“Entré al supermercado de camino a la parada de buses, cuando de repente una empleada se me acerca y me dice que no era bienvenido. Le pregunté por qué y me respondió: ‘Vos asaltaste ayer este local y te identificaron. No sos bienvenido ni acá ni en ninguna sucursal’”, relató Servín en entrevista con el canal GEN.

Desconcertado por la acusación, abandonó el comercio sin reclamar pruebas. Sin embargo, más tarde contactó a una conocida que trabajaba en la cadena, quien gestionó la revisión de las cámaras de seguridad. Recién en ese momento los encargados compararon su imagen con la del verdadero ladrón y confirmaron que había sido un error.

El comercio utiliza un sistema de reconocimiento facial que identifica a personas previamente vinculadas a hechos delictivos en el local. Sin embargo, en el caso de Servín, el sistema arrojó una coincidencia del 90% con el verdadero ladrón, lo que llevó a su acusación errónea.

“Solo tenían rasgos parecidos. En el informe, simplemente decía ‘nombre: ladrón’. No había otro dato aparte de la imagen”, explicó Servín, cuestionando la falta de un proceso de verificación antes de señalar a una persona como sospechosa.

El afectado también expresó su preocupación sobre el uso de datos biométricos sin consentimiento y los riesgos que implica. “¿Qué pasaba si esta información se compartía con otras entidades? Si iba a un banco, ¿también iba a saltar en el sistema que yo robé un supermercado?”, se preguntó.

A pesar del error, la empresa no se comunicó con él ni emitió un pedido de disculpas. “Ni siquiera me explicaron cómo usan mis datos biométricos. Todo quedó en que ‘había sido no era yo’ y que podía seguir comprando”, lamentó.

El caso de Servín no es aislado. Tras hacer pública su experiencia en redes sociales, recibió múltiples mensajes de personas que afirmaron haber vivido situaciones similares en otros comercios.

“Espero que esto sirva para que más personas exijan pruebas si pasan por lo mismo. En mi caso, quedé en shock y no pedí nada en el momento, pero es muy grave lo que está pasando”, advirtió.

Por temor a ser nuevamente señalado por el sistema, el afectado decidió no volver a comprar en ningún local de la cadena. “Prefiero evitar el problema”, concluyó.

El procedimiento estuvo encabezado por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, en el marco de la causa n.° 40/24, denominada “Miguel Prieto y otros / Lesión de Confianza”.

El Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en la provisión de kits alimenticios para familias de escasos recursos durante la pandemia del Covid-19, para lo cual se habrían realizado pagos millonarios a la empresa mencionada, sin embargo, los productos entregados no coinciden con las especificaciones estipuladas en el contrato firmado entre las partes. Se detectó que productos como el azúcar y el aceite, no corresponden a las marcas contratadas, lo que levantó sospechas de un posible esquema fraudulento.

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La intervención fue impulsada con el propósito de realizar una exhaustiva búsqueda e incautación de documentos que pudieran estar relacionados con los hechos investigados. Cabe destacar que la presente causa surge luego de una serie de intervenciones hechas por la Contraloría General de la República y las documentaciones remitidas al Ministerio Público.

Según la hipótesis investigativa, la Municipalidad a cargo de Miguel Prieto habría desembolsado la suma de Gs. 2.637.408.000 para la adquisición de productos que no cumplían con las especificaciones acordadas y sin los permisos necesarios para la comercialización de productos de consumo humano.

Además, se sospecha que estos alimentos fueron distribuidos de manera irregular a las familias beneficiarias sin que se haya podido determinar su origen o si cumplían con los requisitos legales.

La Fiscalía tiene previsto continuar con la investigación en los próximos días para esclarecer la magnitud del fraude y determinar las responsabilidades de los involucrados, incluyendo funcionarios de la Municipalidad y representantes de la empresa contratista.

El procedimiento fue supervisado por el agente fiscal Juan Ramón Sandoval, de la Unidad Especializada de la Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado de Asunción, junto a la Dirección de Control de Aeropuertos y Seguridad Portuaria (DCASP) de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD

El Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado, a cargo la jueza Lici Teresita Sanchez, tomó intervención en el caso.

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El procedimiento de apertura de encomienda se llevó a cabo en la sede de Atención Permanente del Palacio de Justicia. La encomienda, una caja de cartón de color amarillo, había sido remitida desde la ciudad de Ciudad del Este.

En el operativo intervino personal del Departamento de Control Aeroportuario Silvio Pettirossi de la SENAD, incluyendo agentes especiales.

El proyecto de ley además de declarar en situación de emergencia tres departamentos, amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2025, aprobado por Ley N° 7408, del 30 de diciembre de 2024 – Presidencia de la República – Secretaría de Emergencia Nacional”.

Cabe destacar que el proyecto fue remitido nuevamente al Senado con modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. En ese contexto, el senador Orlando Penner, impulsor del documento, solicitó que el Pleno se constituya en comisión para su análisis. En su intervención, argumentó que la aprobación es urgente debido a las graves inundaciones que afectan a los mencionados departamentos.

Por su parte, el senador Natalicio Chase subrayó la crítica situación de las zonas afectadas, completamente aisladas por vía terrestre, y abogó por una respuesta inmediata a través de asistencia aérea y provisión de víveres. Destacó que el objetivo del proyecto es dotar al Poder Ejecutivo de las herramientas necesarias para agilizar los procesos de compra y contratación requeridos ante la emergencia.

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Finalmente, se resolvió transferir los recursos a las gobernaciones, dado su mayor grado de cercanía con las zonas afectadas, aunque se canalizarán a través de la Secretaría de Emergencia Nacional. El proyecto contempla una ampliación presupuestaria de G. 15.000 millones, distribuidos equitativamente entre los tres departamentos.

El texto sancionado corresponde a la versión de la Cámara de Diputados y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.