La Cámara de Senadores organizó una audiencia pública con formato de mesa de trabajo para debatir sobre el anteproyecto de Ley que Modifica y Amplia varios artículos de la Ley que Regula el Procedimiento para el Enjuiciamiento y Remoción de Magistrados judiciales, agentes Fiscales, defensores públicos, Síndico de Quiebra y Deroga la “Ley, 3759/2009″. Para que el contenido tenga el sustento de los entendidos en la materia, fueron invitados abogados, jueces y juristas.

El objetivo de Oviedo es buscar pluralidad en la conformación del del JEM y un mecanismo de control sobre la gestión de los miembros del JEM. Además, bajar la cantidad de votos para el inicio de una investigación de oficio ante un mal desempeño de los magistrados, así como permitir que los miembros sean electos por p votación popular y duren en sus cargos cinco años.

“El pueblo es el soberano y si el pueblo elige a los representantes en del Jurado, a lo mejor tenemos esa pluralidad que evita que intereses sectarios estén instalados en el Jurado, como ahora”, explicó el senador Oviedo.

Paralelamente, el senador Ever Villalba propone eliminar las investigaciones de oficio y la diputada Rocío Vallejo plantea reducir a un año la duración de los mandatos. Toda la discusión de modificaciones se sustenta en el artículo 253 de la Constitución Nacional, que dice: Los magistrados judiciales sólo podrán ser enjuiciados y removidos por la comisión de delitos, o mal desempeño de sus funciones definido en la ley, por decisión de un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Este estará integrado por dos ministros de la Corte Suprema de Justicia, dos miembros del Consejo de la Magistratura, dos senadores y dos diputados; éstos cuatro últimos deberán ser abogados. La ley regulará el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

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ELECCIÓN POPULAR, RECHAZADA DE ENTRADA

Que los miembros del Jurado sean electos por el pueblo no tiene sustento ni probabilidades de prosperar, a juzgar por las explicaciones de Jorge Rolón Luna. “Me cuesta ver que no colisione con la Constitución Nacional, un escenario donde ministros de la Corte tengan que hacer campaña política. Me cuesta ver la viabilidad”, opinó.

Por su parte, Manuel Benítez Riera argumentó que, la legitimidad de una sentencia no reposa en la cantidad de votos, sino en su apego a las leyes.

Al término de la audiencia, José Oviedo admitió que tendrá que modificar varios aspectos del proyecto, entre ellos, el de la elección popular. Anunció que se tomará al menos dos semanas para recibir por notas las propuestas de los magistrados y abogados que participaron de la reunión.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tiene un presupuesto anual de USD 5 millones de dólares con solamente dos destituciones en su haber y 20 juicios de 280.000 dólares cada uno, detalló Oviedo. También mencionó la figura del apercibimiento como inconstitucional.

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Desde hace años se convirtió en un problema para los usuarios de Internet hogar, televisión por cable e, incluso, planes móviles contratar un servicio por un cierto monto mensual, pero de manera repentina reciben facturas con números más altos que lo establecido inicialmente.

También, en las redes sociales abundan denuncias contra la compañías telefónicas que, aun durante la suspensión del servicio por mora del usuario, continúan emitiendo facturas por el costo total o parcial del mismo, sin que exista la correspondiente contraprestación.

Los senadores José Oviedo y Rubén Velázquez buscan sancionar este mal hábito, es por eso que presentaron un proyecto de ley que establece sanciones contra las compañías telefónicas y protege a los usuarios.

La propuesta señala que, las empresas no podrán facturar cargos por el servicio básico mensual, ni por ningún otro cargo fijo o variable, durante los períodos en que el servicio se encuentre a suspendido. A su vez, esto deberá ser debidamente comunicado hasta 5 días antes.

El proveedor podrá cobrar un cargo por reconexión, que no debe superar el 10% de la tarifa básica mensual.

En cuanto a las sanciones, las empresas se exponen a sumarios y a la devolución de los montos indebidamente cobrados a los usuarios. Además, se podría suspender determinados planes o servicios.

Los usuarios tendrán derecho a presentar reclamos ante la Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) en caso de cobros indebidos o incumplimiento de las disposiciones de la presente ley.

Eduardo Mingo, director de la Dirección Nacional de Meteorología, señaló que la altura actual del río Paraguay en Asunción es de 1,79 mts. que, aunque es un nivel habitual, si siguen las lluvias intensas en varios puntos de su cauce, pueden modificar su comportamiento futuro en Asunción.

Ante este panorama, la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de la Municipalidad en conjunto con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), trabajan en acciones preventivas para proteger a las familias bañadenses.

“Estamos previendo espacios que puedan dar condiciones más dignas a más de mil familias, considerando que los lugares tradicionalmente utilizados ya no son viables, ya sea por su insuficiencia o por estar destinados actualmente a otros proyectos de desarrollo urbano”, indicó Alejandro Buzó, coordinador de la Dirección.

En este sentido, puntualizó que se está realizando un trabajo de relevamiento de cotas en la zona litoral del río Paraguay, en especial en áreas como el Bañado Sur y sectores aledaños a la Costanera.

Actualmente, el nivel del río aún no presenta una amenaza inminente, sí se registran crecidas en zonas del Chaco y se monitorean lluvias intensas en el norte de la región que pueden alterar al río Paraguay.

En ese sentido, se está trabajando en la planificación preventiva de zonas para potenciales albergues temporales, frente al riesgo de inundaciones.

El lamentable suceso ocurrió el pasado viernes 25 de abril, cerca de las 19 hs. La pequeña recibió un impacto de bala a la altura del mentón sin orificio de salida.

De 10 años, vivía en la casa de sus tíos y estaba estudiando en compañía de otro niño. En un determinado momento, revisó el cajón de un escritorio y halló el arma, manipuló y la disparó de forma accidental.

Fue asistida por los Bomberos Voluntarios y luego derivada al Hospital Regional de Paraguarí donde ordenaron su traslado al Hospital de Itauguá, pero falleció en el trayecto.

Una persona quedó detenida, aparentemente, propietario del revólver calibre 32 milímetros. Se trata de Juan Guillermo Paredes Dávalos, de 64 años, militar jubilado.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público que ya tomó intervención para esclarecer las circunstancias del hecho.