Un llamado de atención a todos los motociclistas con caños de escapes tipo roncadores que circulen por la ciudad de Capiatá, serán despojados de los aparatos si no cumplen con la Ley 6390 y la Ordenanza Municipal N° 32.

Este martes, desde la comuna capiateña destruyeron por completo cientos de roncadores que anteriormente fueron retirados de las motocicletas de aquellos infractores durante los controles realizados por la Policía Municipal de Tránsito de esta localidad.

Estos dispositivos fueron acumulándose a lo largo del 2024 y en lo que va de este año y, finalmente, fueron destruidos con una aplanadora para que queden completamente inutilizables.

Con esta medida, buscan generar conciencia y evitar la polución sonora a través de las motocicletas que circulan en la ciudad y que producen daños ambientales por los sonidos estridentes.

Instan a la colaboración ciudadana a que se respete la normativa, y así evitar malos ratos en controles de la PMT.

La cartera laboral recordó que el sistema de mediación constituye un mecanismo institucional destinado a facilitar la resolución de conflictos entre trabajadores y empleadores, garantizando un espacio de diálogo accesible y sin costo para las partes.

En este sentido, el MTESS enfatizó que los trabajadores no necesitan contar con un representante legal para participar en los procesos de mediación laboral, ya que este servicio es brindado directamente por la institución. Por lo tanto, no es obligatorio contratar abogados ni pagar honorarios para acceder a la mediación o para cobrar indemnizaciones o montos acordados entre las partes.

Asimismo, la institución informó que se ha tomado conocimiento de la presencia de personas que, en la puerta del organismo, ofrecen servicios profesionales a trabajadores que muchas veces desconocen el funcionamiento del proceso de mediación y son inducidos a contratar asesoramiento legal innecesario para un servicio que es gratuito.

El Ministerio advirtió que no tolerará prácticas abusivas ni maniobras que busquen aprovecharse de la necesidad o del desconocimiento de los trabajadores, e instó a la ciudadanía a denunciar de manera inmediata cualquier intento de presión, condicionamiento o cobro relacionado con estos servicios gratuitos que ofrece el Ministerio.

Finalmente, el MTESS reiteró que la gratuidad del servicio de mediación y el acceso efectivo a los mecanismos de resolución de conflictos laborales forman parte de las garantías que el Estado pone a disposición de los trabajadores para la protección de sus derechos.

Padres y madres de alumnos de la Escuela “Reino Unido y Gran Bretaña”, ubicada en la colonia Thompson de Ypané, acudieron a la Policía Nacional para formalizar una denuncia por un supuesto robo de dinero.

La acusación menciona la desaparición de G. 16.000.000, suma de dinero recaudada por la cooperadora escolar con el objetivo de adquirir nuevos aires acondicionados para la institución.

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El dinero se encontraba en poder de la tesorera de la ACE, de nombre Jazmín Milagros Delgado Valiente. La misma alegó haber sido víctima de un hurto el pasado viernes mientras se desplazaba en un ómnibus del transporte público.

“Al llegar a la ciudad, en un camino vecinal y estando el colectivo en movimiento, una persona saltó por la mochila que tenía en su regazo”, mencionó al canal Trece la Crio. Sonia Pavón, jefa de la Comisaría 40 Central.

En ese momento, la tesorera no dio aviso de lo ocurrido al chofer ni tampoco a los demás pasajeros, aguardando hasta salir a la ruta para descender del bus y allí comunicarse de manera telefónica con uno de los miembros de la ACE, quien fue a su encuentro y la acompañó a realizar la denuncia.

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Ese viernes coincidentemente debía realizarse la rendición del millonario monto para concretar la compra de los acondicionadores de aire, confirmó la jefa policial. Ya el día anterior al hecho, Delgado habría presentado excusas para no hacer entrega del dinero, según señalaron los denunciantes.

Los padres de familia se muestran escépticos en relación a la veracidad de la denuncia de robo y apuntan sus sospechas contra la tesorera, motivo por el que exigen la intervención de las autoridades.

La iniciativa propone la creación del Programa de Prevención para Inundaciones en Zonas de Riesgo, basado en la implementación de sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS), incorporando soluciones ambientales como zanjas de infiltración, techos verdes, jardines de lluvia, estanques de tormenta y corredores naturales.

Entre los criterios para identificar zonas de riesgo se incluyen estudios topográficos, informes meteorológicos certificados, identificación de corredores naturales, preservación del patrimonio ambiental y la exigencia de un mínimo del 15% de áreas verdes en zonas urbanas vulnerables.

La propuesta establece que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será la autoridad rectora en materia de infraestructura y órgano responsable de la aplicación de la futura ley.

El proyecto dispone que toda obra pública o urbanización superior a 1.000 metros cuadrados deberá incorporar sistemas SUDS conforme a un Manual Técnico Nacional aprobado por el MOPC. 

Además, actuarán como órganos coordinadores: la Secretaría de Emergencia Nacional, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ente Regulador de Servicios Sanitarios, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay, y los gobiernos municipales.