Unos 9.100 nuevos beneficiarios de Adultos Mayores cobran hoy: acceda a la lista
El programa Pensión Universal para Adultos Mayores paga hoy a los más de 9.100 nuevos incorporados en febrero. Los nombres están publicados en la web del Ministerio de Desarrollo Social y la búsqueda puede hacerse por número de cédula.
Con la nueva ley de pensión universal, 30.000 personas deben ingresar anualmente al programa Adultos Mayores. La primera tanda de incorporación del 2025 ya fue realizada y es la correspondiente a febrero, mes en que agregaron a 9.112 personas.
Estos nuevos beneficiarios podrán cobrar hoy martes 25 de febrero, en ventanilla del Banco Nacional de Fomento (BNF) por tratarse del primer pago que recibirán, anunció el Ministerio de Desarrollo Social. El monto es de 700.000 guaraníes, equivalente al 25 % del salario mínimo.
Sin embargo, a partir del próximo mes ya tendrán consigo sus tarjetas de débito que les serán entregadas por la Dinacopa (Dirección Nacional de Correo Paraguayo).
Si bien el programa alcanza a las personas desde los 65 años en adelante, los nuevos ingresos se están realizando de mayor a menor. El primero se concretó a finales del 2024, con la franja de 106 a 90. Luego de una depuración de la lista de difuntos, se avanzó y se llegó hasta los 90 años.
En tal sentido, el anuncio hecho a finales de enero y principios de febrero fue que, en esta nueva tanda serían incorporados los de 79 años de edad.
Los encargados del programa confirmaron que no se envía ningún mensaje ni notificación al seleccionado, por lo tanto, será cuestión de que el adulto mayor o un familiar suyo pueda ingresar a la web, colocar el número de identidad y ver si su nombre aparece.
Actualmente la franja con mayor cantidad de potenciales beneficiarios está entre los 65 a los 75 y entre los 75 a 79 años.
Uno de los principales cambios en la reciente ley del programa Adultos Mayores es la eliminación del censo como método de ingreso. Este sistema dejaba afuera a muchas personas por simples detalles como tener un baño un poco “moderno” o acondicionadores de aire, entre otros criterios que no necesariamente implican lujos.
Los requisitos para ser beneficiario y que, el Ministerio los verifica a través de un simple cruzamiento de datos con varias instituciones son:
No tener salario público ni privado
No ser contribuyente en DNIT
No ser cotizante de IPS
No tener más de 30 cabezas de ganado
Retiran la última torre de alta tensión de la Costanera Norte
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) inició el desmontaje de la última torre de alta tensión ubicada en la Costanera Norte, luego de completar el soterramiento de 2,7 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica. Con ello, el frente costero de Asunción quedará libre de estructuras aéreas de alta tensión.
Los trabajos se desarrollan en las inmediaciones del Banco San Miguel, donde actualmente se retira la estructura metálica de la última torre. Según el MOPC, las labores demandarán alrededor de tres días, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.
Tras el desmontaje, se ejecutarán obras complementarias, entre ellas la demolición de las bases de hormigón y la reposición de la carpeta asfáltica en los sectores intervenidos. Esta estructura es la última de un total de ocho torres contempladas en el proyecto.
La intervención forma parte del Proyecto de Resiliencia Urbana de la Franja Costera de Asunción, que busca mejorar la infraestructura y recuperar espacios estratégicos para el desarrollo urbano de la capital.
Con la eliminación de las torres, cables aéreos y estructuras de transición, la Costanera Norte contará con un paisaje más despejado y liberará áreas con potencial para futuros proyectos urbanísticos, especialmente en el entorno del Parque Caballero y el Banco San Miguel.
Las obras son ejecutadas por el Consorcio Tocsa-Tecnoedil, en coordinación con la ANDE y la Municipalidad de Asunción, con financiamiento del Banco Mundial. La inversión asciende a G. 67.091 millones.
Aspirante a contralor, apartado por “mentir” al Senado: lo destituyeron tras liberar a narco
Uno de los postulantes al cargo de Contralor General fue descalificado del proceso en el Senado, luego de confirmarse que había sido destituido años atrás por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Se trata del abogado Edgar Hernán Sosa, quien era uno de los aspirantes a ocupar el cargo de Contralor General de la República y que ahora queda fuera del proceso de selección.
Esta decisión fue comunicada por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública de la Cámara de Senadores, Javier Zacarías Irún, luego de un análisis de sus antecedentes.
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De acuerdo con la nota suscrita por el senador, esta decisión se fundamenta en que el postulante se encuentra comprendido dentro de los impedimentos previstos en el artículo 5° de la Ley N.° 276/94.
Según se pudo constatar durante el análisis documental, Sosa había sido destituido en el año 2013 por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), a raíz de la liberación de un supuesto narcotraficante, de nombre Damián Álvarez Frutos, cuando se desempeñaba como juez en Ciudad del Este.

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A esto se suma el hecho de que Sosa omitió brindar esta información al Senado, afirmando nunca haber recibido sanciones administrativas, lo cual finalmente acabó corroborándose con una verificación más rigurosa.
Un total de 49 postulantes se inscribieron en el Senado para competir por los cargos de Contralor General y Subcontralor de la República para el periodo 2026-2030.
Embarazada fue despedida de forma injusta y ahora cobrará G. 80 millones
Una trabajadora que había sido desvinculada de una empresa distribuidora ahora cobrará una millonaria indemnización, luego de varios años de litigio judicial, gracias a la ayuda de una defensora pública.
La abogada Alba Mariela Giménez de Vera, Defensora Pública en lo Laboral del Segundo Turno de la Capital, tomó intervención en un caso de despido injustificado que tuvo como afectada a una trabajadora en etapa de gestación.
Según los antecedentes, esta mujer había sido desvinculada en el año 2022 de una empresa distribuidora mientras se encontraba embarazada, motivo por el que inició una demanda contra la firma en cuestión.
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En este caso puntual, la acción judicial consistió en una demanda de nulidad de despido y cobro de guaraníes, la cual tuvo curso favorable en primera instancia gracias al fallo del Juzgado Laboral.
Un juez ordenó el reintegro de la trabajadora, el pago de salarios caídos y la regularización de sus aportes al Instituto de Previsión Social (IPS). Posteriormente, el Tribunal de Apelación confirmó sustancialmente dicha decisión.
Sin embargo, la empresa promovió una acción de inconstitucionalidad, medida que amenazaba con prolongar el litigio y seguir postergando el acceso de la afectada a la reparación económica reconocida previamente por la Justicia.
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Gracias a la intermediación de la defensora pública, se abrió un proceso de diálogo y negociación entre las partes, el cual culminó de manera fructífera con un acuerdo transaccional, de acuerdo al informe del Ministerio de la Defensa Pública.
De esta manera, la denunciante recibirá una compensación económica, luego de que la empresa se comprometiera al pago de G. 80.000.000, monto que comprende las indemnizaciones, haberes laborales y demás conceptos reclamados en el proceso.