Uno de los puntos más llamativos es el vínculo directo entre el fiscal Guillermo Sanabria y el equipo legal de Abdo Benítez. Su hermana Patricia Sanabria forma parte del prestigioso estudio jurídico Berkemeyer, donde también trabajan Enrique Kronawetter y Federico Huttemann, abogados que, junto con César Trapani, llevan la defensa del expresidente de la República en el caso de las filtraciones de la Seprelad.

Esta conexión sugiere que las presiones que llevaron a Sanabria a apartarse del caso no vinieron justamente del cartismo, tal como se pretendió instalar, sino más bien se habrían dado desde el propio entorno legal de Mario Abdo Benítez, tomando en cuenta la cercanía que existe entre las partes.

Consultado al respecto, el abogado Pedro Ovelar, representante de Horacio Cartes, sostuvo en entrevista con la radio Universo 970 AM que “es llamativa la vinculación”. Además, dejó en claro que desde su sector en ningún momento ejercieron coacción o presión. “Nosotros siempre fuimos respetuosos y él (Horacio Cartes) como víctima tiene derecho a participar de ciertos actos del proceso, y estamos expectantes de lo que haga el Ministerio Público, pero nunca de una manera desleal”, indicó.

También Ovelar señaló que la contraparte “quiere ensuciar el caso” y que eso puede notarse en todas las entrevistas concedidas por los abogados de Abdo y los demás procesados, ya que estos “nunca se sientan a discutir las pruebas, sino que solamente aseguran que todo es montado”. Asimismo, subrayó que durante el proceso esta gavilla presentó una treintena de apelaciones, recusaciones y otras medidas dilatorias, sin motivos que sustenten estas acciones.

“Con maniobras fraudulentas filtraron información con inconsistencias, mentiras y tergiversaciones, para atacar políticamente”, reiteró sobre las filtraciones hechas durante la administración abdista.

El fiscal Guillermo Sanabria presentó su renuncia a través de una nota dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diésel, en la que alegó motivos familiares y personales. Sin embargo, la decisión se produce en un momento crucial: el martes 11 de marzo vence el plazo para la presentación de la acusación contra Abdo y sus exministros, imputados por una serie de delitos relacionados con la filtración de informaciones confidenciales de Seprelad.

Entre los imputados figuran: Mario Abdo Benítez (expresidente), Carlos Arregui (exministro de Seprelad), Arnaldo Giuzzio (exministro del Interior), René Fernández (exministro Anticorrupción), Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y Mauricio Espínola. Los cargos incluyen revelación de secretos de servicio, denuncia falsa, usurpación de funciones públicas y asociación criminal, entre otros.

La denuncia original fue presentada por el expresidente Horacio Cartes, a través de su abogado Pedro Ovelar, el 31 de julio de 2023. Posteriormente, se amplió en dos ocasiones, agregando nuevas filtraciones que reforzaron el caso.

La laparotomía implica abrir el abdomen para examinar los órganos internos y diagnosticar o realizar tratamiento, mientras que la anexectomía derecha es el momento de la extracción de los órganos reproductivos derechos, como el ovario y la trompa de Falopio.

En este caso, la paciente, de 33 años y con diagnóstico preoperatorio de tumor anexial derecho, fue intervenida satisfactoriamente. El equipo logró la extirpación completa del tumor, cuyo peso alcanzó los 2.600 gramos.

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El equipo quirúrgico estuvo conformado por el jefe de guardia, Dr. Ever Rodríguez; cirujana, Dra. Griselda Mora; anestesiólogo, Dr. Walter Ávalos, Lic. en Anestesia, Enrique Rolón; instrumentadora, Lic. Adriana Betancourt, enfermera circulante, Lic. Delia Mercado y R.A.C., Lic. Carolina Mercado.

El Ministerio de Salud destacó el compromiso y la excelencia de los profesionales involucrados.

Desde Migraciones ya tomaron conocimiento respecto al caso que involucra al fiscal de Filadeflia, Lucrecio Cabrera, quien dispuso la liberación de dos ciudadanos oriundos de China Continental.

En tal sentido, el titular de esta dependencia estatal, Jorge Kronawetter, solicitó un informe al Ministerio Público, a fin de conocer bajo qué argumento legal fue ordenada esta llamativa medida.

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Cabe recordar que Cabrera otorgó la libertad a Jinxing Zhuang (35) y Yan Xiwu (48), quienes habrían ingresado a territorio paraguayo de manera irregular a través de Bolivia.

Al momento de ser inspeccionados por la Policía Nacional, ambos asiáticos se encontraban sin documentos que avalen su entrada legal al país.

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De acuerdo al procedimiento ordinario, la Fiscalía primeramente debía pedir un informe a la Dirección Nacional de Migraciones, de modo a determinar si los ciudadanos chinos tenían visa para avalar su estadía en Paraguay.

En caso de no haber contado con autorización, los extranjeros debían ser llevados hasta Migraciones de Infante Rivarola, en la frontera con Bolivia, para luego proceder a su expulsión del país.

En la sesión desarrollada este martes, la Cámara Baja incluyó en uno de sus puntos del orden del día el proyecto de ley “Por el cual se crea el Seguro de Desempleo”.

Luego de un intenso debate y análisis, los diputados finalmente optaron por aplazar el tratamiento de la citada propuesta legislativa por 16 días.

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Cabe recordar que este proyecto ya había sido presentado en el 2021 y, luego de varios años en el tintero, volvió a ser reflejado por algunos legisladores.

En esencia, lo que busca es crear un fondo especial para cubrir el pago a un trabajador que haya sido desvinculado de la empresa en que venía cumpliendo funciones.

Para el efecto, se prevé cobrar otro 1% de aporte obrero patronal tanto al trabajador como también al empleador, totalizando así un 2% de aumento. Los recursos obtenidos con ello permitirán solventar este seguro.

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La propuesta estipula seis meses de cobertura: 60% por el primer mes, 57% para el segundo mes, 54% para el tercero, 51% para el cuarto, 48% para el quinto y 45% para el sexto.

El proyecto ha generado una importante controversia en diversos sectores, generando posiciones tanto a favor como en contra. Para algunos, podría ser contraproducente al tener que exigir más aporte al trabajador; y para otros, sería beneficioso para apoyar económicamente a quienes sean desvinculados.