El proyecto pretendía modificar el artículo 17 de la ley que establece las fuentes de financiamiento de la DNIT, que actualmente recibe el 0,7% de la recaudación total y el 50% de las multas cobradas. Orué aclaró que, a diferencia del pasado, ese 50% ya no se reparte entre los funcionarios, sino que se destina al funcionamiento de la institución.

En entrevista con la radio Universo 970 AM, cuestionó que el diputado Rubén Rubin instaló la idea de que ese dinero se distribuye entre los funcionarios, lo cual es falso. “Esa disposición ya no existe con la ley vigente. Además, se habló de montos exagerados que no corresponden a la realidad”, explicó Orué.

El director de la DNIT consideró que esta propuesta legislativa tenía la intención de debilitar a la institución, que logró avances significativos en la lucha contra el contrabando, la evasión de impuestos y el narcotráfico. “Si se aprobaba el proyecto de ley, se iba a desfinanciar a la Dnit. Hemos incautado más de 9.000 kilos de cocaína, combatimos el contrabando y la evasión fiscal. Entendemos que es para debilitar a la institución. Nos llama la atención que se utilice el poder legislativo con intereses oscuros para intentar afectar el trabajo de la DNIT. Justo quieren debilitar a la institución que funciona”, expresó.

El titular de la DNIT expresó su sorpresa por la actitud del diputado impulsor del proyecto, quien incluso lo atacó personalmente. “Parece que tiene un problema personal conmigo, lo que me sorprende. En ningún momento tuve alguna situación con él”, subrayó. Es más, sugirió que los propios contrabandistas y evasores estarían detrás financiando e impulsando este tipo de proyectos de ley.

Orué destacó que el rechazo del proyecto por parte de los diputados demuestra madurez política y un reconocimiento a la labor de la DNIT. “Ayer, la clase política entendió que no se puede perjudicar a la institución con proyectos populistas”, sostuvo.

Desde la creación de la DNIT, la entidad absorbió funciones clave de la SET y la Dirección Nacional de Aduanas, asumiendo un rol más amplio en el control del comercio ilegal y la recaudación tributaria. Orué resaltó que la institución es una de las más transparentes en la publicación de sus resultados y que sus números respaldan su gestión.

EL RECHAZO DE LA LEY

El proyecto de ley que modifica el artículo 17 de la Ley N° 7.143/23 - Que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios fue rechazado ayer por el pleno de la Cámara de Diputados.

El citado artículo dice: para financiar sus gastos previstos en el Presupuesto General de la Nación (PGN), constituirán ingresos institucionales el 0,7 % de la recaudación de los tributos cuya recaudación estén bajo su competencia; y la tasa del 0,5 % sobre el valor en aduana de las mercaderías importadas, así como las demás tasas por servicios aduaneros prestados a usuarios externos y tasas de servicios cobrados por las delegaciones designadas en el exterior.

Además, el 50 % del producto de las multas por falta aduanera por diferencia y de las multas por defraudación y omisión de pago de tributos internos - el 50 % restante será remitido a la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda, como Fuente de Financiamiento 10, para solventar el PGN -; y el 50 % del producto del remate de las mercaderías caídas en comiso por causa de contrabando.

El cambio planteado es que todos los ingresos que hoy financian el funcionamiento de la DNIT vayan directamente al Ministerio de Economía y que la DNIT sea solventada por el Presupuesto General de la Nación.

El argumento para proponer esta modificación es que destinar los porcentajes de recaudación de las diferentes multas aplicadas por la Aduana genera riesgos de discrecionalidad y conflicto de intereses.

Al ser consultados sobre el pedido de interpelación al presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), los principales voceros del movimiento Honor Colorado expresaron su posición en contra de dicha propuesta.

El senador Natalicio Chase, líder de la bancada en la Cámara Alta, adelantó que solicitarán la postergación del proyecto de resolución que cita a interpelar a Francisco Ruiz Díaz.

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A su vez, su colega Basilio Núñez, presidente del Senado, confirmó que desde la bancada plantean ya sea postergar o, en todo caso, rechazar la interpelación al actual titular del Indert. “Faltan más elementos”, sostuvo.

“Bachi” recordó que, durante una conferencia de prensa convocada ayer, Ruiz Díaz expuso una serie de evidencias que, a su criterio, deben ser objeto de análisis antes de tomar una decisión.

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Dichas evidencias guardan relación con presuntas irregularidades en la adjudicación de unas 10.000 hectáreas en el área de influencia del Corredor Bioceánico, en la localidad de Carmelo Peralta, Chaco paraguayo.

El pedido de interpelación al presidente del Indert figura en el punto 12 del orden del día de la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores, que se desarrolla este miércoles.

Emiliano Rolón, fiscal general del Estado, confirmó que hace aproximadamente un año o más, se presentó ante él un abogado paraguayo de Sebastián Marset para plantear la posibilidad de que el uruguayo se presente ante la justicia paraguaya, pero bajo ciertos condicionamientos.

“Pidió que se le deje fuera de todo trámite judicial a la esposa y pidió algunas concesiones o beneficios carcelarios y la respuesta nuestra es que no podemos emprender una salida negociada hasta tanto no se presente en forma efectiva”, relató el fiscal Rolón, en un contacto con el canal Gen.

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Si bien admitió que, efectivamente recibió a un abogado de Marset, aclaró que lo hizo en el marco del derecho constitucional que tiene todo abogado de hacer peticiones formales.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset permanece prófugo de la justicia, aunque ayer mantuvo una comunicación con un medio radial paraguayo. De haberse sabido con antelación, se habría podido utilizar la tecnología para rastrearlo, explicó Rolón.

En la sesión extraordinaria celebrada esta mañana, el Senado trató en el primer punto del orden del día el proyecto de “Modernización del Transporte Público de Pasajeros”.

Luego de un amplio debate respecto a la propuesta legislativa, presentada por el Poder Ejecutivo, por mayoría se resolvió la aprobación del documento, en la versión remitida por la Cámara de Diputados.

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La Cámara Baja había incorporado una serie de modificaciones al texto original, las cuales finalmente acabaron siendo aceptadas por los senadores.

El proyecto establece que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones referente a las obras públicas y el transporte.

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De igual manera, se prevé la creación de un consejo asesor como instancia consultiva, integrado por autoridades, usuarios, empresarios, trabajadores del sector y representantes de las universidades.

El documento pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.