Según la denuncia, una de las afectadas, cuya identidad se resguarda, relató que en septiembre de 2024 planificó un viaje familiar con sus padres y su hermana a las playas de Santa Catarina, Brasil. Para ello, según expone, contactó a Fernando Sosa, a quien conocía del gimnasio, ya que este supuestamente se dedicaba al alquiler de departamentos y hospedajes en la zona, promocionándolos a través de la cuenta de Instagram @praiadorosabr.

El 24 de septiembre de 2024, la afectada se comunicó con Sosa por WhatsApp para solicitar opciones de hospedaje para las fechas del 26 de enero al 1 de febrero de 2025. Tras elegir un alojamiento, Sosa le habría enviado la cotización de G. 9.700.000, monto que la familia asegura que abonó en tres pagos: 4 de octubre de 2024: G. 2.550.000, depositados en una cuenta bancaria a nombre de una mujer. 17 de diciembre de 2024: G. 5.000.000, transferidos desde una cuenta del Banco Continental. 26 de diciembre de 2024: G. 2.150.000, completando el pago total.

Días antes del viaje, siempre conforme a lo expuesto por la denunciante, Fernando Sosa habría dejado de responder mensajes y llamadas. Ante la falta de contacto, la afectada se comunicó directamente con la posada en Brasil, donde le informaron que no existía ninguna reserva a su nombre ni de su familia.

Al reclamarle a Sosa, este habría respondido de manera evasiva y, en una de sus últimas interacciones, mencionó supuestamente que “no solo iba a accionar judicialmente”. Desde entonces, Sosa habría dejado de responder y tampoco habría concretado la devolución del dinero, según la denunciante.

Ante la imposibilidad de recuperar el monto abonado, la familia se vio obligada a costear otro hospedaje en Brasil, generando un doble gasto. Esto motivó la presentación de la denuncia penal por presunta estafa, quedando el caso en manos de la Fiscalía para su investigación.

Se trata del proyecto de Ley de contratos de préstamos suscritos por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y por la República del Paraguay, por un monto de hasta US$ 135.000.000.

También dentro del proyecto se incluye al contrato de préstamo suscrito con el Fondo de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional (OFID), por un monto de hasta US$ 50.000.000, para el financiamiento del Programa de Rehabilitación, Mejoramiento y Mantenimiento de la Ruta Nacional PY22, tramo Concepción – Vallemí – San Lázaro y accesos (Vial 4).

El programa contempla la rehabilitación, construcción, mejora y mantenimiento de aproximadamente 219,1 km en el departamento de Concepción.

Los trabajos serán ejecutados mediante la modalidad tipo CREMA (Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento), que contempla la licitación con un anteproyecto para estimar costos. Posteriormente, el adjudicatario desarrollará el proyecto ejecutivo, ejecutará las obras en un plazo de dos años y realizará el mantenimiento durante cinco años, de acuerdo con niveles de servicio establecidos.

Un insólito y llamativo hallazgo se produjo en la mañana de este miércoles en inmediaciones de la escuela ubicada en la Villa San Miguel de Concepción.

Se trata de un proyectil de mortero, el cual fue encontrado en una cuneta ubicada frente a la institución educativa.

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Dos niños que se encontraban jugando fueron quienes descubrieron este artefacto, que tiene un peso de aproximadamente dos kilos.

Por el estado y las condiciones que presenta, se presume que se trata de una bala de mortero muy antigua y que nunca llegó a detonar.

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Tras el hallazgo, se dio aviso al director de Cultura de la Municipalidad de Concepción, Carlos Argüello, quien a su vez solicitó la intervención de un experto en explosivos, informan medios locales.

El proyectil fue puesto bajo resguardo por pobladores locales, hasta tanto pueda ser inspeccionado por un especialista.

Por mayoría el colegiado de la Circunscripción Central confirmó la primera condena “sin cuerpo” que se otorgó en el caso de Luz Dahiana Espinoza.

En enero de este año, por dos votos a favor y uno en contra, el Tribunal de Sentencia condenó a 30 años a Joel Guzmán Amarilla, único sospechoso de la muerte y desaparición de la joven.

Esta decisión fue confirmada este miércoles argumentando que negar una condena por ausencia de cuerpo es abrir una ventana de impunidad inaceptable en casos de feminicidio.

En aquella ocasión, los magistrados dictaron sentencia con la cual quedaron demostrados los antecedentes y evidencias de violencia familiar, sumados a otros indicios recolectados durante la investigación.