia al recordar que, en el operativo Pavo Real I, ejecutado durante el Gobierno de Abdo Benítez, la Senad de Zully Rolón omitió a Gomes y a su hijo Alexandre en la investigación, lo que derivó en que, los cuantiosos allanamientos de la Fiscalía no incluyeran las propiedades del político. Este precedente habría sido el motivo de la exclusión de la Senad en el reciente operativo Pavo Real II en Pedro Juan Caballero.

En toda la etapa de Pavo Real I, la Senad no incluyó a Eulalio Gomes Batista en sus informes, pese a que, al momento de ejecutarse el primer allanamiento, el 10 de julio del 2023, ya se tenía esa información e incluso Gomes acababa de asumir como diputado.

De acuerdo con el acta de imputación del 10 de agosto del 2024, caratulada Eulalio Gomes Batista y otros sobre lavado de activos provenientes del tráfico de drogas peligrosas y otros, contiene 54 hojas y expone con detalles los vínculos de Eulalio Gomes, su hijo y otras personas con Pavão y otros peces gordos del narcotráfico.

Se mencionan las operaciones financieras entre Eulalio Gomes y Antonio Joaquim Da Mota, su hijo Alexandre y la Agroganadera Aquidabán de Joaquim Da Mota, otra entre Eulalio y la empresa Country Business, vinculada a Cabeza Branca y otra con la empresa Lusipar SA, también de Cabeza Branca, entre muchas otras operaciones.

Todo esto fue obviado por el gobierno de Mario Abdo Benítez, el cual estaba enfrascado en perseguir a sus adversarios políticos, utilizando instituciones claves como garrote político.

Operación garrote político

Durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez, varias instituciones fueron utilizadas como garrote político, como el caso de la Seprelad, donde se conformó un equipo para investigar a los adversarios de turno, elaborar informes fraguados y filtrarlos a los medios de comunicación aliados al gobierno abdista.

Además del exmandatario, están implicados en este esquema los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernández, los exfuncionarios Carmen Pereira, Daniel Farías Kronawetter, Francisco Pereira Cohene, además de Mauricio Espínola.

El operativo de montaje y filtración de información confidencial inició con el montaje de una dependencia paralela dentro de la Seprelad con funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal para investigar exclusivamente a Horacio Cartes y su entorno.

Carlos Arre­gui, ministro de la Seprelad; Carmen Pereira, en calidad de directora de Análisis Finan­ciero y Estratégico, y luego como Secretaría Adjunta de la Seprelad, ordenaron y acomo­daron la improvisada “oficina paralela”.

Con el propó­sito de debilitar a los políticos contrarios en el ámbito político, económico y electoral, fue elegido para hacer el trabajo Daniel Farías Kronawetter, asesor de inte­ligencia financiera del Minis­terio del Interior (hasta junio de 2022). Otro que tuvo especial participación fue René Fer­nández, entonces ministro de la Secretaría Anticorrupción, quien fue el editor del documento hecho por el funcionario.

DOCUMENTO SECRETO

Farías y Fernández, sin ser funcionarios de la Seprelad, fueron los responsables de elaborar un primer documento secreto en formato Word. En el texto se incluían datos de salarios de Santiago Peña y Óscar Boidanich.

La Fiscalía sospecha que el archivo secreto elabo­rado por Farías y Fernán­dez habría tenido un doble propósito, por un lado, ser­vir de base para la filtra­ción de datos confiden­ciales de Peña y Boidanich a través de los medios de prensa (como lo hicieron Abdo y su secretario privado Mauricio Espínola), y por el otro, que estos mis­mos datos fueran utilizados para la emisión del poste­rior informe de inteligencia 10/2022. Ni Peña ni Boida­nich revestían al carácter de investigados en el marco de dicho informe de inteli­gencia.

ACTUACIÓN POR FUERA DE LA LEY

Si bien los personajes involu­crados al operativo de oficina paralela eran funcionarios públicos, actuaron realizando actividades que no eran propias de sus instituciones, sino de otra, realizando actos que excedían de sus atribuciones y fuera de sus propias instituciones.

El montaje con datos falsos y tergiversados de informes para perseguir a enemigos políticos, la asignación de funcionarios que no pertenecían a la institución y la filtración de informes de inteligencia a políticos y medios aliados al abdismo son conductas que constituyen delitos y, según el acta de imputación, están sustentadas en 42 elementos de prueba que fácilmente pueden ser comprobadas con los hechos que tuvieron público conocimiento con las filtraciones.

INFORMACIÓN TERGIVERSADA PARA EE.UU.

El operativo garrote no quedó solo en la filtración de los datos tergiversados, sino que el esquema delictivo se encargó de enviar a EE.UU. el informe fraguado con el objetivo de provocar sanciones contra Cartes y sus empresas.

El 31 de marzo de 2022, a las 8:58, Carmen Pereira remitió vía correo electrónico indica­ciones para que el archivo Word sea enviado en carácter de información espontánea a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE.UU. (FinCen). Este revelador documento fechado el 1 de abril de 2022 fue enviado a EE.UU. tres meses antes de que la Emba­jada norteamericana en nuestro país diera a cono­cer en Paraguay una lista de personas declaradas signi­ficativamente corruptas.

Un automóvil tuvo problemas de movilidad sobre la ruta PY 01, poco después del semáforo para el desvío a la Avda. Cadete Boquerón. El vehículo quedó paralizado sobre un carril y los ocupantes activaron la luz de stop, pese a lo cual, una motocicleta chocó contra la parte trasera del rodado.

De los dos ocupantes de la moto, uno sufrió una fractura de fémur y otro tuvo excoriaciones. Ambos fueron trasladados conscientes y estables a un centro asistencial, según explicó a los medios el capitán de bomberos, Santiago Martínez.

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La mujer que iba en el auto con su familia relató que al salir a la ex avenida Acceso Sur tuvieron problemas mecánicos y prendieron la luz de stop. Negó que no hayan activado este mecanismo y pidió conseguir imágenes para demostrarlo.

Por su parte, el motociclista, en evidente estado de ebriedad, aseguró que el auto no tenía ninguna luz encendida, cayó en algunas incoherencias y finalmente dijo que no sabe qué pasó.

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A las 17:45 de ayer viernes, feriado patrio y Día de la Madre, fue aprehendida Élida López de 42 años, luego de una denuncia de violencia que recibió el sistema 911 y derivó a la jurisdicción policial correspondiente.

“Se encontraba en estado etílico, golpeó a su marido, luego a los menores, amenazando con quemar la casa y matar a los niños. Y también amenazó con suicidarse, incluso llegó a poner una soga al cuello”, explicó a los medios el subcomisario Mario Gamarra, subjefe de la Comisaría 23 de Ypané.

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Los intervinientes le practicaron el alcotest que dio como resultado 0,629 mg/L. Posteriormente la llevaron a la comisaría, donde pasó la noche a la espera de lo que disponga el Ministerio Público.

El resultado del alcotest.

Según el marido, la mujer es adicta al alcohol y cada vez que lo consume se vuelve agresiva y pone en peligro a su familia, aunque nunca había llegado a este extremo en el que estuvo cerca de acabar con todos.

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Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú emitieron un comunicado conjunto para sentar posición acerca de lo que acontece en Bolivia.

“Manifestamos nuestra preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, producto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población”, expresa el pronunciamiento.

Señalan que rechazan toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático, y alterar la institucionalidad del Gobierno elegido democráticamente en los comicios del 2025.

“Reiteramos nuestra solidaridad con el Gobierno y el pueblo bolivianos y exhortamos a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social”, concluyen.

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El Gobierno de Bolivia llegó anoche a un acuerdo con miles de mineros que exigían la renuncia de Rodrigo Paz por considerar que no atiende sus reclamos.

“Hemos tenido una larguísima reunión, casi 12 horas conversando, hemos logrado varios acuerdos”, dijo a la prensa José Gabriel Espinoza, ministro de Economía”, sin dar detalles al respecto.

Sin embargo, otros sectores mantienen bloqueados los accesos a la ciudad, sede del Ejecutivo y el Congreso.

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