Según los datos oficiales, la embocadura paraguaya presenta un nivel superior a los 3,30 metros, mientras que en Villamontes (Bolivia) el registro hidrométrico alcanza los 4,43 metros. Por su parte, en Pozo Hondo-Misión La Paz (Argentina), la regla hidrométrica marcó 5,93 metros este lunes 10 de marzo. Estos incrementos permiten que aproximadamente el 30% del agua fluya hacia territorio paraguayo desde Argentina, precisó Medina.

El director de la CNRP destacó los trabajos preventivos realizados para preparar la infraestructura hídrica ante este repunte. “La máquina anfibia de la CNRP está trabajando en los puentes de General Díaz”, afirmó, añadiendo que los tres puentes de la zona “están limpios y preparados para recibir esta riada que esperamos llegue en estos días”. Adicionalmente, se ejecutaron tareas de limpieza en los paleocauces, abarcando cerca de 12 kilómetros, en colaboración con ganaderos de la región.

Medina enfatizó la importancia de que los productores “sean conscientes de la necesidad de no retener el agua en sus propiedades”, lo que facilitará que el recurso hídrico llegue más lejos. “Esperamos que muy pronto pueda regar los sistemas de Montelindo y Estero Patiño”, agregó, señalando que esto beneficiará tanto a los productores como a la rica biodiversidad de la zona, antes de desembocar finalmente en el río Paraguay.

En otro orden, el titular de la CNRP informó sobre la exitosa reparación de un puente en General Díaz, en respuesta a un pedido urgente realizado por los pobladores. Gracias a la coordinación con la Dirección de Caminos Vecinales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se logró reemplazar la preforma de concreto del puente, que ahora “ya está transitable cien por ciento”, concluyó el funcionario.

La decisión fue adoptada por unanimidad mediante el Acuerdo y Sentencia N.º 129, firmado por los ministros María Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón y Silvana Luraghi, quienes concluyeron que los recursos no cumplían con los requisitos legales de fundamentación y que, en algunos casos, fueron presentados fuera del plazo establecido.

Con esta resolución quedan definitivamente firmes las condenas impuestas en el juicio oral y posteriormente confirmadas por el Tribunal de Apelación Especializado.

El Ministerio Público informó que, durante la investigación y el juicio, los fiscales Rodrigo J. Espínola, Francisco Cabrera y Néstor Coronel demostraron la existencia de un esquema para desviar recursos públicos asignados a la Gobernación de Central con el objetivo de afrontar la emergencia sanitaria.

Según la acusación, los fondos fueron desviados mediante la utilización de documentos falsos, rendiciones de cuentas irregulares y la simulación de obras que nunca llegaron a ejecutarse.

Además de Hugo Javier González, también quedó firme la condena de 10 años de prisión para Miguel Ángel Robles Ibarra. En tanto, Javier Marcelo Rojas Giménez, Luis Eduardo Allende Araujo, Lourdes Verónica Lezcano Decoud y Modesta Valiente Escobar fueron condenados a dos años de prisión, con suspensión de la ejecución de la pena.

Con la resolución de la Corte Suprema concluye el proceso ordinario en una de las principales causas de corrupción relacionadas con el uso de recursos destinados a atender la emergencia sanitaria durante la pandemia del COVID-19.

La institución informó que el objetivo de la intervención es fortalecer la seguridad alimentaria de las familias en situación de vulnerabilidad, garantizando el acceso a alimentos esenciales y brindando una respuesta oportuna a las necesidades detectadas en estas comunidades.

En total, fueron distribuidos 130 kits de alimentos en la comunidad Jotoicha, 110 en San Miguel, 66 en Nasuc y 75 en San Ramón.

Asimismo, la SEN entregó 21 kits a Primavera 1, 22 a Primavera 2, 42 a San Pío, 35 a Trinidad, 30 a la comunidad San Pedro y 16 kits de alimentos a San Antonio.

Desde la institución señalaron que estas acciones forman parte de las intervenciones permanentes que se realizan en el Chaco para asistir a las poblaciones más vulnerables y garantizar el acompañamiento estatal ante las necesidades alimentarias.

La intervención estatal se activó tras la difusión de un video en redes sociales que alertó sobre la crítica situación en el barrio. Las imágenes mostraban a niños y adolescentes, principalmente varones de entre 10 y 15 años, portando y manipulando armas de fuego, presuntamente implicados en la comercialización de drogas.

Ante esta situación, el caso fue derivado de urgencia a la Fiscalía Ordinaria Penal para evaluar la responsabilidad de los padres por exposición al peligro, así como a la Fiscalía del Crimen Organizado y Tráfico.

Durante los procedimientos, las autoridades localizaron a seis niños cuyos padres también se dedicaban de forma directa a la venta de sustancias ilícitas.

Lourdes Fernández, directora de Protección del MINNA, advirtió que la utilización de menores en estas redes es una práctica común que los expone de manera directa al consumo de estupefacientes. La funcionaria señaló que, aunque el operativo resultó invasivo y generó temor en la comunidad, el análisis de las cámaras de vigilancia de la zona permitirá visibilizar los mecanismos de reclutamiento de estos niños.

Durante las revisiones en las viviendas, los agentes capturaron a varios padres en flagrancia mientras comercializaban drogas y se incautaron de diversos elementos cortopunzantes.

Respecto al destino de los niños cuyos padres resultaron detenidos, las autoridades informaron que se está evaluando el entorno de sus familias ampliadas. En paralelo, un defensor de la Niñez dispuso medidas de protección urgentes para que los menores sean trasladados y resguardados en los centros especializados con los que cuenta el MINNA