“Es un juego político, una oposición casi invisible, pero que busca constantemente desgastar al Ejecutivo. Lo que pasó con el almuerzo escolar se utilizó para generar un ataque directo contra el programa Hambre Cero”, expresó el legislador Gustavo Leite en entrevista con el canal GEN. “La oposición y algunos sectores mediáticos presentan los hechos de manera que terminamos comprando una historia que no es real”, afirmó.

Además, sostuvo que el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, tiene la experiencia suficiente para enfrentar estas acusaciones y demostrar que la denuncia fue “montada” con intenciones políticas. “Los gobiernos no pueden estar a la defensiva, tienen que ser preventivos. Pero lo que vemos aquí es un claro intento de boicot contra un programa que está beneficiando a más de un millón de niños”, señaló.

En medio de la polémica, el Ministerio de Desarrollo Social inició una investigación preliminar a la empresa Comepar, proveedora del servicio de alimentación, mientras que el Ministerio de Educación abrió un sumario a la directora de la Escuela San Jorge, Mercedes Jaquet, por no haber reportado la supuesta irregularidad.

Para Leite, estos ataques forman parte de una estrategia mayor que busca minar la gestión de Peña. “Ya lo vimos con los chats de Lalo, donde se intentó dañar a nuestro sector político. Ahora ocurre lo mismo con el almuerzo escolar. Hay que asumir los errores, sí, pero también hay que desenmascarar las mentiras”, concluyó.

En entrevista con La Caja Negra (Unicanal), Félix Sosa desmitificó una de las creencias más extendidas en el debate nacional, la cual sostiene que nuestro país le vende energía excedente de Itaipú al Brasil a precios irrisorios de entre 10 y 12 dólares.

El titular de la ANDE aclaró que ese monto representa únicamente un adicional por encima del valor base establecido por la binacional. “Actualmente la tarifa de la energía garantizada es de 37 dólares aproximadamente, y por encima de eso se pagan 12 dólares. El Brasil le paga eso al Paraguay; entonces al 37 hay que sumarle 12. No es que nosotros le vendamos a Brasil a 12 dólares, eso se paga por encima de la tarifa de la Itaipú”, especificó.

Asimismo, precisó que gracias al acuerdo operativo vigente hasta fin de año, la ANDE accede a una preferencia para adquirir la denominada energía excedente (la más barata), permitiendo que el costo promedio de compra de la entidad se ubique en 28 dólares.

LOS COSTOS DE INFRAESTRUCTURA

Sosa argumentó que cualquier propuesta para vender o disponer del remanente energético local a inversores extranjeros debe estructurarse obligatoriamente sobre una base que cubra todos los costos de inversión.

Destacó que la ANDE funciona de manera autárquica y depende exclusivamente de su facturación para ejecutar sus proyectos de expansión. “Es una tarifa que pueda cubrir todos los costos a los efectos de que se pague por la infraestructura, crear las condiciones financieras como para seguir invirtiendo y cumplir el plan maestro, porque en realidad la ANDE es una empresa que no recibe recursos del Estado. Su único ingreso genuino es la tarifa por la venta de la energía eléctrica”, remarcó.

Al desglosar cómo se calcula el precio final del servicio, Sosa puntualizó que el costo se incrementa según la distancia y la infraestructura requerida para transportar la electricidad desde la planta de generación hasta el punto de consumo.

El proceso técnico involucra diversas etapas:

-Generación: El costo inicial de la energía limpia directo desde la represa.

-Transmisión: La inversión en líneas de alta tensión para traer el flujo desde Itaipú hasta los principales centros de consumo como Asunción.

-Subestaciones: Infraestructura de transformación para disminuir la potencia.

-Distribución: El tendido eléctrico de las líneas que recorren los vecindarios y los transformadores barriales que permiten la acometida al domicilio.

Tomando como base este despliegue operativo, Sosa reveló el piso financiero que rige en el territorio para los grandes consumidores industriales. “La tarifa técnica actual de la ANDE es de 44.33 dólares por un megavatio hora (MWh) a nivel de 220 KV, y así sucesivamente va bajando por niveles de tensión. Cualquier tarifa por debajo de esa tarifa técnica le afecta a la ANDE, y eso es lo que pasó mucho tiempo”, advirtió. Sostuvo que vender por debajo de ese límite significaría dejar de ejecutar las obras viales y estructurales estipuladas en el plan maestro del ente regulador.

Frente a la posibilidad de que ciertas compañías presionen por obtener cánones inferiores a los 44.33 dólares, Sosa advirtió que la única manera de sostener un esquema por debajo del costo real es mediante una tarifa cruzada, es decir, obligando a que un grupo de usuarios pague de más para subsidiar a los que pagan de menos.

“Caso contrario, va a ocurrir lo que ocurrió siempre lastimosamente en el sistema eléctrico paraguayo: no se tienen todos los recursos necesarios, no se ejecutan todas las obras previstas en el plan maestro y ofrecemos mal servicio. Un mal servicio para la industria le sale más caro que la facturación mensual por consumo de energía eléctrica”, reflexionó.

EL MÁS BARATO DE LA REGIÓN

Pese a los costos técnicos que representa sostener el sistema de distribución, el titular de la ANDE ratificó que Paraguay ostenta las tarifas eléctricas más ventajosas del continente.

“Nuestro promedio es de 50 dólares el megavatio en todos los niveles de tensión, y seguimos siendo la tarifa más competitiva por lejos. Comparativamente con Uruguay, estamos en un 25% con relación a su tarifa (el promedio uruguayo ronda los 180 dólares). Con Brasil estamos aproximadamente en el 35% de lo que es su tarifa en promedio, y Argentina está un 50% más cara”, detalló.

El Dr. Víctor Godoy, Director del INERAM, realizó un recorrido por la institución acompañado por el embajador de Taiwán, autoridades ministeriales y el vicecanciller. La comitiva inspeccionó las áreas de triage, admisión y consultorios. Asimismo, los responsables del hospital enseñaron el flujo de trabajo en las salas de internados y en el sector de emergencias pediátricas.

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El viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, Dr. José Ortellado, destacó la relevancia de la cooperación bilateral para el fortalecimiento del sistema de Salud Pública. “Desde el Ministerio de Salud Pública se ha visto el cambio en estos trabajos en conjunto entre ambos países. Esta inversión, tanto de Taiwán como también la inversión de recursos humanos de ambos países, ha hecho de la salud pública una visión mucho más diferente”, señaló.

El Sistema de Información Hospitalaria (HIS) agiliza la atención a los pacientes y aporta transparencia a la gestión sanitaria. Esta plataforma informática facilita la toma de decisiones institucionales mediante el acceso a datos en tiempo real.

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En la actualidad, más de 1.300 establecimientos de salud pública utilizan esta tecnología en todo el país. La herramienta reduce los tiempos de espera en las salas y asegura un estricto control en la distribución de medicamentos.

Finalmente, las autoridades destacaron un indicador positivo en la salud pública nacional: Paraguay suma tres años sin registrar una epidemia de dengue.

En su carácter de proyectista de la legislación vigente, el exdiputado Óscar Tuma expuso sus argumentos en contra del nuevo proyecto de ley que modifica el régimen del divorcio vincular.

Mientras la ley que rige hoy no exige plazo mínimo para que una pareja, de común acuerdo, solicite el divorcio, este proyecto establece que la solicitud se recibirá recién después de un año de matrimonio.

Con esta primera modificación, se impone una espera obligatoria de 12 meses, un plazo que actualmente no se necesita.

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Otro aspecto cuestionado por el abogado y exparlamentario es la cuestión procesal. Mientras hoy se manda al archivo el expediente cuando los cónyuges no ratifican su voluntad inicial de separarse, con la propuesta de Samaniego se estipula que ese expediente no podrá reabrirse hasta dentro de un año, es decir, si la pareja decidiera divorciarse antes, tendría que esperar un año, lo que agrega otro obstáculo.

Un punto más que incluye el proyecto es la exigencia de que los cónyuges no posean bienes o que al menos, se encuentren bajo el régimen de separación de bienes.

“Esto limita injustificadamente el acceso al divorcio de mutuo consentimiento, porque la existencia de bienes no debería impedir la disolución del vínculo matrimonial; en todo caso, la cuestión patrimonial debe resolverse por las vías correspondientes”, señaló Tuma.

El abogado concluye que el proyecto de ley implica un retroceso en comparación con la legislación vigente, pues el divorcio debería ser simple y respetuoso de la libertad de las personas, en lugar de colocar los obstáculos que ya se habían eliminado.

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