El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), a través del Centro de Respuestas a Incidentes Cibernéticos (CERT-PY), emitió un comunicado oficial en relación con la reciente publicación sobre la presunta venta de datos personales de ciudadanos paraguayos en el año 2023. La institución informa que la investigación sobre el caso ya se encuentra activa desde aquella fecha y que, con respecto a la publicación reciente en redes sociales, la investigación sigue en curso para corroborar la veracidad.

El equipo especializado del CERT-PY está trabajando activamente en el caso y en ese sentido exhorta a la ciudadanía a utilizar los canales oficiales para cualquier consulta o denuncia relacionada. Para ello, recuerda el correo electrónico abuse@cert.gov.py, a través del cual los ciudadanos pueden reportar cualquier irregularidad en materia de ciberseguridad.

Según la publicación reciente del perfil elhacker.net en X (antes Twitter), un actor de amenazas está ofreciendo datos personales de aproximadamente siete millones de ciudadanos paraguayos, vinculando esta filtración con el ataque cibernético que sufrió el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en el año 2023. No obstante, el CERT-PY informa que desde aquel incidente se ha trabajado en fortalecer la infraestructura y las medidas de ciberseguridad de todas las instituciones del Estado.

Desde la implementación de estas medidas, no se han registrado eventos similares de fuga de información, según señala el CERT-PY. Sin embargo, insta a la ciudadanía a mantenerse alerta ante posibles intentos de fraude, ya que los métodos utilizados por ciberdelincuentes pueden variar. Entre ellos, se han identificado publicaciones falsas que suplantan a entidades estatales ofreciendo beneficios inexistentes y el uso de inteligencia artificial para difundir información engañosa.

El MITIC aclara que la investigación sigue en curso con el objetivo de determinar si la información expuesta en la publicación reciente guarda relación con la filtración del 2023 o si se trata de una nueva brecha de seguridad. Hasta el momento, no se han encontrado indicios de una nueva filtración de datos.

En ese sentido, el MITIC sigue coordinando con otras instituciones que manejan información sensible para llevar a cabo las verificaciones necesarias y prevenir incidentes similares en el futuro. La protección de los datos personales de los ciudadanos sigue siendo una prioridad para el Gobierno, que continúa reforzando sus estrategias en materia de ciberseguridad.

La carga estaba consignada a la firma de remesas SAGA’S SA, procedente de Miami y consistía en un total de 19 bultos que sumaban 814 kilos. Mediante el perfilamiento de riesgo realizado por el equipo de Visturía y Resguardo de la DNIT, fue seleccionada una caja de 11,23 kg que aparentaba contener cremas corporales.

El paquete estaba destinado a un ciudadano identificado como Ramón Valiente, con origen en San Francisco, California, informó la DNIT.

El escaneo no intrusivo reveló la imagen de material orgánico dentro del bulto, motivo por el cual se procedió a la verificación física correspondiente. En su interior se detectaron 7,8 kilos de una sustancia vegetal sospechosa.

La intervención se realizó con apoyo de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y de Lala, el can antidrogas, que reaccionó de forma positiva ante la presencia de estupefacientes.

La sustancia fue entregada bajo acta al personal de la Senad para su análisis, custodia y procedimiento judicial correspondiente.

Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, se habrían comprado hamacas por un precio de hasta G. 1.258.000 cada uno y camisas de ao po’i a G. 1.021.000.

Asimismo, se habrían comprado pines de plata que fueron regalados a más de 50 autoridades extranjeras, cuyo valor oscilaría en G. 30.000, pero la Defensoría del Pueblo habría pagado G. 600.000.

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Estiman que el perjuicio patrimonial rondaría los G. 1.400 millones (Mil cuatrocientos millones).

La denuncia presentada por la activista social, Francisca Duré de Bernal (bajo patrocionio de la abogada Elva Rubira) fue realizada en contra del defensor del Pueblo, Rafel Ávila y los funcionarios Rebeca Miranda y Pedro Santacruz, quienes ocupan altos cargos administrativos en la institución.

Hamacas y camisas de oro: presentan denuncia contra el defensor del Pueblo.

Se solicitó la urgente imputación de los denunciados.

Cabe mencionar que, la jueza de garantías Diana Carvallo ya solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Ávila por desacato judicial.

Lo que empezó como una simple solicitud verbal acabó a los tiros en el barrio Acaray de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

El protagonista de este episodio es Alcides Ramírez Esquivel (28), quien fue víctima de un amedrentamiento, con amenaza incluida, por parte de una turba.

Según el reporte, un grupo conformado por entre seis a ocho personas participaba de una fiesta en una casa quinta ubicada a pocos metros de la vivienda del afectado.

Debido a la polución sonora y las molestias ocasionadas en el vecindario, Ramírez fue hasta el lugar para pedir a los presentes que bajen el volumen de la música, a fin de dejarlo descansar.

Dicho pedido generó el disgusto del grupo, que siguió al hombre hasta su residencia para amedrentarlo, efectuando disparos al aire con intenciones de asustarlo.

Tras el incidente, los autores huyeron a bordo de una camioneta Kia Sportage de color blanco y un automóvil Toyota Vitz de color oscuro, sin llegar a ser identificados plenamente.

La Policía Nacional ya tomó conocimiento de lo ocurrido y se encuentra investigando el hecho, a fin de dar con el paradero de estos inadaptados.