Fuente: La Nación

Los perjuicios en la Coo­perativa Poravoty, que desde un tiempo está en el ojo de la tormenta por una serie de irregularidades que vienen saltando, situa­ción que priva a los asociados a disponer del dinero con­fiado a la institución, roda­rían los G. 200.000 millones.

“Unos G. 200.000 millones es el aproximado, esto sería entre ahorro de los socios, seguramente préstamos sin pagarse, etc. Una una suma total de todas las situacio­nes créditos mal concedi­dos, CDA falsos, créditos fan­tasma, hasta se está hablando de créditos a muertos”, refiere José Doldán, representante de grupo de ahorristas Nuevo Rumbo que aglutina a unos 260 socios de la Cooperativa Poravoty.

Doldán cita casos alevosos que grafican un verdadero descalabro administrativo mediante el cual, sin piedad, se rifó el dinero de los aso­ciados. “Imaginate, una per­sona que gana solo lo mínimo le dan un crédito de G. 800 millones, G. 500 millones”.

Pedro Loblein, cuestionado por perjuicio en cooperativa y José Doldán, representante de ahorristas

Poravoty registra unos 14.000 socios, de los cuales 3.000 están activos, según mencionó la fuente que vati­cinó un perjuicio a nivel país si no se resuelven los proble­mas de esta institución y si no se castiga a los respon­sables. Doldán manifestó la preocupación generalizada en el poco avance de la Fis­calía que ya recibió informes de la situación y cuestionó la lentitud de los intervento­res del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) en la entrega del análisis final que ayude “a solucionar los problemas para que poda­mos reutilizar la cooperativa y trabajar”, subraya.

Unos 700 ahorristas están siendo afectados en el cobro del dinero que les corres­ponde. Doldán arremetió duramente contra el expre­sidente del Incoop, Pedro Loblein, a quien calificó de “cómplice” de los problemas generados en la Cooperativa Poravoty.

COMPLICIDAD

El representante del grupo de ahorristas Nuevo Rumbo señala que en los tiempos de Loblein en el Incoop sucedie­ron las barbaridades adminis­trativas en Poravoty, situa­ciones que pudieron haberse evitado si el extitular cumplía fielmente sus funciones.

“Nosotros tenemos todas las pruebas, tenemos todos los balances de los años anterio­res donde él estuvo como pre­sidente del Incoop y permitió todos los balances fraudulen­tos o balance falso y no hizo caso. Si él hubiera hecho caso de la alerta temprana sobre informaciones irregulares al Incoop, hubiera tomado car­tas en el asunto y no íbamos a tener tantos socios perjudi­cados”, asevera Doldán.

“Él fue presidente del Incoop, después fue asesor de nues­tra cooperativa, tenemos testigos, tenemos forma de mostrar y después llamativa­mente entró como gerente, y de ahí la sorpresa para todos fue que él comenzó a admi­nistrar nuestro dinero”, sos­tiene el cooperativista. Según el mismo, lejos de controlar e intervenir en las maniobras administrativas, Loblein se pasaba dando me gusta en el Facebook, a fotos de Apolo­nio Mendria y Miguel Gon­zález, que fueron los directi­vos que llevaron a pique a la cooperativa.

REUNIÓN INFORMATIVA

Socios autoconvocados de la Cooperativa Poravoty prevén una reunión informativa este domingo 29 de marzo a las 10:00 en la sede matriz de la Cooperativa 8 de Marzo, en Lambaré. Anali­zarán la situación de la entidad y los posibles escenarios ya que a mediados de abril se cumplirán 90 días de intervención del Incoop, plazo mínimo establecido para la medida interpuesta. Preocupa la falta de definiciones y la dilación de un informe final por parte del ente rector y se busca socializar opiniones y parece­res que conlleven a alternativas de solución.

Se trata de un nuevo hito que refuerza los trabajos de la Facultad de Medicina de la UNA y el Hospital de Clínicas para con la salud pública, la formación médica y la mejora continua de los servicios de alta complejidad, siempre con la esperanza puesta en el valor de la donación como acto supremo de solidaridad por parte de los donantes y sus familias.

Entre la noche del miércoles 21 de mayo y la madrugada del jueves, se realizó el trasplante renal número 191 en pacientes adultos con donante cadavérico en el Hospital de Clínicas, centro asistencial y docente dependiente de la FCM–UNA.

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El receptor fue un paciente masculino de 50 años, oriundo de Villarrica del Espíritu Santo, quien se encontraba en tratamiento con diálisis peritoneal desde hace un año y un mes.

Este logro fue posible gracias al trabajo coordinado y dedicado de un amplio equipo de profesionales, y también al gesto invaluable de la familia del donante, cuya decisión solidaria permitió salvar y mejorar la calidad de vida de otros seres humanos.

Cabe mencionar que, el valor y la generosidad de estas familias son el pilar fundamental que hace posible cada trasplante, y merecen un profundo reconocimiento por su acto de amor y humanidad.

El inmueble en cuestión posee una superficie de 750 m2, inscripto con matricula N° 12.236 de la Recoleta, cuyo dominio figura a nombre de la demandada. El pedido realizado por el representante legal de Cabañas Melgarejo señala lo siguiente:

“El inmueble fue objeto de contrato privado de compraventa celebrado en fecha 30 de julio de 2024, sujeto posterior a una adenda del 18 de noviembre de 2024, mediante eso existe el compromiso de pagar el saldo de la suma de G. 240.494.258, de los cuales ya fue abonado la suma de G. 579.505.742, siendo la suma total de la compra venta de G. 820.000.000”.

Asimismo, "la formalización del contrato de compraventa fue realizada ante el notario y escribano público José María Livieres, de acuerdo al documento agregado al expediente judicial”, indica el escrito del accionante.

Igualmente refiere que “la vendedora se ha negado reiteradamente a firmar la escritura pública de transferencia incumpliendo su obligación contractual, específicamente por no gestionar el certificado de Cumplimiento Tributario, documento esencial para formalizar la transferencia de dominio. A pesar de los reiterados llamados y colacionados que fueron diligenciados en tiempo y forma, siempre la vendedora fue renuente a cumplir con lo pactado”.

Del mismo modo, el accionante sostuvo que “el motivo principal de solicitar la medida cautelar de urgencia obedece a que el día 9 de mayo de 2025, el notario y escribano José María Livieres recibió un llamado de la vendedora Diana Verónica Chamorro Lafarja, donde solicita el levantamiento de la condición de dominio del inmueble objeto de res-litis”.

Agrega además que “también se deja constancia que existe riesgo real e inminente de que la vendedora intente transferir, gravar, enajenar o alterar el inmueble en perjuicio de los derechos adquiridos por mi representado por lo que escrito mediante presentado a la jueza civil Magali Zavala se pide que se haga lugar a la medida cautelar para evitar que la vendedora del inmueble pretenda transferir a otra persona".

Según la exposición de motivos del proyecto, Paraguay cuenta con apenas 16 puestos de peaje a nivel nacional, lo que resulta claramente insuficiente para una gestión efectiva del mantenimiento vial.

En el documento se indica que la situación presenta contrastes extremos, en el entendimiento que algunas rutas, de gran extensión, carecen completamente de puestos de peaje, mientras que otras concentran múltiples puntos de cobro en distancias cortas, generando sobrecostos injustificados para los usuarios.

Como ejemplos de la desigualdad señalada, el documento cita la Ruta PY19 entre Villeta y Alberdi, que no cuenta con ningún puesto de peaje en más de 100 kilómetros, y la Ruta PY08 entre Cnel. Oviedo, Villarrica y Caazapá, que tampoco dispone de estaciones de cobro pese a su gran extensión.

En el extremo opuesto, departamentos como Cordillera (Emboscada) e Itapúa (Coronel Bogado), enfrentan el problema de peajes demasiado próximos entre sí, lo que genera costos diarios excesivos para la población local, según la justificación del proyecto.

En este aspecto, el documento señala que la recaudación anual de los 16 puestos de peaje existentes asciende, aproximadamente, a 20 millones de dólares, mientras que el MOPC necesita al menos 60 millones de dólares anuales para realizar, adecuadamente, los trabajos de mantenimiento y conservación de las redes viales bajo su responsabilidad.

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El proyecto establece cuatro criterios fundamentales para determinar las nuevas ubicaciones de los puestos de peaje: reubicación de estaciones cercanas a cascos urbanos; implementación de peajes en redes viales extensas sin cobro; reducción del impacto económico en comunidades con estaciones consecutivas; y evaluación de infraestructura disponible y necesidades de inversión.

La propuesta, por otro lado, fija parámetros técnicos específicos: 100 kilómetros de distancia mínima entre puestos de peaje; 20 kilómetros de distancia mínima entre cualquier estación y el casco urbano de un distrito; y 5 años como plazo máximo para completar la reorganización de todos los puestos existentes.

En cuanto a la innovación tecnológica, el proyecto contempla la modernización del sistema mediante la implementación de sistemas automatizados e inteligentes (telepeajes, arcos detectores), así como cobro mixto: efectivo y pago electrónico, además de uso de aplicaciones móviles y sistemas POS.