El Viceministerio de Comercio y Servicios realizó una inspección en la Estación de Servicios “Tres Fronteras”, ubicada en la ciudad de Tavapy, departamento de Alto Paraná, luego de un incidente ocurrido la semana pasada, cuando el asesor legal de la empresa agredió principalmente a una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) durante una fiscalización.

El equipo técnico del Viceministerio fue enviado para tomar muestras de combustibles y verificar la documentación relacionada con la venta de productos, en seguimiento a la fiscalización iniciada por el INTN.

Juan Paredes, director de la Dirección General de Combustibles del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), encabezó la intervención acompañado de especialistas del Organismo Nacional de Inspección (ONI) del INTN.

Durante el procedimiento, se recolectaron muestras de los combustibles vendidos en el establecimiento, las cuales serán enviadas a los laboratorios del INTN en Asunción para su análisis.

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Paredes destacó que el objetivo de la toma de muestras es verificar si los productos cumplen con los requisitos de calidad establecidos en las normativas vigentes. “Lo que buscamos es asegurar que los combustibles ofertados cumplan con los estándares exigidos por las autoridades”, expresó.

El procedimiento contó con el apoyo de la Comisaría de Tavapy para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la fiscalización. En el lugar también estuvieron presentes directivos de la empresa “Tres Fronteras”.

El MIC y el INTN continuarán con las fiscalizaciones aleatorias en estaciones de servicio, como parte de sus prerrogativas para garantizar la calidad y legalidad en la comercialización de combustibles en todo el país.

El lamentable suceso ocurrió el pasado viernes 25 de abril, cerca de las 19 hs. La pequeña recibió un impacto de bala a la altura del mentón sin orificio de salida.

De 10 años, vivía en la casa de sus tíos y estaba estudiando en compañía de otro niño. En un determinado momento, revisó el cajón de un escritorio y halló el arma, manipuló y la disparó de forma accidental.

Fue asistida por los Bomberos Voluntarios y luego derivada al Hospital Regional de Paraguarí donde ordenaron su traslado al Hospital de Itauguá, pero falleció en el trayecto.

Una persona quedó detenida, aparentemente, propietario del revólver calibre 32 milímetros. Se trata de Juan Guillermo Paredes Dávalos, de 64 años, militar jubilado.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público que ya tomó intervención para esclarecer las circunstancias del hecho.

Se trata del acuerdo internacional más importante del siglo XX para el país después de la firma del Tratado de Paz del Chaco; porque cambiaría la historia de Paraguay y Brasil.

Las diferencias limítrofes entre ambos países encontraron la solución en una obra para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos del río Paraná, perteneciente en condominio a las dos naciones, desde el Salto del Guairá o Salto Grande de Sete Quedas hasta la desembocadura del río Yguazú.

La rúbrica del instrumento tuvo lugar hace 52 años en el Palacio de la Meseta, Brasilia, y en representación de las Altas Partes Contratantes suscribieron el documento los cancilleres Raúl Sapena Pastor (Paraguay) y Mario Gibson Barboza (Brasil), ante la presencia de los presidentes Alfredo Stroessner y Emilio Garrastazú Médici, respectivamente.

El documento estableció las bases para la construcción de la mayor planta hidroeléctrica en generación de energía del mundo. Posteriormente, el Tratado sería aprobado primero en el Brasil el 30 de mayo de 1973, y luego en el Paraguay el 17 de julio de 1973.

Su entrada en vigor se produjo el 13 de agosto del mismo año con el intercambio de los documentos de ratificación.

Con la firma del documento se dio cumplimiento a lo establecido en el Acta Final firmada en Foz de Yguazú el 22 de junio de 1966, en lo que respecta a la división en partes iguales, entre los dos países, de la energía eléctrica eventualmente producida en el tramo referido. De hecho, la mencionada acta es considerada la piedra angular sobre la cual se erigió posteriormente el Tratado.

El Juzgado Penal de Garantías de Ciudad del Este, anuló la prisión preventiva que pesaba sobre el abogado Walter Acosta desde hace un mes.

Acosta, imputado por coacción, coacción grave y resistencia luego de agredir a una fiscalizadora del INTN, ofreció propiedades y otros bienes como caución real.

Pese a que la fiscal Rocío González y los abogados querellantes Karina Almeida y Daniel Alarcón se opusieran a la medida, el juez interino Amilcar Marecos decidió otorgar al abogado medidas alternativas a la prisión, como la prohibición de salir del país.

Walter Acosta está procesado por agredir cobardemente a la funcionaria el pasado 18 de marzo durante una verificación de los picos expendedores de combustibles en la estación de servicios Tres Fronteras.

El INTN había presentado una querella adhesiva por resistencia contra Walter Ramón Acosta, bajo patrocinio de la Procuraduría General de la República.