A raíz de la viralización de un comunicado falso donde se señalaba que las trabajadoras de tiempo parcial no podrían percibir el subsidio por maternidad, desde el IPS aclararon que está asegurado el acceso a subsidios de maternidad para todas las trabajadoras, en cumplimiento de la Ley 5508/15 y su decreto reglamentario 7550/17.

Las trabajadoras deben estar al día con los aportes al IPS, contar con un mínimo de cuatro meses de aportes previos y seis semanas de cuotas correspondientes a trabajos efectivos dentro de esos meses.

Si el reposo es expedido dentro de la red sanitaria de IPS;  y también el nacimiento se da en los hospitales de IPS, la trabajadora no debe realizar ningún trámite.

En caso de que el reposo sea expedido en IPS, antes de nacimiento, una vez ocurrido el parto, la asegurada debe presentar el certificado de nacimiento a través de la plataforma de REPOSOS WEB.

Para obtener información detallada, se recomienda a las interesadas consultar la Ley 5508/15 y su decreto reglamentario 7550/17, o comunicarse a los contactos de la Dirección de Riesgo Laboral y Subsidios de la Gerencia de Prestaciones Económicas del Seguro Social del Instituto de Previsión Social (IPS).

Pobladores de los barrios Santísima Trinidad, Virgen de la Asunción, Cañada del Ybyray, Mburucuyá, Las Lomas y Madame Lynch son los interesados en que las líneas de transporte pasen por por la avenida Molas López.

Ante el reclamo presentado a los ediles, el concejal Juan Carlos Osorio preparó una minuta en la cual solicita a la Intendencia el ingreso de servicios de líneas de transporte público sobre esa avenida, a fin de facilitar la entrada y salida de Asunción y Gran Asunción.

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Los vecinos señalaron que, actualmente se ven obligados a caminar demasiadas cuadras para llegar a la primera parada que les permita tomar el bus que los lleve a destino.

A criterio del concejal, una de las posibilidades que podría aprovecharse en este momento es la entrega de buses eléctricos de parte del Gobierno Central y permitir así la cobertura en las áreas asuncenas que hoy carecen de este servicio.

El pleno de la Junta Municipal estuvo de acuerdo con el pedido y resolvió aprobar la minuta, además de enviarla a la Intendencia para su consideración.

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El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, conformó el nuevo equipo interventor de la Penitenciaría de Minga Guazú, en reemplazo de Blas Antonio Martínez, quien presentó renuncia al cargo, ante publicaciones periodísticas que lo vinculan con los presos de la granja vip.

La designación se realizó a través de la Resolución N° 261 y Pérez Guerrero, como líder del equipo, asumirá funciones por un periodo de 30 días, durante el cual se llevará a cabo la intervención del establecimiento penitenciario.

Según informó el Ministerio de Justicia, Jesús Pérez es miembro del plantel de instructores y capacitadores del Instituto Técnico Superior de Formación y Educación Penitenciaria (ITSFEP), donde ha desempeñado un rol clave en la formación del personal penitenciario.

La intervención se realiza con miras a investigar las circunstancias que giraron alrededor de la fuga de 8 internos del penal de máxima seguridad.

Hasta el momento, solo 1 fue recapturado, Fredy González Delvalle, miembro del PCC que al intentar fugarse se fracturó un pie y no pudo avanzar con los demás.

Unos 200 estudiantes no pudieron iniciar sus estudios debido a la falta de compromiso por parte de la Gobernación de Central con las universidades privadas, por lo que, anunciaron una movilización.

Desde la Gobernación argumentaron que el desembolso de los pagos no pudo realizarse debido a una deuda millonaria que se acumula desde hace 2 años.

Según el concejal departamental, Jesús Guaspi, tras la amenaza de los alumnos, la Gobernación informó que estos universitarios, supuestamente, ya están habilitados para matricularse.

“Hoy no sé como tan rápido después de que se haga la denuncia a través de los medios, redes sociales, hoy pudieron saldar algo que a según ellos, es una deuda enorme”, expresó al canal GEN/Nación Media.

Guaspi adelantó que solicitará informes a la gobernación sobre los documentos que guardan relación con la administración de las becas y, a partir de allí, iniciar una investigación sobre lo que realmente ocurrió.