Una iniciativa que fue aprobada en la última sesión de la Cámara de Diputados busca tomar medidas de control para proteger a funcionarios, pacientes y familiares que concurren diariamente a los centros asistenciales y están expuestos a posibles robos.

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En la misma, se insta al Ministerio del Interior a dotar todos los hospitales públicos del país de agentes policiales para que custodien.

El pedido de reforzar la seguridad partió, en un primer momento, de los propios directivos de hospitales, así como de los ciudadanos que concurren habitualmente.

En el escrito presentado se detalla un registro de robos de computadoras, ventiladores; heladeras; cables, medidores de agua, caños de cobre de aires acondicionados, pertenencias e, incluso, vehículos.

También se hace referencia al reclamo de los funcionarios, quienes además de las tareas que les corresponde realizar, deben estar atentos y vigilar que no sean sustraídos equipos, artefactos e instrumentos médicos.

Con el propósito de garantizar una jornada electoral transparente, la Justicia Electoral pone a disposición de la ciudadanía datos e informaciones relevantes para las votaciones de este domingo en Ciudad del Este.

Una de las aclaraciones principales tiene que ver con la cédula de identidad, siendo el único documento válido para sufragar, sin importar si está vigente o vencida. En este caso, no se podrá utilizar el documento digital de la app Portal Paraguay.

Un total de 237.223 electores están habilitados para votar al nuevo intendente de la capital del Alto Paraná. Unas 795 Mesas Receptoras de Votos, distribuidas en 23 locales de votación, se encontrarán a disposición de los mismos.

Para estos comicios, se prevén una serie de prohibiciones, incluyendo la portación de armas de fuego a menos de 200 metros de los centros de votación, la venta de bebidas alcohólicas desde 12 horas antes del inicio de las elecciones y el ingreso al cuarto oscuro con teléfonos celulares o cámaras.

Una vez culminada la votación y cerrados los locales electorales, a las 17:00 hs se prevé iniciar el escrutinio público y fiscalizado, que luego dará paso a la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

En esta oportunidad, nuevamente se implementará el Programa “Voto Accesible”, que contempla los servicios de “Voto en Casa” para personas con discapacidad física severa o que por motivos graves de salud no puedan acudir a su local de votación, y el “Voto en Mesa Accesible” para adultos mayores o personas con dificultad para movilizarse, disponibles en todos los locales de votación.

Los ciudadanos esteños pueden consultar su local de votación ingresando al sitio padron.tsje.gov.py. Para informes, se encuentra habilitado el número 134, de la Oficina de Información y Respuesta Electoral (OIR), además del teléfono (021) 618 0111 (Centro de Atención al Ciudadano) y el WhatsApp +595216180111.

El documento tiene la intención de remediar la situación de re victimización que padecen ante la burocracia estatal, y en particular ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quienes fueron declarados víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura stronista, entre los años 1954-1989.

La iniciativa apunta, exclusivamente, a las solicitudes de indemnización que ingresaron en plena vigencia de la ley Nº 838/96, el cual en su artículo 3 establecía que la Defensoría del Pueblo es el ente encargado de recibir y evaluar reclamos por indemnización.

Estipulaba, igualmente, que la duración del proceso no tenía que sobrepasar 90 días y que requería la revisión y dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, establecía, con meridiana claridad, que su dictamen no eran vinculante para la decisión final de la Defensoría del Pueblo.

La exposición de motivos explica que la citada disposición fue modificada por la Ley Nº 4381/2011, la cual establece que la Defensoría del Pueblo debe enviar las pruebas a la Procuraduría General de la República para que emita un dictamen, en un plazo de 30 días. Dicho dictamen es un requisito previo para que la Defensoría del Pueblo resuelva sobre la calificación e indemnización.

Los proyectistas explican que hay casos que comenzaron cuando regía la antigua Ley 838/96, la cual permitía indemnizar a los hijos menores de las víctimas de la dictadura.

Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió sus dictámenes recién en 2011, 2012 y años siguientes, oponiéndose a las solicitudes de indemnización.

Aducen que, a pesar de estos dictámenes negativos, la Defensoría resolvió aprobar las indemnizaciones. “El problema actual es que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en lugar de proceder con los pagos, vuelve a enviar los expedientes a la PGR pidiendo un nuevo dictamen. Esto genera demoras innecesarias, ya que según la ley anterior, estos dictámenes no son obligatorios”, según entienden los legisladores.

El proyecto fue presentado por el diputado colorado David Jara, explicó como fundamentación de motivos que el Estado paraguayo, como garante de los derechos ciudadanos, tiene la obligación constitucional de responder y reparar los daños causados por sus agentes en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales.

El legislador argumentó que el caso conocido como “mafia de los pagarés”, representa una situación excepcional de responsabilidad estatal, en la que múltiples personas fueron víctimas de sentencias judiciales abusivas y perjudiciales, pronunciadas en el marco de juicios ejecutivos tramitados en los juzgados de paz del distrito capital.

El documento establece que, por única vez y de manera excepcional, el Estado otorgará una indemnización económica a las víctimas, en reconocimiento al derecho a una compensación justa y adecuada, previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional.

Este principio consagra que toda persona tiene derecho a ser indemnizada por los daños y perjuicios que le cause el Estado, garantizando la tutela judicial efectiva y la reparación integral del daño.

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En su exposición, el proponente sostiene que el Estado no puede permanecer ajeno al sufrimiento de los ciudadanos perjudicados por actuaciones judiciales indebidas y que corresponde al Poder Legislativo adoptar las medidas necesarias para cumplir con la responsabilidad pública y moral.

El objetivo es restituir la dignidad de las víctimas y ofrecer una reparación que reconozca los daños patrimoniales y emocionales sufridos.

La propuesta detalla mecanismos de aplicación, estableciendo que la Defensoría del Pueblo será la autoridad encargada de recibir y tramitar las solicitudes, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas será la instancia responsable de efectivizar los pagos, con fondos provenientes del programa de obligaciones diversas que se halla contemplado en el Presupuesto General de la Nación (PGN).