Una normativa presentada en la Cámara baja buscará establecer estrategias de atención a personas que padezcan psoriasis, promoviendo el acceso a diagnósticos tempranos y tratamientos adecuados.

En nuestro país la primera Clínica de Psoriasis se estableció en 2016 en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), brindando atención a, aproximadamente, 200 pacientes, sin embargo, las personas sin cobertura del IPS están en situación de vulnerabilidad al no contar con un servicio de salud especializado en esta patología.

El proyecto propone una serie de beneficios concretos para los pacientes con psoriasis, entre ellos: atención médica especializada, que garantizará un diagnóstico y tratamiento oportunos en todo el país; campañas de concienciación, para reducir el estigma social; e investigación y desarrollo, de manera a fomentar estudios clínicos para innovar en tratamientos.

Igualmente, contempla un apoyo económico y psicológico al paciente.

Entre las medidas propuestas destacan: creación de servicios especializados en hospitales públicos; desarrollo de un protocolo nacional de atención para diagnóstico, tratamiento y seguimiento; capacitación de profesionales de la salud en el manejo integral de la enfermedad; y la inclusión de la psoriasis como una condición prioritaria dentro del sistema de salud nacional.

La decisión fue adoptada por unanimidad mediante el Acuerdo y Sentencia N.º 129, firmado por los ministros María Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón y Silvana Luraghi, quienes concluyeron que los recursos no cumplían con los requisitos legales de fundamentación y que, en algunos casos, fueron presentados fuera del plazo establecido.

Con esta resolución quedan definitivamente firmes las condenas impuestas en el juicio oral y posteriormente confirmadas por el Tribunal de Apelación Especializado.

El Ministerio Público informó que, durante la investigación y el juicio, los fiscales Rodrigo J. Espínola, Francisco Cabrera y Néstor Coronel demostraron la existencia de un esquema para desviar recursos públicos asignados a la Gobernación de Central con el objetivo de afrontar la emergencia sanitaria.

Según la acusación, los fondos fueron desviados mediante la utilización de documentos falsos, rendiciones de cuentas irregulares y la simulación de obras que nunca llegaron a ejecutarse.

Además de Hugo Javier González, también quedó firme la condena de 10 años de prisión para Miguel Ángel Robles Ibarra. En tanto, Javier Marcelo Rojas Giménez, Luis Eduardo Allende Araujo, Lourdes Verónica Lezcano Decoud y Modesta Valiente Escobar fueron condenados a dos años de prisión, con suspensión de la ejecución de la pena.

Con la resolución de la Corte Suprema concluye el proceso ordinario en una de las principales causas de corrupción relacionadas con el uso de recursos destinados a atender la emergencia sanitaria durante la pandemia del COVID-19.

La institución informó que el objetivo de la intervención es fortalecer la seguridad alimentaria de las familias en situación de vulnerabilidad, garantizando el acceso a alimentos esenciales y brindando una respuesta oportuna a las necesidades detectadas en estas comunidades.

En total, fueron distribuidos 130 kits de alimentos en la comunidad Jotoicha, 110 en San Miguel, 66 en Nasuc y 75 en San Ramón.

Asimismo, la SEN entregó 21 kits a Primavera 1, 22 a Primavera 2, 42 a San Pío, 35 a Trinidad, 30 a la comunidad San Pedro y 16 kits de alimentos a San Antonio.

Desde la institución señalaron que estas acciones forman parte de las intervenciones permanentes que se realizan en el Chaco para asistir a las poblaciones más vulnerables y garantizar el acompañamiento estatal ante las necesidades alimentarias.

La intervención estatal se activó tras la difusión de un video en redes sociales que alertó sobre la crítica situación en el barrio. Las imágenes mostraban a niños y adolescentes, principalmente varones de entre 10 y 15 años, portando y manipulando armas de fuego, presuntamente implicados en la comercialización de drogas.

Ante esta situación, el caso fue derivado de urgencia a la Fiscalía Ordinaria Penal para evaluar la responsabilidad de los padres por exposición al peligro, así como a la Fiscalía del Crimen Organizado y Tráfico.

Durante los procedimientos, las autoridades localizaron a seis niños cuyos padres también se dedicaban de forma directa a la venta de sustancias ilícitas.

Lourdes Fernández, directora de Protección del MINNA, advirtió que la utilización de menores en estas redes es una práctica común que los expone de manera directa al consumo de estupefacientes. La funcionaria señaló que, aunque el operativo resultó invasivo y generó temor en la comunidad, el análisis de las cámaras de vigilancia de la zona permitirá visibilizar los mecanismos de reclutamiento de estos niños.

Durante las revisiones en las viviendas, los agentes capturaron a varios padres en flagrancia mientras comercializaban drogas y se incautaron de diversos elementos cortopunzantes.

Respecto al destino de los niños cuyos padres resultaron detenidos, las autoridades informaron que se está evaluando el entorno de sus familias ampliadas. En paralelo, un defensor de la Niñez dispuso medidas de protección urgentes para que los menores sean trasladados y resguardados en los centros especializados con los que cuenta el MINNA