Según explicó la especialista, esta normativa, aprobada en abril de 2023 y reglamentada por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) a finales del mismo año, obliga a los estudiantes extranjeros a rendir un examen de competencia en español reconocido internacionalmente, como el SIELE, que depende del Instituto Cervantes de España.

Paoli de Viedma señaló al canal GEN que una medida similar se implementó en Argentina en 2023, lo que provocó la migración de estudiantes brasileños a Bolivia, Paraguay y Perú, países donde no existía esta exigencia. Sin embargo, con la entrada en vigor de la ley en Paraguay, se teme que estos alumnos opten nuevamente por trasladarse a otras naciones con regulaciones más flexibles.

Actualmente, en la frontera paraguaya hay aproximadamente 45.000 estudiantes brasileños de Medicina, cuya permanencia en el país representa un impacto económico significativo. Se estima que cada alumno invierte alrededor de 1.100 dólares mensuales, de los cuales 250 dólares van a la universidad y el resto se destina a vivienda, alimentación y otros gastos, beneficiando a la economía local.

Otro punto señalado por la presidenta de UFAMED es la contradicción dentro de la misma Ley 7.324. El artículo 3 establece que el certificado de competencia en español no será exigido si el programa de estudios es dictado en el idioma nativo del estudiante extranjero. “Esto significa que una universidad paraguaya podría ofrecer clases en portugués, lo que deja un vacío legal importante”, sostuvo.

Además, recordó que los tratados del Mercosur, como el de Ouro Preto y el de Asunción, reconocen tres idiomas oficiales: español, portugués y guaraní, lo que podría generar un conflicto normativo.

Uno de los argumentos utilizados para justificar la ley es la barrera idiomática en los hospitales públicos, donde los estudiantes extranjeros realizan prácticas. Sin embargo, Paoli de Viedma aclaró que la comunicación con los pacientes está a cargo de tutores, quienes traducen las consultas médicas cuando es necesario.

Asimismo, recordó que las universidades privadas que forman profesionales de la salud contribuyen con el 10 % del ingreso mensual por alumno al Ministerio de Salud Pública, lo que permite la compra de insumos médicos y equipamiento para los hospitales públicos.

Equipos sociales de las empresas contratistas, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), realizaron visitas casa por casa en la zona de la avenida Avelino Martínez, en San Lorenzo, con el objetivo de informar a los vecinos sobre el cronograma de obras y relevar datos en terreno.

Asimismo, junto con técnicos de la Dirección de Gestión Socio Ambiental (DGSA), se prevé la realización de encuentros comunitarios que abrirán espacios de diálogo para abordar aspectos vinculados al mejoramiento del tramo, así como recoger inquietudes y aportes de los pobladores. De esta manera, se busca fortalecer la comunicación directa y la articulación con actores locales durante todo el proceso.

Con estas acciones, el MOPC acompaña la ejecución del proyecto desde un enfoque social, promoviendo la participación ciudadana y la previsión de eventuales contingencias, especialmente en lo relacionado con los accesos a viviendas y comercios, así como con la circulación durante el desarrollo de los trabajos.

Mejoras para una vía estratégica

La iniciativa contempla la rehabilitación integral de la avenida Avelino Martínez y su continuación, Luis María Argaña (Tres Bocas), una arteria clave que conecta puntos estratégicos del departamento Central. Se trata de una intervención largamente esperada por la ciudadanía, orientada a mejorar la seguridad vial, ordenar el tránsito y optimizar la conectividad en una zona de alta circulación.

El proyecto abarca casi 6 kilómetros y se ejecuta en dos frentes. El primero, a cargo del Consorcio Vial GS (T&C S.A. y Black S.A.), adjudicado por G. 128.455.760.129, se extiende desde el kilómetro 0,200 hasta el 3,5. El segundo corresponde al Consorcio Constructora Asunción S.A. y Asociados/49 (Constructora Asunción S.A. y Enrique Edgardo Díaz Benza Cano), con una inversión de G. 114.303.279.862, y abarca desde el kilómetro 3,5 hasta el 5,95.

El tramo a ser intervenido inicia en la zona de Tres Bocas, en su empalme con la ruta PY01, y se extiende hasta la ruta PY02, en el centro de San Lorenzo, consolidándose como un corredor esencial dentro de la red vial metropolitana.

Las obras incluyen una rehabilitación estructural integral, con pavimento de hormigón hidráulico sobre base granular, además de la construcción de sistemas de drenaje y cordones cuneta, junto con adecuaciones al entorno urbano. También se prevén trabajos para la captación de aguas pluviales, mientras que en las calles transversales se realizará la remoción del pavimento existente y su posterior reconstrucción.

Sonia Escauriza, directora de Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del MEC, informó que siguen sumando denuncias de colegios, tanto públicos como privados, donde se registran amenazas de atentados.

En total, 24 instituciones denunciaron algún tipo de amenaza hallada en paredes, escritorios u otros sitios, lo que obliga a activar de inmediato el protocolo.

Según comentó Escauriza a Unicanal, 5 alumnos ya fueron identificados como sospechosos de las amenazas en sus colegios. Cuatro de estos tienen 13 años y un de 14 años, quien ya es imputable.

Recordó a las instituciones que, al presentarse una situación de amenaza, lo primero que se debe hacer es llamar a la Policía Nacional a través del 911, que su vez comunica a la Fiscalía.

Destacó las medidas preventivas que ya se están realizando en algunas instituciones, como el cateo de mochilas. Incluso, desde hace bastante tiempo, muchos colegios utilizan detector de metales.

Días atrás se produjo un episodio de agresión física en el Centro Regional de Educación “Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia” de Ciudad del Este.

El incidente tuvo como víctima a Miguel Arnaldo Mendoza Frutos, docente de la mencionada institución educativa, quien fue golpeado por un padre de familia.

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El agresor fue identificado como César Escobar Portillo, padre de una estudiante del colegio, quien increpó al maestro en los pasillos, ante la vista de otros alumnos.

Imágenes de circuito cerrado muestran el momento en que este hombre empuja al educador, contra quien profirió todo tipo de insultos y amenazas, según la denuncia. Posteriormente, le propinó golpes de puño en el rostro y la cabeza.

El trasfondo de esta iracunda reacción por parte de Escobar sería una supuesta negativa del docente para dar permiso a su hija para ir al sanitario, lo cual provocó que hiciera sus necesidades en el aula.

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Esta versión fue desmentida por el afectado, quien asegura que la niña en ningún momento solicitó autorización para dirigirse al baño, tal y como ella manifestó.

Tras lo ocurrido, Mendoza decidió formalizar la denuncia ante la Comisaría 1ª de Ciudad del Este. A la par, el caso ya está siendo investigado por el Ministerio Público.