Según explicó Meza, el proyecto se viene trabajando en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y otros legisladores, como la diputada Rocío Vallejo, con el objetivo de beneficiar a los ciudadanos de las ciudades donde están asentadas las estaciones de peaje.

El parlamentario explicó a la radio Universo 970 AM que la ley servirá como una herramienta jurídica para el MOPC, al permitir establecer un marco legal definitivo para la exoneración. Actualmente, la excepción se otorga en casos específicos a través de decretos reglamentarios, como ocurre con los ciudadanos de Ypacaraí, quienes pueden quedar exentos del pago al presentar documentos que acrediten su residencia y contribución municipal.

“La ministra de Obras Públicas siempre fue clara en que no tiene ninguna herramienta jurídica para implementar estas exoneraciones de manera general. Este proyecto busca solucionar definitivamente esa situación”, afirmó Meza.

En principio, la ley estará orientada a exonerar del pago del peaje a los ciudadanos de la ciudad donde está asentada la caseta de cobro. Sin embargo, se analizará si el beneficio podrá extenderse a un radio de 20 a 30 kilómetros alrededor del peaje.

“La idea es que esta presentación sirva como un mecanismo general y que no se deba crear una ley específica para cada ciudad o departamento afectado”, subrayó Meza.

La enfermedad, conocida técnicamente como Cassava Witches’ Broom Disease y provocada por el patógeno Ceratobasidium theobromae, está clasificada actualmente como una Plaga Cuarentenaria Ausente en el territorio paraguayo. Su principal hospedero es la mandioca, aunque también puede infectar de manera alternativa a plantas de aguacate.

Los cultivos afectados sufren deformaciones severas, reducción del tamaño de las hojas, retraso en el crecimiento y necrosis vascular, generando estructuras atípicas en forma de escobas que deterioran el desarrollo vegetal.

Dado que la infección destruye el rendimiento del tubérculo y no cuenta con ningún tratamiento curativo una vez que se manifiesta, las pérdidas económicas para las fincas pueden oscilar entre el 80% y el 100%.

Esta patología se transmite principalmente por el uso de estacas de mandioca infectadas, incluso cuando no muestran síntomas a simple vista, y por medio de insectos vectores que se alimentan de la savia de la planta, lo que facilita su rápida diseminación si no se toman los resguardos sanitarios adecuados.

Para frenar cualquier potencial brote, la autoridad sanitaria dispuso la prohibición estricta de introducir o utilizar material de propagación proveniente de regiones o países con presencia confirmada del mal, recomendando únicamente el empleo de semillas y estacas certificadas y de origen controlado.

Además, se pide a los agricultores que multiplican sus propios materiales que seleccionen con rigurosidad plantas sanas, vigorosas y representativas, garantizando la pureza y la sanidad del cultivo.

Desde el Senave solicitaron realizar monitoreos permanentes en las parcelas y notificar de manera inmediata cualquier síntoma sospechoso a los técnicos de la institución, sin aguardar confirmaciones previas y colaborando activamente con las inspecciones de campo.

La decisión judicial se dio en respuesta a la solicitud formulada por el agente fiscal Juan Ledesma. Además de decretar la prisión preventiva, el juzgado resolvió ratificar la calificación provisoria del hecho punible atribuido al imputado en el marco del proceso penal iniciado tras el trágico suceso.

El accidente ocurrió el pasado 15 de agosto, alrededor de las 20:30, a la altura del kilómetro 47 de la Ruta PY02, en la compañía Pedrozo de la ciudad de Ypacaraí. Según la hipótesis fiscal, el imputado conducía un camión que perdió los frenos e impactó contra cuatro automóviles que se encontraban detenidos ante la luz roja del semáforo.

A raíz de la colisión, el camión quedó severamente destruido e incendiado, y cinco personas perdieron la vida en el lugar, mientras que varios heridos debieron ser trasladados de urgencia a centros asistenciales para recibir atención médica.

Las investigaciones preliminares de la Fiscalía señalan que el camión se desplazaba a una velocidad superior a la permitida para dicho tramo vial. Además, las pesquisas indican que el conductor presuntamente no utilizó la rampa de frenado habilitada en la zona de pronunciada pendiente para detener el vehículo antes de impactar contra los demás automóviles.

Con la medida cautelar impuesta, el procesado permanecerá bajo custodia y a disposición de la justicia mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias pertinentes para esclarecer en su totalidad las circunstancias del siniestro y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

La unidad de transporte se desplazaba con dirección a la Terminal de Ómnibus de Asunción al momento del hecho. A bordo viajaban aproximadamente 60 pasajeros, quienes vivieron momentos de pánico cuando el transporte perdió la estabilidad tras el colapso de las ruedas traseras.

El desprendimiento del eje provocó que la unidad impactara contra otro vehículo, dejando un saldo de tres personas heridas que debieron ser trasladadas de urgencia a un centro asistencial.

El chofer del ómnibus, identificado como Mariano Ruiz Díaz, manifestó su sorpresa ante lo sucedido y afirmó que el vehículo había salido recientemente de un control técnico.

Según sus declaraciones, el colectivo no operó durante la jornada del sábado anterior precisamente porque fue sometido a labores de mantenimiento integral, por lo que aseguró desconocer las causas exactas que pudieron haber originado el desprendimiento de los neumáticos.

El fuerte impacto contra un automóvil particular y la posición en la que quedó varado el colectivo bloquearon parcialmente la circulación sobre la transitada arteria capitalina. Agentes del tránsito y personal policial acudieron al sitio para asistir a los afectados, ordenar el flujo vehicular e iniciar las peritajes correspondientes para determinar las responsabilidades del hecho.