Desde tempranas horas de la mañana, los médicos residentes del Instituto de Previsión Social (IPS) se manifestaron frente a la sede central de la previsión social, exigiendo un reajuste salarial que no fue implementado desde el 2011.

En este contexto, Sany Gómez, secretaria de la Asociación de Residentes del IPS, explicó que el salario actual de los residentes es de 4.400.000 guaraníes, de los cuales, tras los descuentos, reciben un neto de 3.374.000 guaraníes.

“Hoy estamos luchando por la equiparación salarial con los médicos residentes del Ministerio de Salud, quienes, gracias al presupuesto general de la nación, consiguieron un aumento a 6 millones de guaraníes”, manifestó Gómez en entrevista con GEN/Nación Media.

La protesta de los residentes también se basa en otros pedidos, tales como el reconocimiento de los años de residencia para el concurso de nombramiento dentro de la institución, la participación en capacitaciones con goce de sueldo, y la inclusión de un representante dentro de la mesa de trabajo para la reestructuración del reglamento interno de residencias médicas.

La médica explicó que un médico de especialidad troncal, por ejemplo, medicina interna que sería clínica médica, hace un promedio de 10 guardias al mes, lo que sería aproximadamente tres guardias por semana, un total de 90 horas a la semana, donde una guardia es aproximadamente 30 a 36 horas dependiendo de la sobrecarga de trabajo.

“Hay compañeros que incluso superan las 90 horas de trabajo a la semana. No tenemos la posibilidad de trabajar en otros centros durante nuestro periodo de formación y dependemos netamente de este sueldo”, indicó.

Pese a que el IPS respondió el 12 de marzo concediendo tres de estos cuatro puntos, el reajuste salarial fue rechazado debido a la falta de presupuesto para su implementación en el 2025. “Nosotros tenemos información que demuestra que el IPS cuenta con recursos para hacer frente al reajuste salarial, sin afectar otros rubros como insumos, medicamentos o atención de los asegurados”, dijo Gómez.

La manifestación, que se mantiene dentro del marco legal, se organiza para no afectar la atención a los pacientes, con los residentes cubriendo urgencias y otros servicios esenciales. “Este es un reclamo justo, dado que nuestra formación y el nivel de dedicación a la institución lo exigen”, añadió la vocera.

Por su parte, la Dra. Ruth Zayas, gerente de Salud del IPS, explicó que desde diciembre del año pasado el Gabinete del IPS había comenzado a dialogar con los representantes de los residentes y que el 10 de marzo, los residentes reiteraron sus cuatro peticiones: el reajuste salarial, el reconocimiento de los años de residencia para acceder al nombramiento, el goce de sueldo durante las rotaciones externas y actividades científicas, y la participación en la modificación del reglamento de residencias médicas.

“En el comunicado que se publicó ayer, el Consejo de Administración del IPS, con el presidente a la cabeza, informó que el reajuste salarial no será posible este año, pero sí se revisará para 2026″, indicó Zayas en entrevista con GEN/Nación Media.

Zayas aseguró que tres de los cuatro puntos solicitados por los residentes ya han sido atendidos. “Se les concede el reconocimiento de los años de residencia, el goce de sueldo durante las rotaciones externas y su participación en la modificación del reglamento”, detalló.

Sin embargo, el reajuste salarial no fue aprobado debido a la falta de recursos disponibles en el presupuesto de este año, ya que el IPS es un ente autárquico que depende de los aportes de los asegurados.

Zayas destacó que la situación financiera del IPS es distinta a la del Ministerio de Salud, ya que el IPS no recibe financiamiento del presupuesto general de la nación, sino que depende de los aportes de los asegurados.

“El IPS tiene dos misiones principales: brindar atención sanitaria y proporcionar prestaciones económicas a los trabajadores, como reposos y jubilaciones. Por lo tanto, no es sencillo disponer de los recursos necesarios para un reajuste salarial”, explicó.

A pesar de esta explicación, reconoció que los médicos y otros funcionarios del IPS no recibieron un aumento salarial desde 2011, lo cual genera descontento. “Este año estaba previsto un pequeño reajuste para todos los funcionarios, pero debido a la disponibilidad limitada de recursos, no se ha podido cumplir”, comentó.

La Dra. Zayas también señaló que, a diferencia de lo que ocurre en el Ministerio de Salud, en el IPS los residentes deben aportar para su seguro de salud y jubilación, lo que impacta en su salario neto.

En cuanto a la pregunta sobre si los residentes podrían el reajuste solicitado en el futuro cercano, Zayas explicó que la situación dependerá de la disponibilidad de recursos en el presupuesto de 2026. “Lo que se está haciendo es un análisis detallado de los recursos disponibles y la necesidad de asignar fondos de manera justa y equitativa”, concluyó.

Mientras tanto, los residentes mantienen su postura y continúan con las movilizaciones, exigiendo una mesa de trabajo para negociar la equiparación salarial y otros beneficios.

“Seguiremos luchando hasta que se nos dé una respuesta favorable”, afirmó Gómez, destacando la importancia de este ajuste salarial para la dignidad y bienestar de los médicos en formación.

El lamentable suceso ocurrió el pasado viernes 25 de abril, cerca de las 19 hs. La pequeña recibió un impacto de bala a la altura del mentón sin orificio de salida.

De 10 años, vivía en la casa de sus tíos y estaba estudiando en compañía de otro niño. En un determinado momento, revisó el cajón de un escritorio y halló el arma, manipuló y la disparó de forma accidental.

Fue asistida por los Bomberos Voluntarios y luego derivada al Hospital Regional de Paraguarí donde ordenaron su traslado al Hospital de Itauguá, pero falleció en el trayecto.

Una persona quedó detenida, aparentemente, propietario del revólver calibre 32 milímetros. Se trata de Juan Guillermo Paredes Dávalos, de 64 años, militar jubilado.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público que ya tomó intervención para esclarecer las circunstancias del hecho.

Se trata del acuerdo internacional más importante del siglo XX para el país después de la firma del Tratado de Paz del Chaco; porque cambiaría la historia de Paraguay y Brasil.

Las diferencias limítrofes entre ambos países encontraron la solución en una obra para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos del río Paraná, perteneciente en condominio a las dos naciones, desde el Salto del Guairá o Salto Grande de Sete Quedas hasta la desembocadura del río Yguazú.

La rúbrica del instrumento tuvo lugar hace 52 años en el Palacio de la Meseta, Brasilia, y en representación de las Altas Partes Contratantes suscribieron el documento los cancilleres Raúl Sapena Pastor (Paraguay) y Mario Gibson Barboza (Brasil), ante la presencia de los presidentes Alfredo Stroessner y Emilio Garrastazú Médici, respectivamente.

El documento estableció las bases para la construcción de la mayor planta hidroeléctrica en generación de energía del mundo. Posteriormente, el Tratado sería aprobado primero en el Brasil el 30 de mayo de 1973, y luego en el Paraguay el 17 de julio de 1973.

Su entrada en vigor se produjo el 13 de agosto del mismo año con el intercambio de los documentos de ratificación.

Con la firma del documento se dio cumplimiento a lo establecido en el Acta Final firmada en Foz de Yguazú el 22 de junio de 1966, en lo que respecta a la división en partes iguales, entre los dos países, de la energía eléctrica eventualmente producida en el tramo referido. De hecho, la mencionada acta es considerada la piedra angular sobre la cual se erigió posteriormente el Tratado.

El Juzgado Penal de Garantías de Ciudad del Este, anuló la prisión preventiva que pesaba sobre el abogado Walter Acosta desde hace un mes.

Acosta, imputado por coacción, coacción grave y resistencia luego de agredir a una fiscalizadora del INTN, ofreció propiedades y otros bienes como caución real.

Pese a que la fiscal Rocío González y los abogados querellantes Karina Almeida y Daniel Alarcón se opusieran a la medida, el juez interino Amilcar Marecos decidió otorgar al abogado medidas alternativas a la prisión, como la prohibición de salir del país.

Walter Acosta está procesado por agredir cobardemente a la funcionaria el pasado 18 de marzo durante una verificación de los picos expendedores de combustibles en la estación de servicios Tres Fronteras.

El INTN había presentado una querella adhesiva por resistencia contra Walter Ramón Acosta, bajo patrocinio de la Procuraduría General de la República.