Luego de más de dos años y medio de la imputación, a las 8:00 de la mañana está fijado el horario de inicio del juicio a Arnaldo Giuzzio, ministro de dos carteras en la administración de Mario Abdo Benítez,

Uno de los cargos de Giuzzio en el Gobierno de Mario Abdo Benítez fue el de ministro del Interior, función en la que se desempeñó desde el 22 de enero del 2021 al 22 de febrero del 2022. Como todo ministro, una de sus competencias es la de ser el ordenador de gastos, lo que le da la potestad de: autorizar los llamados a licitaciones para compra de bienes o servicios de su cartera, adjudicar a los proveedores, lo que, indefectiblemente implica firmar los contratos, y, por supuesto, administrar y disponer de los gastos reservados.

Según la investigación, desde julio del 2021 a febrero del 2022, el entonces ministro del Interior mantuvo contacto y comunicación con el brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua (objetivo del operativo Turf y detenido en Brasil por lavado de dinero, tráfico de drogas y tráfico de activos).

Cuando Giuzzio mantenía un estrecho nexo con el brasileño, este hombre administraba y dirigía las empresas Black Eagle Grupo SA y Ombu SA, firmas dedicadas al blindaje de vehículos, mantenimiento de blindados, antivandalismo, alquiler de vehículos blindados, venta de materiales de seguridad, entre otras actividades comerciales.

Los fiscales del caso sostienen que la intención de Vinicius era conservar este relacionamiento directo, personal y cercano con Giuzzio para convertirse en proveedor del Estado, mediante la entrega de chalecos antibalas y vehículos blindados.

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A partir de aquí, se registran los primeros “regalos” aceptados por Giuzzio. Primero, el blindaje de un móvil de la Policía en concepto de “cortesía” y segundo, el préstamo, a título gratuito, de un vehículo para el uso personal de Giuzzio, durante un viaje familiar y privado, específicamente, unas vacaciones en Brasil.

Giuzzio se comunicaba con Vinicius a través de Whatsapp, al número personal del brasileño y también al número registrado a nombre de la empresa Black Eagle. Tuvo encuentros personales con él, tanto en las oficinas del presunto narco, como en el campo de tiro de la FOPE (Fuerza de Operaciones Especiales).

Los primeros mensajes comienzan en julio del 2021, con el envío de unos links sobre inversiones empresariales, que, según menciona Vinicius, “ya le había comentado”. Además, Marcus le pidió a Giuzzio la camioneta Hyundai Santa Fe para hacerle unos retoques, a lo que el ministro le respondió, “veo”.

En octubre, como si de un informante se tratarse, Vinicius le envía a Giuzzio vía Whatsapp, unos links y capturas de pantallas sobre el caso Lava Jato y un operativo en el domicilio de Antonio Joaquim Da Mota. “Gracias Marcus”, le respondió Giuzzio. Fue se mismo mes que Vinicius habría hecho el blindaje y la reparación de una camioneta de la Policía.

En noviembre de ese año, Marcus le dijo a Giuzzio que se encontraba en Asunción y que tenía consigo las muestras para hacer las pruebas de balísticas de los materiales para los famosos chalecos.

En diciembre, Espíndola le escribió nuevamente a Giuzzio para hablarle de tres vehículos de la FOPE. También le pidió al ministro que envíe el vehículo descompuesto para ver si es posible hacerle un cambio de motor y hasta le ofrece otro en concepto de “cortesía”.

Ya en diciembre del 2022, Marqués de Padua le dice a Giuzzio que tiene consigo a uno de los blindados, a lo que Giuzzio le pregunta si podrá arreglarlo y si costará caro. El brasileño contestó que uno de ellos se lo daría de “cortesía”, a lo que Giuzzio respondió contento: “Excelente” y más tarde pidió fotografías.

Vinicius envió varios videos y fotografías de vehículos de la Policía Nacional. En los intercambios de Whatsapp hablan de los arreglos que requieren los móviles. En uno de los archivos se ve a un oficial vestido con ropa camuflada, tipo militar, vistiendo un chaleco, armas y cargadores.

A partir de estas y otras conversaciones, para los fiscales surge la sospecha razonable de que Marcus, no solamente proveyó servicios de reparación y blindaje a vehículos del Ministerio del Interior y de la Policía, sino que también hizo tratativas con Giuzzio para proveer materiales al Ministerio del Interior y a la Policía.

Marques de Padua también conversa con el viceministro de Seguridad, Pablo Ríos, a quien, el brasileño le consulta si lograrían hacer negocios en Paraguay, además de expresarle su deseo de hablar con representantes del poder y hacer inversiones detrás de una plata segura y con respaldo jurídico.

En otros mensajes, Vinicius le agradece a Giuzzio por visitar Black Eagle para la prueba de chalecos antibalas y le dice que ese evento fue “demasiado importante” para él como representante de dicha firma comercial.

Otra demostración de materiales de Black Eagle se realizó en el campo de tiros de la Fope, en diciembre del 2021. Aquí hicieron pruebas balísticas de resistencia en metales con distintos calibres.

Para los investigadores, estas evidencias muestran que Arnaldo Giuzzio estaba en pleno conocimiento de las intenciones de Vinicius: ser proveedor del Estado y quedarse con futuras adjudicaciones del Ministerio del Interior, al cual, para entonces, ya ofreció varias cortesías.

A sabiendas de todo esto, en los últimos días de diciembre del 2021, Giuzzio recurrió a Vinicius para pedirle prestado un vehículo para su uso personal, no del Ministerio, para sus vacaciones en Brasil, ya que su móvil particular se había descompuesto por el camino.

Vinicius le hizo el favor a Giuzzio y le envió hasta Ciudad del Este una camioneta Kia Carnival, color gris, de uso personal de su esposa.

En enero del 2022, previa comunicación de Giuzzio, Marcus va hasta el domicilio particular del entonces ministro para retirar el vehículo prestado y utilizado durante sus vacaciones en Brasil.

A juzgar por las evidencias, los fiscales sostienen que Giuzzio no hizo ninguna contraprestación por el vehículo, el cual fue simplemente prestado y no arrendado, como llegó a alegar el procesado cuando el caso salió a la luz.

Entre las últimas conversaciones de ambos aparecen las de febrero del 2022, cuando Giuzzio le pide a Marcus que envíe a su gente para pasar a cobrar un saldo a su favor por la reparación de una camioneta Dogge.

Giuzzio y Marcus intercambiaron ese último mensaje el 14 de febrero por la noche. Ya para el día 15, se realizó el operativo Turf de forma simultánea en Paraguay y en Brasil. En ese marco, Vinicius fue capturado en su país.

LAS GENTILEZAS Y LAS CONEXIONES

Marcus otorgó la “cortesía” de arreglar un vehículo blindado de la Policía Nacional

Accedió al pedido de Arnaldo Giuzzio de prestarle, sin recibir nada a cambio, un vehículo particular para sus vacaciones en Brasil, en agradecimiento a las reparaciones que ya había hecho a otros vehículos del Ministerio. Con esas “gentilezas” buscaba ser adjudicado en futuras licitaciones.

Para los pagos de los servicios por los que Eagle sí cobró, Arnaldo Giuzzio, como ordenador de gastos, habría utilizado otros rubros y no los destinados al mantenimiento de vehículos, ya que el uso de estos recursos, necesariamente se debe llamar a licitación, algo el Ministerio no hizo, pues benefició directamente a la firma de Vinicius.

De no existir otra medida dilatoria, Giuzzio se sentará en el banquillo de los acusados hoy para ser juzgado por cohecho pasivo agravado.

La acusación fiscal que había sido presentada contra el presunto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán Galeano revela que la organización criminal liderada junto al uruguayo Sebastián Marset logró consolidarse y expandir sus operaciones de tráfico internacional de cocaína durante el gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez.

Según el documento presentado por el fiscal Deny Yoon Pak, la red narco comenzó a tejer alianzas en Paraguay desde el 2018, año en que Marset ingresó por primera vez al país.

Esto coincidió con el inicio de la administración de Abdo Benítez.

La Fiscalía sostiene que, tras varios encuentros entre distintos grupos criminales, la organización terminó consolidándose entre los años 2020 y 2021, periodo en el que se estructuró un sistema de tráfico internacional de cocaína y lavado de dinero con base en Paraguay.

De acuerdo con la acusación, Marset inició contactos con empresarios y operadores locales bajo la fachada de “empresario de espectáculos”, lo que le permitió vincularse con Insfrán y otros integrantes que posteriormente formarían parte de la estructura criminal.

A partir de esa alianza, el grupo organizó el ingreso de cargamentos de cocaína provenientes de Bolivia, que luego eran trasladados a depósitos en Paraguay para su posterior envío a mercados internacionales.

El esquema incluía aeronaves para el traslado de la droga, pistas de aterrizaje clandestinas, establecimientos rurales para el acopio y empresas utilizadas para encubrir el movimiento de mercancías.

Según la investigación, parte de las cargas ingresaban al país mediante vuelos que aterrizaban en zonas aisladas, incluso en áreas cercanas a la Reserva Natural Cabrera-Timane.

Posteriormente, la droga era trasladada al departamento Central y ocultada dentro de mercaderías aparentemente legales que luego eran exportadas a Europa y África a través del Puerto Seguro Fluvial de Villeta.

El Ministerio Público señala que entre 2020 y 2021 la organización logró enviar importantes cargamentos de cocaína al exterior.

En total, se detectaron al menos 17.340 kilogramos de droga vinculados a la estructura investigada. Cada kilogramo era comercializado inicialmente entre 12.000 y 14.500 dólares, mientras que en Europa el precio podía alcanzar entre 20.000 y 25.000 dólares.

Solo considerando las cargas descubiertas, las ganancias potenciales en el mercado europeo superarían los 433 millones de dólares.

Otro dato llamativo es que durante ese periodo (mandato de Mario Abdo), Marset y su entorno lograron obtener documentación paraguaya.

En agosto de 2020 fueron expedidas cédulas de identidad para varios miembros de su familia, entre ellos su pareja Gianina García Troche. El propio Marset recibió su documento paraguayo en febrero de 2021.

Paralelamente, la organización creó empresas y realizó inversiones en bienes y vehículos. Entre ellas figura la firma Grupo San Jorge S.A. – Total Cars, constituida con un capital declarado de G. 1.000 millones.

La investigación forma parte del operativo A Ultranza Py, considerado uno de los mayores golpes contra el narcotráfico en el país.

“Este señor me quería asesinar en el ejercicio de mi cargo como presidente de la república, era muy amigo de gente de la Fiscalía de alto nivel que permitieron que se borrara su nombre de los expedientes del asesinato del fiscal paraguayo Pecci en Cartagena, Colombia,el fiscal Pecci fue asesinado en su luna de miel y ante su mujer embarazada, como si la vendeta reviviera”, afirmó Gustavo Petro, presidente de Colombia.

También aseguró que Marset no solamente integra la “Junta del Narcotráfico en Dubái”, sino que sus socios son grandes capos de la cocaína en Europa y Medio Oriente, además de tener minas de esmeralda en Colombia.

Esta no es la primera vez que Petro responsabiliza a Marset del asesinato de Marcelo Pecci. La justicia de Colombia atrapó a los autores materiales y participantes del crimen, desde la coordinación hasta la ejecución, pero, llegado un momento aseguraron que la tarea de dar con el autor moral quedaría en manos de Paraguay.

En junio del pasado, el fiscal general, Emiliano Rolón, reveló que su par de Colombia, Adriana Camargo, dio información respecto al crimen de Pecci y ubicó a Sebastián Marset como uno de los autores intelectuales.

Nuestro compatriota Marcelo Pecci fue asesinado el 10 de mayo del 2022 en Barú, Colombia, en el último día de su luna de miel con su esposa Claudia Aguilera.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) iniciaron una fiscalización en diferentes supermercados de Mariano Roque Alonso y el barrio Loma Pytã de Asunción.

Equipos técnicos de las tres instituciones realizaron inspecciones coordinadas para verificar las condiciones de trabajo, el respeto a los derechos de los consumidores y el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos para la comercialización de productos.

Revisaron aspectos vinculados a la registración laboral de los trabajadores, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, la correcta información y protección al consumidor, así como la habilitación y el cumplimiento de las normativas sanitarias en la manipulación y comercialización de productos.

Desde las instituciones se destacó que este tipo de operativos conjuntos permiten abordar de manera integral distintas dimensiones del funcionamiento de los establecimientos comerciales, promoviendo condiciones de trabajo dignas, prácticas comerciales transparentes y la seguridad sanitaria de los productos ofrecidos a la ciudadanía.

Los controles continuarán desarrollándose en distintos puntos del país como parte de una agenda coordinada de fiscalización interinstitucional.