Una comitiva liderada por el agente fiscal Irán Suárez se constituyó esta mañana en la Sección Estadísticas del Poder Judicial de la ciudad de Villa Hayes.

Dicha intervención se llevó a cabo en el marco de la investigación abierta por el Ministerio Público en el caso conocido como “la mafia de los pagarés”.

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El representante de la Fiscalía dispuso la incautación de varios equipos informáticos, así como del celular de la jefa de la mencionada sección.

Dentro de una de las oficinas inspeccionadas, se hallaron tres roperos repletos de expedientes relacionados con la abogada Zully Ortiz, quien es una de las principales acusadas por este caso.

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Cabe recordar que el día de ayer se llevaron a cabo otros allanamientos por esta misma causa, puntualmente en el estudio jurídico y la vivienda particular de Ortiz.

Las denuncias indican que varios jueces de Paz, secretarios y ujieres, además de abogados y empresas de cobranzas, estarían implicados en el cobro compulsivo de pagarés, en su mayoría ya cancelados por los deudores.

Acompañó al ministro en esta actividad, el viceministro de Vivienda e Infraestructura, Víctor Villasboa. Durante el recorrido, el titular de la cartera habitacional destacó el progreso de las obras, que ya alcanza el 40% de avances, en la construcción de estas viviendas, que contarán con dos dormitorios, sala-comedor, baño familiar y lavadero, a fin de ofrecer hogares funcionales, seguros y confortables a las familias paraguayas.

“En pocos meses más, estas 18 viviendas van a estar habitadas por familias que van a dejar sus alquileres o las casas de sus familiares, gracias al Gobierno del presidente Santiago Peña”, expresó el ministro Juan Carlos Baruja.

El proyecto se desarrolla íntegramente con materiales 100% paraguayos, fortaleciendo así la economía local y promoviendo el crecimiento de la industria nacional.

Las familias beneficiarias ya han obtenido la aprobación de sus créditos, de forma rápida y sencilla, a través de la plataforma digital www.cherogapora.gov.py.

Según informa la Embajada de los Estados Unidos, en la Triple Frontera, los financistas y facilitadores de Hezbolá generan ingresos para la organización terrorista mediante actividades ilícitas como el lavado de dinero, el narcotráfico, el contrabando de carbón y petróleo, el comercio ilegal de diamantes, el contrabando de bienes —incluido dinero en efectivo, cigarrillos y productos de lujo—, la falsificación de documentos y la falsificación de dólares estadounidenses.

También obtienen ingresos de actividades comerciales en toda América Latina, como la construcción, la importación y exportación de mercancías y la venta de bienes raíces.

Se pueden otorgar recompensas por información que lleve a la identificación y desarticulación de una fuente de ingresos para Hezbolá o de sus principales mecanismos de facilitación financiera; donantes o facilitadores financieros de Hezbolá; instituciones financieras o casas de cambio que faciliten transacciones de Hezbolá; empresas o inversiones propiedad o controladas por Hezbolá o sus facilitadores financieros; empresas pantalla involucradas en la adquisición internacional de tecnología de doble uso en nombre de Hezbolá; y esquemas delictivos que involucren a miembros o simpatizantes de Hezbolá y que generen beneficios económicos para la organización.

Hezbolá es una organización terrorista con base en el Líbano que recibe armas, entrenamiento y financiamiento de Irán, país que fue designado como patrocinador estatal del terrorismo por el Secretario de Estado en 1984. Hezbolá genera alrededor de mil millones de dólares al año mediante una combinación de apoyo financiero directo de Irán, negocios e inversiones internacionales, redes de donantes, corrupción y actividades de lavado de dinero.

El Departamento de Estado designó a Hezbolá como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) en octubre de 1997 bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT, por sus siglas en inglés) en octubre de 2001 bajo la Orden Ejecutiva 13224.

En el marco de la ley 7471/25, que declara en emergencia los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, el Ejecutivo envió alimentos al Chaco.

Los kits fueron a Presidente Hayes, distritos de Puerto Pinasco y Teniente Primero Manuel Irala Fernández, para las comunidades de San Carlos, Aldeas de 10 Leguas, La Esperanza /Karandilla Poty y Nicha Toyish.

En ocho camiones de la SEN de 10 toneladas cada uno, tres camionetas 4x4 y un helicóptero de las Fuerzas Armadas enviaron 42.803 kilos de alimentos distribuidos en 1.861 kits.

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El Congreso aprobó una ampliación presupuestaria de 15.000 millones de guaraníes para el Chaco. Mañana se prevé una reunión con gobernadores e intendentes para coordinar la reparación de caminos.

“Una vez que tengamos en condiciones la ruta, eso va a ayudar para que la economía de esos departamentos fluya con normalidad”, explicó el ministro Arsenio Zárate.

En la región Occidental fueron asistidas 25.500 familias con 600.500 kilos de alimentos no perecederos. Todavía quedan 12.500 que no recibieron nada en Boquerón, a donde llegarían en el transcurso de esta semana.

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