Según el dictamen de la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Desarrollo Social, se concluyó que no existen elementos que sustenten un incumplimiento contractual por parte de la empresa proveedora, ya que la entrega del almuerzo se realizó dentro del horario adecuado, de acuerdo a lo confirmado en las actas de recepción de alimentos y los informes de auditores.

El informe señala que la investigación también evidenció una actitud poco colaborativa por parte de la directora, Mecedes Jacquet, quien además de no proporcionar testigos que corroboren sus denuncias, impidió la entrega oportuna de las grabaciones del circuito cerrado que, si hubiese entregado antes de los 7 días posteriores al hecho denunciado, hubiera podido aportar claridad.

La conclusión agrega que tampoco la directora y la vicedirectora de la institución prestaron declaración formal, limitando significativamente la posibilidad de obtener información objetiva sobre el desarrollo del servicio.

Paralelamente, los investigadores recolectaron múltiples testimonios de instituciones adyacentes que en el mismo día, consumieron el mismo alimento preparado por la empresa COMEPAR sin que se haya reportado ninguna irregularidad o rechazo del alimento.

“La investigación detectó la manipulación inadecuada de desechos alimentarios en la institución, y también se verificó que se incentiva la recolección de sobras de alimentos en recipientes no aptos, lo que daría pie a una supuesta redistribución de dichas sobras, por lo que se recomienda la implementación de medidas correctivas”, dice la última parte del informe.

El procedimiento fue supervisado por el agente fiscal Juan Ramón Sandoval, de la Unidad Especializada de la Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado de Asunción, junto a la Dirección de Control de Aeropuertos y Seguridad Portuaria (DCASP) de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD

El Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado, a cargo la jueza Lici Teresita Sanchez, tomó intervención en el caso.

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El procedimiento de apertura de encomienda se llevó a cabo en la sede de Atención Permanente del Palacio de Justicia. La encomienda, una caja de cartón de color amarillo, había sido remitida desde la ciudad de Ciudad del Este.

En el operativo intervino personal del Departamento de Control Aeroportuario Silvio Pettirossi de la SENAD, incluyendo agentes especiales.

El proyecto de ley además de declarar en situación de emergencia tres departamentos, amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2025, aprobado por Ley N° 7408, del 30 de diciembre de 2024 – Presidencia de la República – Secretaría de Emergencia Nacional”.

Cabe destacar que el proyecto fue remitido nuevamente al Senado con modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. En ese contexto, el senador Orlando Penner, impulsor del documento, solicitó que el Pleno se constituya en comisión para su análisis. En su intervención, argumentó que la aprobación es urgente debido a las graves inundaciones que afectan a los mencionados departamentos.

Por su parte, el senador Natalicio Chase subrayó la crítica situación de las zonas afectadas, completamente aisladas por vía terrestre, y abogó por una respuesta inmediata a través de asistencia aérea y provisión de víveres. Destacó que el objetivo del proyecto es dotar al Poder Ejecutivo de las herramientas necesarias para agilizar los procesos de compra y contratación requeridos ante la emergencia.

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Finalmente, se resolvió transferir los recursos a las gobernaciones, dado su mayor grado de cercanía con las zonas afectadas, aunque se canalizarán a través de la Secretaría de Emergencia Nacional. El proyecto contempla una ampliación presupuestaria de G. 15.000 millones, distribuidos equitativamente entre los tres departamentos.

El texto sancionado corresponde a la versión de la Cámara de Diputados y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

Con la medida, el representante del Ministerio Público pretende que el Tribunal de Apelación Penal, admita el presente recurso y anule totalmente dicha sentencia, reenviando la presente causa para que otro Tribunal de Sentencia lo juzgue.

De acuerdo a los antecedentes de la causa, desde el mes de mayo del año 2022 hasta el mes de agosto del mismo año, utilizando medios tecnológicos, específicamente la mensajería instantánea (WhatsApp), el docente enviaba mensajes de texto y audios a la menor de 11 años.

De prosperar el recurso, el Tribunal de Apelaciones podría ordenar un nuevo juicio.

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Cabe mencionar que, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Villarrica, integrado por los jueces Julio Alfonso, Víctor Ortigoza y Juan Ruiz Díaz, resolvió absolver al docente Juan Insaurralde, de 56 años, quien fue acusado por supuesto acoso sexual a una alumna de 11 años en el año 2022. La menor cursaba el sexto grado en una institución pública de la ciudad cuando ocurrieron los hechos.

El caso generó repercusión tras la difusión de mensajes de texto enviados por el docente fuera del horario escolar, en los que se dirigía a la niña con frases como “estás linda”, “mi amor”, “eres mi princesa” e incluso, según versiones, manifestaciones más explícitas como “quiero besar tus pies” o “quiero sentir tu cuerpo”. Sin embargo, el tribunal sostuvo que estos mensajes no fueron incorporados en la acusación presentada por el fiscal Rodrigo Vázquez.