Según la magistrada, la investigación se centró en tres aspectos: la aeronave en sí, la tripulación y la carga transportada por la empresa paraguaya Tabacalera del Este S.A. (Tabesa). “Se verificó que la empresa Emtrasur, responsable del avión, es una división logística de la aerolínea estatal venezolana Conviasa, especializada en transporte de carga”, explicó en entrevista con la radio Universo 970 AM.

La jueza detalló que Emtrasur contrató a una firma paraguaya con sede en Ciudad del Este para gestionar trámites documentales en el aeropuerto y a otra firma para trasladar a la tripulación. “Todas estas empresas demostraron documentalmente su responsabilidad en la operación, sin relación con actividades ilícitas”, precisó.

Los informes del entonces titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) y de la Subdirección de Seguridad de la Aviación Civil indicaron que el vuelo estaba autorizado desde principios de mayo de 2022 y que no existían alertas sobre posibles vínculos con el terrorismo.

Además, se recibieron documentos de Argentina y Aruba, verificándose que la empresa destinataria de la carga en Aruba estaba legalmente registrada y habilitada para el rubro.

En nuestro país, el Ministerio Público inició la causa bajo la figura de asociación terrorista, pero al no hallar pruebas que sustentaran la acusación, solicitó la desestimación del caso, de acuerdo con la jueza Sánchez. La magistrada resaltó además que el denunciante, el exministro Anticorrupción René Fernández (del Gobierno de Mario Abdo Benítez), no es considerado víctima según la ley, lo que limitaría la posibilidad de recurrir la decisión.

Asimismo, recordó que informes de la Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo (Seprinte), así como de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), no encontraron indicios de irregularidades.

“La conclusión en Paraguay coincide con la de otros países que también investigaron el caso. Se ha realizado un trabajo exhaustivo y se ha demostrado que no hubo financiamiento de actividades terroristas”, remarcó la jueza.

De acuerdo con los antecedentes, el avión iraní tuvo su paso por Paraguay del 13 al 16 de mayo del 2022, pero recién un mes después se conoció el caso y desde el gobierno el mismo presidente Mario Abdo Benítez fue el que instaló que la carga que trajo la aeronave era ilegal y los tripulantes tendrían nexos con terroristas, incluso a través de instituciones del gobierno y la prensa “amiga” se trató de crear un caso judicial.

Durante el encuentro entre ambos jefes de Estado, Peña destacó la afinidad con la administración colombiana entrante.

En declaraciones brindadas a medios locales, el mandatario paraguayo lamentó la postura del gobierno saliente de Gustavo Petro, señalando que rechazó en reiteradas oportunidades las propuestas de reunión planteadas por la cancillería paraguaya, aunque aclaró que la cooperación operativa en materia de seguridad no se interrumpió en ningún momento.

Peña resaltó la decisión del gobierno de De la Espriella de integrarse a la iniciativa Escudo de las Américas, plataforma de la cual Paraguay ya forma parte. Además, valoró la capacidad del nuevo presidente colombiano para consolidarse como un articulador regional decisivo en el combate contra el crimen transnacional organizado.

Igualmente, la agenda de trabajo incluyó el impulso de las relaciones comerciales. Desde la Presidencia paraguaya informaron que ambos líderes coincidieron en la importancia de promover un mayor acercamiento de Colombia al Mercosur, con el objetivo de dinamizar el intercambio comercial, atraer inversiones y consolidar un plan de trabajo conjunto a largo plazo.

La propuesta plantea blindar el tope de responsabilidad fiscal y garantizar el equilibrio presupuestario de entre el 1,5% y el 3%, estableciendo que los políticos e integrantes de las altas esferas del Estado paguen de su propio bolsillo si autorizan o legislan gastos no previstos que sobrepasen los límites legales.

El titular del Poder Legislativo explicó que la iniciativa afectará de manera directa los ingresos de los legisladores, del presidente y vicepresidente de la República, así como de las autoridades del Poder Judicial en caso de incumplir las metas fiscales.

Pese a que el plan contempla reducir salarios —como el sueldo parlamentario de 35 millones de guaraníes, Núñez aclaró que no busca ser tan radical como en otros países donde se propone la suspensión total de haberes, aunque enfatizó la necesidad de que la clase política asuma un impacto monetario real ante el descontrol presupuestario.

Dentro del alcance del proyecto, Núñez apuntó de forma particular contra el Poder Judicial al denunciar la existencia de una presunta “mafia de los amparos”, un esquema mediante el cual se dictan fallos que obligan al Estado a adquirir medicamentos de alto costo o no disponibles en el sistema de salud pública. Según el legislador, esta dinámica involucra a clínicas y laboratorios.

En caso de prosperar, la norma excluirá explícitamente de cualquier ajuste a las jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y universales, seguro de desempleo, salud, seguridad, defensa nacional y servicios penitenciarios.

El agente fiscal Federico Delfino logró sostener la acusación al demostrar que el edil exigió la suma de 15.000 dólares americanos a la víctima a cambio de frenar una denuncia en su contra por supuesta violencia contra la mujer.

El fallo judicial fue emitido tras el juicio oral y público conducido por el Tribunal de Sentencia que estuvo integrado por los magistrados Natalia Cacavelos, Fabián Escobar y Juan Fretes.

Durante el debate, el representante del Ministerio Público expuso diversos medios probatorios que resultaron determinantes para probar la responsabilidad penal del político del partido Yo Creo.

De acuerdo con los antecedentes presentados en la causa, los hechos sucedieron el 17 de marzo del año 2023 en la ciudad de Asunción.

La investigación confirmó que Villalba Alves utilizó su posición e influencia para amedrentar a la víctima y chantajearla económicamente con la promesa de evitar que el proceso legal en su contra prosperara.